El Gobierno del Estado de Baja California va de pifia en pifia por voluntad propia.
En la semana que termina, los temas fueron desde amenazas a la alcaldesa de Tecate, la desaparición del Consejo de la Judicatura, hasta un decreto para “cancelar” la caseta de Playas de Tijuana en la Carretera Escénica que administra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al ser esa vía una zona federal.
Quién sabe dónde estén los doctores en Derecho que rodean a Jaime Bonilla Valdez cuando de tomar decisiones se trata, pero según presumen, tiene dos: cercanísimo el doctor Amador Rodríguez Lozano, y a un lado, el doctor Jesús Alejandro Ruiz Uribe, ambos abogados de formación universitaria. Aparte, el ingeniero cuenta con su compadre, a quien apoyó para que fuese designado por el Congreso del Estado, fiscal general de Baja California: el también abogado Guillermo Ruiz Hernández.
Seguramente cualquiera de los tres le pudo haber alertado de los efectos que tendría un decreto estatal para cancelar la caseta de peaje que cobra 39 pesos a automovilistas que por ahí transitan ya sea en plan de turismo, negocios o residencia, y es una vía de comunicaciones federal desde 1967. Nada, no prosperaría. Tarde o temprano, tal como sucedió, el Gobierno de México, a través de la SCT, recuperaría la caseta y regresaría a la normalidad.
Efectivamente, el martes 7 de julio y en medio de denuncias de amenaza por parte de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams; de cartas de recomendación a la civilidad y a ofrecer una disculpa pública a la misma Adams por parte del Senado de la República, Jaime Bonilla “cumplió” su promesa de liberar la caseta de peaje de Tijuana en la Escénica. Pero no lo hizo por las vías oficiales, coordinadas, de negociación entre Estado y Federación, sino de tajo, a capricho y por decreto, como parece ser la tónica de Movimiento Regeneración Nacional en Baja California.
Bonilla se apersonó en la caseta, el secretario de Gobierno leyó el hechizo -y ahora fracasado- decreto y procedió a levantar las plumas para dejar pasar de manera libre, sin cobrar a los automovilistas. Ya entrado en gastos, en la Tierra del Todo se Puede, le “dio” para su resguardo y vigilancia, la caseta de peaje a la Fiscalía Estatal de Seguridad, al mismísimo Guillermo Ruiz Hernández.
Después que el mandatario firmó el decreto, Bonilla y sus colaboradores hicieron algunos ademanes más para indicar a los conductores que transitaran libremente y se retiraron.
A las tres de la mañana del jueves 9 de julio, sucedió lo que tenía que pasar: la SCT y Caminos y Puentes Federales (Capufe), que administra la vía y las casetas de cobro, recuperaron por la vía pacífica la caseta de Playas. Contaron con la vigilancia, la seguridad y el resguardo de la Guardia Nacional, de la Policía Federal y de elementos del Ejército Mexicano, quienes con palabras, acordaron el retiro de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) de la zona, y el posterior regreso de las casetas.
Resulta impensable que el mandatario, el secretario general de Gobierno, el delegado único federal (que parece estatal), el fiscal general del Estado y el resto de abogados que acompañan a Bonilla, no supieran que eso exactamente iba a suceder. Porque un decreto estatal para cancelar una caseta no está por encima de la Constitución de la República Mexicana, ni de las leyes federales que otorgan al gobierno la facultad para administrar y mantener tanto la carretera como las tres casetas de peaje.
Previamente, en un comunicado público, de la SCT informó que tomarían las medidas necesarias para recuperar la caseta, pues el decreto del gobernador bajacaliforniano “viola la Constitución y otras leyes federales”.
Total, igual y sí sabía el Ejecutivo del Estado lo que iba a suceder, pero realizó el acto como una cortina de humo para intentar cubrir el escándalo político generado tras la denuncia de la alcaldesa Zulema Adams, quien lo acusa de haberle enviado a Amador Rodríguez Lozano a amenazarla si no aprobaba una iniciativa para acortar el siguiente mandato del Gobierno del Estado, y de posteriormente a dar a conocer su denuncia ante la secretaria de Gobernación y el dirigente nacional de Morena, al haber recibido amenazas de muerte.
Jaime Bonilla incluyó en el Artículo Segundo de su decreto para cancelar la caseta de cobro de Playas de Tijuana, una orden expresa para que sus colaboradores iniciaran las pláticas para que dicha instalación pasara al Estado, lo cual indica que sabía, al tomarla, que sería recuperada por el Gobierno de México al no existir convenio o pacto entre los dos órdenes de gobierno para ceder ese espacio.
El texto del decreto refiere:
“Se instruye a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial a fin de que a la entrada en vigor del presente decreto inicie los contactos correspondientes ante el organismo público descentralizado del Gobierno Federal, denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal con el propósito de que se entregue al Gobierno del Estado el tramo carretero mencionado, para su operación y mantenimiento”.
Prácticamente dejó para el final lo que debió ser el inicio.
Ciertamente esa caseta no debería existir más. La mancha urbana entre Tijuana y Rosarito la ha dejado en medio de distintos complejos residenciales, académicos, comerciales, lo que resulta oneroso para quienes en ese tramo de 18 kilómetros entre la caseta de Playas de Tijuana y Playas de Rosarito, residen, estudian o encabezan negocios.
Es una necesidad que ese tramo carretero y su respectiva caseta de peaje, pasen a ser del dominio del Estado, pero Jaime Bonilla erró, una vez más, en la forma. No es a capricho y a decreto que debía liberar la caseta de cobro. Era negociando con las autoridades federales, con la SCT e incluso con su amigo el Presidente de la República, para que le cediera al Estado esa zona para, como dice, su operación y mantenimiento, incluso podría haber negociado que a residentes, académicos, estudiantes, comerciantes que se desarrollan en esos 18 kilómetros de carretera, no se les cobre el peaje y se continúe cobrando a turistas extranjeros, nacionales y locales. Pero no. Al modo Bonilla, fue tomar las cosas a capricho y después negociar.
Ojalá que esta bravuconada no afecte las negociaciones que se establezcan con el Gobierno de México, para beneficio de los residentes de Tijuana-Rosarito.
