Dicen quienes lo conocen que cuando un tema en algún sector del Gobierno de la República preocupa al Presidente Andrés Manuel López Obrador, este se lo encarga directamente al Ejército Mexicano o a la Armada de México para su desarrollo y supervisión.
En algún momento entre la campaña y la toma de posesión como Presidente de la República, López Obrador cambió de opinión sobre las Fuerzas Armadas, particularmente del Ejército, institución que insistió una y otra vez, sacaría de las calles para regresarlos a los cuarteles. Lo que no sucedió, sino todo lo contrario.
Cuando el titular del Poder Ejecutivo federal decidió instaurar la Guardia Nacional para hacer frente a la inseguridad que priva en el país, lo primero que hizo fue echar mano del Ejército Mexicano, cuerpo policiaco integrado mayormente por militares comisionados y además de quienes formaron parte de la Policía Federal.
Los altos mandos de la Guardia Nacional son Generales del Ejército, y el General Secretario de la Defensa, General Luis Crescencio Sandoval González, es, junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, encargado de las políticas de seguridad pública en México, y uno de los funcionarios más influyentes en el círculo presidencial.
Harto se criticó en el pasado cuando el Presidente Enrique Peña Nieto otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional, obras para su desarrollo, entre estas, bardas y otras edificaciones en el ya cancelado Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
Pero ahora el Presidente López Obrador le ha encomendado al Ejército más tareas de las que tenía en su facultad. Por ejemplo, la construcción y administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el mismo que viene a suplir al NAICM. En febrero de este año, a escasos días del 19 de febrero, cuando se conmemora el Día del Ejército, el mandatario anunció que ese aeropuerto sería efectivamente, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, con la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero aclaró: “La renta, los beneficios del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles van a ser transferidos a la Sedena para fortalecer las finanzas de esta institución tan importante para el desarrollo de nuestro país”.
En marzo de este año, el Ejecutivo federal le dio otra concesión al Ejército Mexicano: que al finalizar las obras del Aeropuerto Felipe Ángeles construirán dos “tramos grandes” del Tren Maya, para que este concluya su edificación en 2023.
La última es entregarle a las Fuerzas Armadas de México, los puertos y la marina mercante del país, a la Secretaría de Marina. Estas facultades están aún en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -al igual que los aeropuertos-, pero está por aprobarse, con la venia del Presidente, una iniciativa para trasladar esas funciones a la Secretaría de Marina.
Prácticamente la iniciativa legislativa dicta que las obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en ese sector, estarán a cargo de los militares, mientras la infraestructura de los puertos y la marina mercante, a cargo de la Marina.
Según la bancada de Movimiento Regeneración Nacional, esto ahorrará gastos al Gobierno Federal, al centrar obras y servicios que eran subcontratados, en las Fuerzas Armadas. Especifican que el personal actualmente a cargo de la infraestructura en puertos y marinas, pasaría a responder a la Secretaría de Marina. Específicamente informaron que esta controlaría la industria marítima y se haría cargo de las obras. La cuestión es que también tendrían en su facultad los puertos mercantes, sector que la SCT tiene en sus funciones a la fecha.
La justificación para que los puertos y marina mercantes sean entregados a las Fuerzas Armadas para su administración no solo es la austeridad, también la seguridad. Ciertamente por los puertos de México entra mucha de la droga que se trafica de manera externa, de Centroamérica hacia México, y de México a Estados Unidos, pero también aquella que se trasiega internamente, entre un estado con puerto, y otro, por ejemplo de Sinaloa a Baja California, entre los puertos de Mazatlán y Topolobampo en la primera entidad federativa, y el puerto de Ensenada en la segunda.
Y si primero las Fuerzas Armadas le quitaron a la SCT la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, luego una parte del Tren Maya, y ahora los puertos y marinas mercantes, este fue el acabose para Javier Jiménez Espriú.
Quien fuera el secretario de Comunicaciones y Transportes renunció a ese cargo el 17 de julio, aunque su dimisión fue dada a conocer el jueves 23. El ahora ex funcionario envió una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador notificándole su renuncia, y justifica:
“El motivo, que le he expresado personalmente, es mi diferendo por su decisión de política pública, de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de la Marina, las funciones eminentemente civiles de los Puertos, de la Marina Mercante y de la formación de Marinos mercantes, que han estado a cargo de la SCT desde 1970.
“Lamento profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación, sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como en lo político”.
Y sí, es preocupante que al Presidente le dé por militarizar los sectores. Primero fue la seguridad, luego la construcción federal, la supervisión de carreteras y ahora la administración de los puertos y marina mercante, cuando en el país se cuentan 117 puertos.
Un informe de la Dirección General de Marina Mercante de la SCT, da cuenta de los números que México maneja en comercio marítimo, “en el Sistema Portuario Nacional se manejaron (en 2019) 135 millones 369 mil 056 toneladas de carga, siendo en el periodo de enero-junio de 2020, 12.4 por ciento menor en comparación con el mismo periodo de 2019”, además del movimiento de petróleo, minerales, carga general y otros fluidos.
La regulación de estas transacciones comerciales de importación y exportación por la vía marítima, estará a cargo de la Secretaría de Marina, por primera vez en 50 años no serán dirigidas por una autoridad civil, sino por las Fuerzas Armadas que, en el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, son todopoderosas.