El diputado por Morena, Juan Manuel Molina, impulsa iniciativa para que de un total de 26 comisiones vigentes en la XXIII Legislatura, prevalezcan 15, en cuya versión actual fungen como presidentes buena parte de los diputados del partido oficial. Legisladores de oposición acusan que con el proyecto corren riesgo de sacarlos de la jugada en caso de que las comisiones ordinarias, de las cuales formen parte, desaparezcan. Legislador inicialista asegura que “ningún diputado” quedará fuera
Dictamen nueva ley orgánica del poder legislativo
La Nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, impulsada por el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Juan Manuel Molina García, establece que en la Legislatura local deben operar 15 comisiones dictaminadoras, que en su versión actual están mayoritariamente encabezadas por legisladores del partido oficial.
De estos grupos de trabajo, doce se encuentran a cargo de Morena y diputados afines, en tanto que otra Comisión, Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, que sería de nueva creación, se distingue como propuesta del legislador oficialista Juan Meléndrez Espinoza.
Del total de órganos contemplados como dictaminadores, solamente dos le pertenecen a la oposición: Desarrollo Económico en manos de Rodrigo Aníbal Otáñez Licona; y Energía y Recursos Hidráulicos, presidido por Elí Topete Robles.
En el caso de las comisiones ordinarias, el proyecto de Molina García establece que habrán de crearse conforme “a las necesidades del Congreso”, situación que para diputados opositores podría perjudicarlos en su calidad de comisionados, de manera que Morena se mantuviera afianzado a los órganos con facultad de dictaminar las iniciativas que obren en el Congreso.
De estos órganos legislativos, tres son encabezados por legisladores de la oposición, dos más por diputados sin partido y el resto por Morena y partidos afines.
Dip David Ruvalcaba
En opinión de Gerardo López Montes, del Partido de la Revolución Democrática, “el dictamen que propone el diputado Juan Manuel Molina tiene toda la alevosía y ventaja para la fracción mayoritaria, tratando de presionar a los partidos de oposición, limitarlos y sujetarlos a imposiciones del partido de mayoría”, por lo que de antemano se pronunció “en contra totalmente”.
Vía telefónica, el legislador perredista estimó que la propuesta limita a las fuerzas opositoras “al decir que en cualquier momento pueden quitar las comisiones no dictaminadoras”.
El proyecto contempla que “las comisiones ordinarias que no cumplan los fines establecidos en este capítulo podrán desaparecer previa solicitud que realice la Junta de Coordinación Política y aprobación del pleno por mayoría calificada”.
En cuanto a la comisión presidida por López Montes, Derechos de las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Niñez, recalcó que conforme al contenido de la iniciativa, “ellos proponen que pueden quitarla, cuando es algo importante por el desarrollo del trabajo que se realiza a favor de las personas con discapacidad”.
Tampoco se pronunció en desacuerdo con hacer cambios a la Ley Orgánica del Congreso, solo que “se requiere hacer los adecuados y que no haya ventaja para fracciones mayoritarias”.
Asumió que Molina García “propone ese dictamen donde todo es ventajoso para tratar de captar el poder y minimizar a la oposición”.
A su vez, Rodrigo Otáñez Licona, del Partido de Baja California y quien además de presidir la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, pertenece a las de Asistencia Social y Deporte y Comunicación Social y Relaciones Públicas (que no están contempladas como dictaminadoras), sostuvo: “Como oposición consideramos que todavía podemos rescatar elementos a esta propuesta sin que se vean afectados los partidos que representan la oposición en Baja California; estamos a tiempo todavía”.
Y agregó: “Hay un punto de quiebre importante donde las comisiones que (prácticamente) están eliminando hay que ver cuáles son, hay que ver qué intereses del Estado se están eliminando, porque recordemos que las comisiones del Congreso del Estado representan temas e intereses a nivel estatal, entonces no es un diputado al que está afectando, es al interés estatal”.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora .- Rodrigo Aníbal Otáñez Licona
A decir del tijuanense, los diputados opositores no van “a quitar el dedo del renglón” ni dejarán “que temas políticos afecten la representatividad en el Congreso del Estado”, con el fin de “que la pluralidad y la diferencia de opiniones sea lo que rija la legislación de la Ley Orgánica”.
“NO ES LA INTENCIÓN SACAR A NADIE”: MOLINA
Abordado por este Semanario, Juan Manuel Molina García, refirió que “el Congreso puede crear comisiones ordinarias y comisiones de dictamen, y puede crear comisiones especiales, entonces, siempre ha sido un esquema de que existen un determinado número de dictaminadoras y otras comisiones que son ordinarias”, lo que se puede traducir a que “a ningún diputado se le va a quitar el derecho de tener una comisión en la que pueda trabajar”.
Con la consabida reforma se pretende abrogar la Ley en la materia publicada el 25 de junio de 2002, y una vez que entrara en vigor la nueva normatividad, “presentar al pleno la propuesta de integración de las Comisiones” en un plazo de “siete días naturales”.
Respecto a la preocupación de que desaparezcan las actuales comisiones ordinarias, aseguró: “No es la intención sacar nadie, meter a nadie, afectar a nadie, es simplemente generar un Congreso que sea más real en sus necesidades y sobre todo que sea un Congreso que dé resultados”.
A propósito, explicó que “todavía falta en ese proyecto” revisar el tema de “las justificaciones de inasistencia o de las justificaciones para no sesionar y de las obligaciones”.
A su modo de ver, “una Comisión que no sesione al menos una vez al mes, es una Comisión que tiene un presidente que no quiere cumplir con sus responsabilidades, y si no quiere cumplir con sus responsabilidades, pues relévalo”.
De igual manera, “un diputado que no viene a sesiones y presenta un justificante de que no viene a sesión porque tuvo agenda previa, pues no puede haber asunto más importante que la sesión; entonces si falta una, dos veces, no le descuentes la dieta del día, como dice ahorita. Si sesionas dos veces al mes, falta a una sesión ordinaria, descuéntale quince días, falta dos veces y descuéntale el mes completo; falta la tercera vez, pues manda llamar a su suplente porque es un diputado que no le interesa venir”, ejemplificó.
— En el caso de las ordinarias, cuando entrara en vigor la nueva Ley ¿tendrían que desintegrarse para proponer nuevas comisiones ordinarias?, se le preguntó.
“Ahí se puede analizar un tema transitorio, ahí es un proyecto, si se introduce en un transitorio de que las comisiones ordinarias van a continuar en la misma integración, se salvan; ningún diputado se va a quedar sin presidir alguna Comisión, porque eso sería pasar por encima de un derecho”, recalcó.
Diputada Eva María Vázquez Hernández (PAN)
En referencia a la presunción de que Morena acapararía los órganos con facultad de dictaminar, Molina García respondió: “No es nada extraño que el partido que tiene la mayoría en el Congreso, tiene las presidencias de las comisiones principales, yo ya estuve aquí y siempre lo he visto y no es nada raro, ahora se quejan, pero pues nada más analiza quiénes presidían las comisiones de Gobernación, de Hacienda, de Fiscalización y Administración y Finanzas en la Legislatura pasada y todos eran del PAN. No me sorprendería que algunos de ellos vengan ahora y se quejen”.
A propósito, Eva María Vázquez Hernández, del Partido Acción Nacional, declaró a ZETA que el comentario del actual presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales no es “del todo preciso”, en vista que “en la Legislatura anterior, en la XXII, hubo una Comisión muy importante, de trascendencia para el Estado, que es la de Educación, y precisamente la presidía el diputado con licencia actual y entonces diputado Catalino Zavala, de oposición en aquel momento”.
A decir de la legisladora, “no podemos estar jugando con argumentos de esa naturaleza que son poco serios”, y se dijo a favor de que las comisiones “que no son de dictamen, deben prevalecer y no deben quedar sujeto a una decisión de una mayoría, porque pueden prestarse a otro tipo de manejo, estrictamente político, que nada tendría que ver con los resultados que se le deben dar al pueblo de Baja California a través de esa dictaminación”.
Deploró que cuando algunas iniciativas “pueden tardar meses en ser analizadas o dictaminadas” haya “otras que en menos de tres días llega la iniciativa, se dictamina y baja al pleno”.
Cabe recordar que el 16 de julio, el Congreso de Baja California aprobó un dictamen de decreto con el que se autoriza al gobierno estatal, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, celebrar contrato por 30 años con la empresa que gane licitación para desarrollar una planta solar fotovoltaica. Ello cuando el proyecto había sido dictaminado por las comisiones de Energía y Recursos Hidráulicos, así como de Hacienda y Presupuesto, apenas el martes 14, a partir de una iniciativa presentada un día antes por el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Vázquez Hernández resumió que la iniciativa de Molina García “denota el control que se pretende tener a través de quien ahorita maneja las mayorías en el Congreso”.
Por otro lado, en una ficha referente a la propuesta emitida por la fracción de Acción Nacional, la cual se complementa con Loreto Quintero Quintero, se refiere que “las modificaciones (en cuestión) afectan los principios que rigen la función legislativa, ya que implican un retroceso democrático porque conculcan derechos de los diputados a conocer con anticipación los documentos para su discusión y en su caso aprobación, porque impide la participación de las minorías legislativas en la integración de los órganos de gobierno”.
Para David Ruvalcaba Flores, del Partido Revolucionario Institucional, “las ideas del grupo mayoritario siempre han estado en la posibilidad de tener control absoluto de la Legislatura”. Tal tentativa vendría concurriendo a “la suma de concentrar el poder en un solo frente, porque nada más hablaríamos ya de Poder Legislativo en su mayoría estar a merced del Ejecutivo, el Órgano Superior de Fiscalización también”, además de que “hay una pretensión de también transgredir el Poder Judicial”, compartió.
Juan Manuel Molina insistió en que “el objetivo de esta Ley (tal cual la percibe en su versión definitiva) es hacer más estricto el régimen de los diputados responsables” en el sentido de que “el que no cumpla, va a tener digamos así, sanciones”, e igualmente con el fin de regular “las sesiones de las comisiones”.
Sobre el destino del proyecto, reconoció que en su momento se subió “al trabajo en una sesión (de Comisión), para ir adelantando”, en el entendido que “es un documento de 300 páginas aproximadamente (el cual incluye más de 35 iniciativas adicionales)”, por lo que hubiera resultado “difícil” sacarlo adelante en un solo día.
Dip Gerardo López Montes
En ese contexto, se decidió “dejarlo pendiente porque se produjeron los primeros intentos buenos” en carácter de “propuestas de adenda, observaciones, recomendaciones”.
Finalmente, dijo que su “intención como inicialista y presidente de Gobernación es tratar de que esta Ley salga por unanimidad de los compañeros diputados”.
De igual forma, se pronunció por que “la Ley” cuente con “las intenciones de todos los diputados” de la XXIII Legislatura. “Necesita 17 votos”, pero “ojalá la saquemos por unanimidad y, si no, mínimo, por el mayor consenso posible”.
CON FACULTAD DE DICTAMINAR
Como parte del proyecto legislativo, se contemplan en calidad de comisiones dictaminadoras:
* Asuntos Fronterizos, Migratorios y Binacionales, en lugar de Asuntos Fronterizos y Migratorios, actualmente es presidida por Carmen Leticia Hernández Carmona (Morena).
* Desarrollo Económico, Emprendimiento y Comercio Internacional, en vez de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, encabezada por Rodrigo Aníbal Otáñez Licona (PBC).
* Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (a la fecha presidida por Ramón Vázquez Valadez).
* Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, coincidente con la iniciativa 8, de Juan Meléndrez Espinoza (Morena), referente a la creación de esa Comisión.
* Educación Cultura, Ciencia y Tecnología, actualmente en manos de María Luisa Villalobos Ávila (Morena).
* Energía y Recursos Hidráulicos, presidida en la actualidad por Elí Topete Robles (Movimiento Ciudadano).
* Fiscalización del Gasto Público, hoy día a cargo de Eva Gricelda Rodríguez (Morena).
* Fortalecimiento Municipal, titulada por Miriam Elizabeth Cano Núñez (Morena).
* Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, justo la que preside Juan Manuel Molina García (Morena).
* Hacienda y Presupuesto, a la fecha presidida por Rosina del Villar Casas (Morena).
* Igualdad de Género y Juventud, en lugar de Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventud, actualmente presidida por Julia Andrea González Quiroz (Morena).
* Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil; coincidente con la iniciativa 10 de Víctor Manuel Morán Hernández (Morena), consistente en derogar la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil presidida por él mismo, y agregar esos rubros a la Comisión de Justicia, la cual también ocupa.
* Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, actualmente presidida por Fausto Gallardo García (PVEM).
* Reforma del Estado y Jurisdiccional, hoy día encabezada por Claudia Josefina Agatón Muñiz (PT).
* Salud, actualmente presidida por Montserrat Caballero Ramírez (Morena).
