Durante la sesión extraordinaria de Cabildo que se llevó a cabo este miércoles 22 de julio, la Síndica Procuradora María del Carmen Espinoza Ochoa, rindió un informe de las actividades realizadas en la presente administración por parte del área a su cargo, y no de las auditorias como se le solicitó en la pasada sesión.
Desde el inició de la sesión la funcionaria increpó al secretario general, Carlos Murguía Mejía, porque su informe se incluyó en el apartado de proyecto de acuerdos y resoluciones de la orden del día y no en el de informes y dictámenes de comisiones. A lo cual el secretario optó por darle la razón, para proseguir con la actividad.
Posterior a que se aprobara que Tijuana entablara un convenido de “hermandad” con la ciudad china de Dongguan, se pasara a comisiones la evaluación de la venta de dos inmuebles más del Ayuntamiento y la modificación al Reglamento para la Administración, Ejecución, Asignación y Comprobación del gasto de orden social, la funcionaria tuvo oportunidad de presentar su informe.
A inicio de su lectura, reconoció la labor del equipo que integra la Sindicatura y destacó la falta de personal, equipo e incluso vehículos para llevar a cabo su trabajo, un punto que fue discutido posteriormente por los regidores que hicieron la contraparte.
“Resulta sumamente extraño que el Cabildo contravenga sus propias determinaciones, no obstante que están suspendidos los plazos de todas las dependencias, ahora me requieran rinda un informe de mis actividades, fijándome plazo para hacerlo”, declaró la funcionaria.
Al respecto de los plazos, Espinoza Ochoa comentó que a raíz de que se le solicitó el informe, asumió que el Cabildo había eliminado la orden que suspende los plazos y términos, sin embargo, tanto el regidor Luis Antonio Quezada y la regidora Mónica Vega la reiteraron que esa orden es de carácter federal por la pandemia del coronavirus.
Adelantó, sin mencionar nombres, que ya se tienen concluidas 31 investigaciones con funcionarios públicos pertenecientes a las pasadas administraciones, así como lo relacionado con las irregularidades tan sonadas de la gestión de Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Fue en este punto que solicitó se levante la suspensión de los plazos y términos, para proceder con los procesos y determinar responsabilidades administrativas o deslindes.
“También les informo que contamos con varias investigaciones que involucran a dependencias de la actual administración municipal como la Oficialía Mayor, la dirección de Comunicación Social, a varias entidades paramunicipales, e incluso a algunos regidores por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión y probables malos manejos del gasto de orden social”, expuso.
El primer regidor en debatir, fue Quezada quien señaló que el informe había sido muy extenso y no correspondía a la solicitud que se le había hecho a la funcionaria, algo que respaldo la regidora Vega. Por su parte, la Síndico prosiguió a defender su postura al respecto de la orden que suspende los plazos, así como el recurso de inconformidad que presentó por el rechazo a la solicitud de presentó para adquirir vehículos de apoyo para su área.
Al finalizar la sesión, el alcalde Arturo González Cruz reiteró que profesa la tolerancia y el respeto hacia todos los funcionarios, así como su preferencia a no dar “shows”, sino resultados de sus acciones, pidiendo al resto de los funcionarios que se apegaran a los mismo.
