Desde hace poco más de dos meses que iniciaron la escasez de cerveza en Mexicali y la persecución contra los convivios que genera el consumo de bebidas embriagantes, la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda ha focalizado cada vez más su política para combatir la propagación de la COVID-19 restringiendo este tipo de bebidas, algunas veces tomando medidas impopulares como el decomiso de cervezas en las garitas. Sin embargo, en medio de la situación más crítica de la pandemia, cuando Mexicali registra 5 mil 500 casos de coronavirus y casi mil decesos, emite una propuesta que sorprendió a muchos, ya que plantea vender más de 10 mil cervezas decomisadas para construir un santuario de animales. Para el vicepresidente de la Anade, Javier Sánchez, la alcaldesa está violando la Ley; funcionarios podrían ir a la cárcel
La política anti cerveza de la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda dio un golpe de timón el domingo 5 de julio, cuando en un video hecho público en redes sociales, anunció una propuesta que presentará al Cabildo de Mexicali, cuyo objetivo es realizar una serie de reformas para que sea posible la venta -o licitar- el lote de más de 10 mil cervezas que la Policía Municipal y la Dirección de Alcoholes decomisaron durante más de tres meses en operativos para inhibir la compra y venta clandestina de bebidas embriagantes.
En el video de 01:55 minutos de duración, donde aparece frente a las decenas de cajas de cerveza resguardadas en el sótano del Palacio Municipal, Ávila Olmeda reconoció no tener un esquema definido sobre el proceso de venta o si era necesario realizar reformas a reglamentos, pero adelantó que el dinero recaudado -que rondaría entre 120 mil y 150 mil pesos, dependiendo del valor que se asigne- sería para la construcción de un santuario para animales maltratados, previsto en el Plan Municipal de Desarrollo.
Sin embargo, esta propuesta prácticamente se contrapone con toda la política sostenida por la alcaldesa para el control de la propagación de la pandemia, donde destaca el endurecimiento de las sanciones hasta por 17 mil pesos quienes realicen fiestas durante la contingencia. O bien, instalar filtros sanitarios en las garitas Centro, Nuevo Mexicali y Los Algodones, además de los retenes en la carretera a San Luis y San Felipe, donde se ha obligado a los ciudadanos a destruir su propia cerveza que compran en Estados Unidos.
Cerveza importada
COMETIERON UN DELITO, USURPARON FUNCIONES: JAVIER SÁNCHEZ
El abogado fiscalista Javier Sánchez fue contundente al decir que Marina del Pilar Ávila Olmeda y la directora de la Policía Municipal de Mexicali, María Elena Andrade Ramírez, violaron los derechos humanos de las personas con la instalación de retenes a escasos metros de la aduana, pero además cometieron delitos marcados en el Código Fiscal de la Federación.
El Artículo 114 del Código Fiscal de la Federación establece lo siguiente:
“Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la verificación física de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales”.
En el siguiente párrafo abunda:
“Se sancionará con prisión de uno a cinco años al servidor público que amenazare de cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular por sí o por medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Se aumentará la sanción hasta por una mitad más de la que resulte aplicable, al servidor público que promueva o gestione una querella o denuncia notoriamente improcedente”.
El vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade) arremetió contra la instalación de filtros sanitarios a escasos metros de las garitas, toda vez que el Ayuntamiento no tiene facultades para revisar o incautar cervezas, bajo el argumento de que no se pagaron los impuestos correspondientes de importación.
ZETA solicitó una versión de Javier Castañeda, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, pero este se limitó a compartir el Anexo 8: Al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California, firmado en 2015 por el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, en el cual faculta al Estado para inspeccionar si productos dentro del país cumplen con los requisitos de importación.
“Mediante la suscripción del presente documento, las entidades federativas colaborarán con el Gobierno Federal en la vigilancia de mercancías de procedencia extranjera, incluyendo vehículos, y para tal efecto ejercerán diversas facultades, entre las cuales se encuentran las de: practicar embargos precautorios de los mismos; llevar a cabo en su totalidad el procedimiento administrativo en materia aduanera; formular la declaración de abandono de mercancía; proponer los lugares que serán habilitados como recintos fiscales para el depósito de mercancías; resolver recursos administrativos; participar en juicios; interponer el recurso de revisión ante el Tribunal de Circuito competente, y resolver el procedimiento administrativo de ejecución.
“Las haciendas públicas estatales y municipales serán fortalecidas con el presente Anexo, ya que conforme al mismo se les entregará la totalidad de la mercancía que haya pasado a propiedad del fisco federal, incluso los vehículos deportivos y de lujo, con las salvedades de ley. Asimismo, las entidades federativas percibirán como incentivo el 100% de los créditos fiscales determinados”.
El Anexo 8 también precisa que las autoridades fiscales del Estado podrán custodiar la guardia y custodia de mercancías y vehículos embargados, hasta que queden firmes las resoluciones respectivas.
“La entidad podrá designar depositarias de las mercancías a las autoridades fiscales de los municipios con quienes así lo acuerden o a terceras personas e incluso al propio interesado; en cualquier caso, la entidad deberá informar a la Secretaría sobre dicha situación”, establece el documento publicado en el Diario Oficial del Estado el 12 de agosto de 2015, y que el propio Castañeda reconoció haberlo planteado al gobernador.
Sin embargo, el abogado fiscalista reconoce la existencia del Anexo, pero asegura, no se ha realizado ningún convenio con el municipio de Mexicali, por lo que el gobierno de Marina del Pilar Ávila está imposibilitado para revisar bebidas alcohólicas.
Aunque la directora de la Policía Municipal, María Elena Andrade, ha referido que no se decomisan los productos, sino que se “invita” a los ciudadanos a que lo tiren, la realidad es que los servidores públicos -en este caso policías- son enviados a inspeccionar sí existen productos de contrabando, ejerciendo la presión e impidiendo el tránsito para realizarlo.
Decomisos
Esto es otra irregularidad procesal, porque si en verdad existe una infracción, el producto debe ser sometido a un procedimiento administrativo a través del mismo Servicio de Administración Tributaria, apéndice de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la propia Fiscalía General de la República (FGR), según la cantidad de licor incautado.
“A mí Marina del Pilar no me puede parar, pero digamos que lo hizo, tienes que darme el mandamiento por escrito, el vehículo es una propiedad privada en mis bienes, no puedo ser molestado más que por mandamiento por escrito, de que vas a revisar mi vehículo en materia aduanera, a revisar porque tú crees que tengo mercancía ilegal; y sí me dicen que traigo un doce de más, me incautas la cerveza y me impones un crédito fiscal que ingresé de manera ilegal”, detalló.
En el mismo sentido criticó que no se ha podido explicar qué tiene que ver la cerveza con la propagación de la COVID-19, puesto que no porque se compren bebidas embriagantes, se realizarán grandes festejos donde se enfermen muchas personas.
Respecto a la venta de cerveza que pretende realizar, el vicepresidente de la Anade comentó que si dichas cervezas también son de procedencia extranjera -ya que su destino se desconoce porque fueron incautadas en otros operativos- se estaría incurriendo en otra ilegalidad, puesto que sin tener facultades ni permiso, está resguardando productos de contrabando que pretende vender a un precio desleal, toda vez que no se realizaron los pagos de impuestos correspondientes para adquirirlos y podría ser intervenida por la Comisión Federal de Competencia Económica, al someter a adquisición productos por debajo del precio habitual.
ZETA buscó una postura de la FGR y del Servicio de Administración Tributaria, pero solo la primera emitió una respuesta, limitándose a aclarar que no ha recibido denuncias por parte del Ayuntamiento sobre temas relacionados con decomisos de cerveza.
