La Unidad de Investigación contra la Vida e Integridad recibió una solicitud de protección para una familia que denunció estar en situación de riesgo tras el asesinato de un primo. Desde la fiscalía se negó la petición, a pesar de los registros de llamadas y videos de rondines de unidades sospechosas a los parientes de la víctima
Familia solicita medidas de protección
“No podemos asomarnos a la calle, ni siquiera salir a regar el pasto, tenemos que cuidarnos la espalda”, describió la familia del empresario Alejandro “N”, quien fue asesinado por la espalda a metros de su negocio en Ensenada, a las ocho de la noche del viernes 1 de mayo en las calles Octava y Blancarte de la Zona Centro.
De acuerdo con la narrativa de los hechos, asentada en la investigación, el tirador estuvo alrededor de hora y media dentro de un vehículo Saturn compacto, color blanco, con vidrios polarizados frente al negocio y domicilio de la víctima.
Momentos antes del ataque se acercó otro hombre a bordo de una motocicleta con distintivos de la aplicación móvil UberEats, este hizo una señal al sujeto a bordo del vehículo, quien bajó inmediatamente y cruzó la calle para disparar contra Alejandro; ambos huyeron en la motocicleta y días después un tercer implicado regresó por el auto aproximadamente a las 10:40 de la mañana del siguiente día.
En medio de una ola de homicidios en Ensenada, con una cifra récord de 180 casos en 2020, la familia de Alejandro actuó por su cuenta para recabar evidencias con contactos personales, fotografías y videos de negocios aledaños.
Las pistas los llevaron hasta Jesús Eduardo Osuna, mismo que la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Ensenada tenía detectado como presunto responsable de este y otros crímenes, como el del agente de investigación Manuel Avendaño Rojas, perpetrado el 22 de mayo.
Osuna fue detenido el 17 de junio por la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación mientras circulaba a pie por la vía pública en el fraccionamiento Villas del Cedro. Traía consigo droga.
Le trasladaron a la Unidad de Narcomenudeo en Calle Novena y Espinoza, donde el jueves 18 de junio se generó una fuerte movilización policiaca encabezada por la Guardia Nacional, al recibir vía C4 una llamada de amenaza.
“A ver, hijos de su pinche madre, ahorita me sueltan al Osuna o se los va a cargar la pinche verga, ya sabemos que lo detuvieron por la muerte del agente Avendaño, me lo sueltan ahorita mismo o me voy con la gente del mercenario (Carlos Adrián Casas Reyes) a partirles su madre. A sacarlo ahorita, no se pasen de vergas, putos, están bien metidos, culeros, hijos de su puta madre”, fue la advertencia de muerte que criminales del Cártel de Sinaloa lanzaron contra policías.
De acuerdo con información de la Policía Ministerial, el sujeto fue trasladado a la FGE en Tijuana, pero liberado el martes 23 de junio.
“Estábamos muy confiados (de que Osuna estaba detenido), pero cuando nos enteramos un martes, tómala, el tipo ya estaba afuera. No lo pudieron incriminar por la manera en como estaba integrada la carpeta de investigación”, indicaron atemorizados los familiares.
El hermano de Eduardo es Pedro Cesáreo Osuna Torres, recluido en el Centro de Readaptación Social de Ensenada bajo la causa penal 2019/201 federal, portación de arma de uso exclusivo y posesión con fines de comercio de metanfetaminas y marihuana. El sujeto se encuentra a disposición del Juzgado especializado en el sistema penal acusatorio de Ensenada y está siendo procesado.
Motocicleta de los homicidas
HALLAZGOS Y AMENAZAS
Las evidencias encontradas por la familia fueron: que la misma unidad Saturn color blanco y el arma que se usó en el homicidio de Alejandro, coincidía con el ataque armado de la discoteca Papas & Beer la noche del 7 de marzo, donde fue acribillado Gael Morales de 27 años de edad, ligado al Cártel Arellano Félix (CAF) y hubo una segunda víctima colateral.
La información que ellos obtuvieron y llevaron a la FGE consistió en la relación de la motocicleta en el asesinato del ex agente Avendaño Rojas. También llevaron videos, dos testimonios oculares, características de ropa que portaban los sicarios, fotografías, unidades usadas y hasta la ruta.
“Usaron la misma moto, la misma arma en la calle Gastélum frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, hasta las mismas garras, y es el mismo que remata con Avendaño. Ese fue el error que cometieron, tengo videos de vigilancia, empiezan a pasar, se paran y toman fotos. Les dimos todo a los ministeriales, de verdad que no lo resolvimos porque no tenemos charola”, afirmó uno de ellos.
El acercamiento que la familia ha tenido con el caso en su búsqueda de justicia, los ha llevado a una serie de acontecimientos o amenazas por parte del crimen organizado.
A partir de la liberación de Osuna, ellos comenzaron a registrar llamadas sospechosas y rondines de personas en un Toyota Celica color oscuro alrededor del domicilio.
El domingo 12 de julio, cuando uno de los primos contestó su teléfono, un hombre se identificó como “El Ocho” y mantuvo el silencio por unos minutos, generando inquietud.
“`¿El Ocho?’ No, número equivocado”, respondió. La conexión duró alrededor de tres minutos.
Estos eventos generaron miedo entre los consanguíneos, ya que cabe la posibilidad de que la banda delictiva que asesinó a Alejandro tome represalias en contra de ellos.
Vehículo usado en 3 asesinatos
Conforme a imágenes, el 8 de junio un vehículo compacto se estacionó en el domicilio donde Alejandro vivía con su madre. El sospechoso conductor merodeó por varios minutos alrededor de la cuadra.
“Que ya no le rasquemos porque nos van a matar”, fue la información que les llegó mediante allegados de la zona del fraccionamiento Los Encinos, al Noroeste de Ensenada.
LA PRIMERA ADVERTENCIA, SEGÚN NARRARON
De acuerdo con un documento en poder de ZETA, la familia de Alejandro inició un proceso para la protección y custodia tras una serie de acontecimientos que interpretan como amenazas directas e indirectas por parte de la gente del cártel.
“Me están llegando carros a mi casa y me negaron el oficio para que den rondines y vigilancia, pienso que es porque estoy presionando en la fiscalía que saquen la orden de aprehensión y lo detengan”, argumentó uno de los familiares.
Basados en el Artículo 137, fracciones VI y VII del Código Nacional de Procedimientos Penales que promete brindar cuidado, seguridad e integridad a las personas involucradas en un hecho o denuncia durante la integración de una carpeta de investigación, “pedimos vigilancia y custodia fuera de nuestro domicilio, conforme a lo que estipula la legislación”.
La petición fue entregada en la FGE, sin embargo, no fue sellada o firmada de recibida por las autoridades, por lo que los denunciantes exigen la detención de los responsables, o que les brinden la seguridad que necesitan.
