El secretario de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, acudió este 12 de julio a las oficinas de la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia por abuso de autoridad en contra del Ejército y la Guardia Nacional.
Los cuales -según Rodríguez Lozano- despojaron al gobierno estatal de las instalaciones de la caseta de cobro de Playas de Tijuana, de la carretera Escénica, a las 3 de la mañana (del 8 de julio) “sin que que mediara ninguna disposición de ningún juez” y usando “la fuerza bruta”.
Según el funcionario estatal la denuncia también sería contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Banobras, ya que funcionarios de esas instituciones dieron dos concesiones a Caminos y Puentes Federales (Capufe), primero por 20 años y luego por 40, “sin tener derechos, sin tener autorización, sin que estén basados en una ley”.
“Esta última concesión la dieron en 2011 sin que nadie hubiera sabido, por 40 años, de tal manera que tendrían ellos derecho a mantener la utilización de esta carretera hasta 2051”, reconoció Rodríguez Lozano, para luego acusar “imagínense qué gran abuso a pesar de que no tenían atribuciones”.
En un video grabado afuera de las instalaciones de la FGR, Rodríguez Lozano recordó que la carretera de Tijuana a Ensenada se construyó y se acabó en 1967, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, otorgó una concesión de 30 años a Capufe.
“Esta concesión se venció el 24 de mayo de 1997. A partir de ese momento, de acuerdo con la concesión y de acuerdo en palabras del entonces presidente Díaz Ordaz esta carretera debió haberse convertido en patrimonio de Baja California y una carretera de libre acceso”.
Sin embargo, dijo, desde entonces autoridades distintas, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Capufe y Banobras han mantenido la concesión “sin tener derecho”, ni autorización.
La denuncia presentada por quien ha sido artífice de la fallida Ley Bonilla también sería por el uso ilegítimo de atribuciones y facultades, dado que “todas estas autoridades no tenían ningún derecho, ni ninguna atribución para poder otorgar concesiones como lo hicieron en 1997 y después en 2011, y por supuesto el ejercicio indebido del servicio público”.
“Por eso venimos aquí a la Fiscalía General de la República para presentar esta denuncia penal en contra de los funcionarios que resulten responsables desde 1997 hasta la actual que sigue manteniendo esa concesión a pesar de que está basada en un acto ilegal”, aseveró el funcionario estatal.
Ayer sábado y este domingo un grupo de manifestantes lanzaron tomates podridos y huevos, respectivamente a las instalaciones de la caseta de cobro de Playas de Tijuana de la carretera Escénica, de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y quemaron una piñata con la imagen de Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal.
El 7 de julio pasado, Bonilla Valdez firmó un decreto (publicado después del evento y de haberse adjudicado las instalaciones federales) para eliminar el peaje y entregó a la Fiscalía General del Estado la caseta de cobro al asegurar que ésta siempre ha sido un obstáculo para brindarle protección a miles de ciudadanos que viven en la zona costera.
Horas después, la Guardia Nacional y el Ejército recuperaron la tomar la caseta, con lo que Capufe volvió a cobrar el peaje. Ante ello, Bonilla Valdez pidió la intervención de AMLO y la renuncia de Jiménez Espriú.
