La caseta de cobro de Playas de Tijuana tiene en el inventario de Caminos y Puentes Federales, la dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encargada de la Carretera Escénica, una longitud de 25 kilómetros hasta llegar a la siguiente de tres casetas, la ubicada en Rosarito.
Desde 1967 que se construyó, ha sido parte del inventario de caminos del Gobierno Federal, y no es una vía de fácil manejo. No solo por el mantenimiento que de manera constante requiere debido al intenso flujo de automóviles que la recorren todos los días, o las adecuaciones que se le deben estar haciendo en el último tramo ante los constantes movimientos geológicos. En materia de seguridad, es una importante vía de comunicación para el trasiego de droga.
En análisis recientes de las corporaciones policíacas, han determinado que el puerto de Ensenada, entendiendo por este al puerto de carga y a la ciudad de Ensenada, está controlado por el Cártel de Sinaloa, particularmente por el ala que dirige desde la clandestinidad Ismael “El Mayo” Zambada García. De Rosarito hacia Tijuana, incluyendo Puerto Nuevo y el área conocida como Popotla, la maneja criminalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y lo que queda de la organización criminal que en su momento lideraron los hermanos Arellano Félix.
Aunque la droga mayormente la trasiegan por la zona marítima, pues el Cártel de Sinaloa la recibe en el puerto y la trafica en lanchas rápidas hacia el norte de Baja California y los Estados Unidos, mientras el Cártel de Sinaloa descarga en zonas como Popotla y Rosarito y también con la utilización de naves marítimas la distribuye en esta y la vecina frontera, un experimentado policía reveló que un 20% de la droga transita por la carretera de cuota. Incluida la caseta de cobro de Playas de Tijuana que el gobernador Jaime Bonilla Valdez tomó por decreto.
Aunque la caseta fue recuperada al día siguiente por Caminos y Puentes Federales con el apoyo de la Guardia Nacional, el mandatario persiste en la idea que ese tramo carretero le sea entregado a BC. En sus presentaciones en la red social Facebook, no dejó de insistir en ello, de hecho hizo un llamado al Presidente de la República (que públicamente sigue sin responderle) no solo para que le “cumpla a Baja California” y le entregue la caseta de cuota y un tramo carretero de 19 kilómetros, sino para que ordene la retirada de esa zona, de la Guardia Nacional.
Efectivamente, Bonilla no solo desea que se elimine el cobro de la caseta para beneficiar a residentes entre Tijuana y Rosarito, sino que se le entregue la carretera y se retire la Guardia Nacional. Su idea, y así lo evidenció cuando tomó la caseta de peaje “por decreto”, es entregarle la estructura de la caseta a la Fiscalía General del Estado (FGE) que titula Guillermo Ruiz Hernández para que se haga cargo tanto de las oficinas como de la seguridad en el referido tramo carretero.
Tradicionalmente esa vía, de Rosarito a Tijuana o viceversa, ha estado a cargo, en términos de seguridad, del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, hoy lo vigila y protege la Guardia Nacional, y en algunos puntos y retenes continúa el Ejército Mexicano.
Policías del centro del país estiman que las ganancias por el uso del tramo carretero para el paso de la droga, ascienden a 50 millones de dólares por semestre. Y que el paso de Rosarito a Tijuana, considerando que la droga entró por Ensenada, Popotla y puntos marítimos intermedios, es utilizado por todos los cárteles que concluyen en esta parte del país, particularmente por los de Sinaloa y Jalisco.
Por eso dicen que entregarle la carretera al Gobierno del Estado de Jaime Bonilla para que este la ceda a la FGE no es lo más conveniente. Temen que los cárteles establezcan acuerdos con autoridades locales, aprovechando que retirarían a la Guardia Nacional y a la Policía Federal para utilizar con mayor libertad la Carretera Escénica de Rosarito a Tijuana para el tráfico de droga.
En la semana que concluye, funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, acordaron visitar Baja California teniendo como tema principal la carretera y la caseta de Playas de Tijuana a Rosarito, especialmente la seguridad y la presencia de los cárteles en la zona.
No les parece en el Gobierno Federal que el gobernador de Baja California no haya solicitado únicamente el cese en el cobro de la caseta de Playas, sino que quiera adjudicarse 18 o 19 kilómetros de carretera federal, en la cual transitan lo mismo turistas y ciudadanos, que criminales organizados.
En el tema de la vigilancia de la carretera, Caminos y Puentes Federales tiene poco que ver, ese es un asunto de seguridad nacional, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, y ahí es donde ha topado el tema de la caseta que por decreto, el gobernador Bonilla se quiere apoderar.
A la fecha en la FGE no se aferraron a quedarse con la caseta que el Ejecutivo estatal les “cedió”. De manera pacífica se retiraron cuando llegó la Guardia Nacional a recuperarla y no han insistido en tomarla. En la Fiscalía General de la República han actuado con mayor prudencia que en el Gobierno del Estado.
El tema de la caseta, pues, ya no es uno de administración y mantenimiento vial, sino de seguridad y combate a la criminalidad. Habrá que ver cuál es la reacción del gobernador luego de los informes de seguridad. Por qué sí está raro, podría solo pedir al Gobierno Federal que elimine el cobro en esa caseta de peaje en específico, pero no, quiere la carretera…
