El director de Administración Urbana de Mexicali, Juventino Pérez Brambila, salvó de milagro la “cabeza”, ya que la presidenta municipal Marina del Pilar Ávila Olmeda estuvo a punto de pedirle su renuncia en días pasados.
Cuentan las malas lenguas dentro de Palacio Municipal que Pérez Brambila ha dejado mucho que desear, sobre todo en los temas de principal interés para la administración, como la clausura de gaseras clandestinas, las cuales prácticamente han vivido en la impunidad durante este gobierno. Lo mismo ocurre con proyectos importantes para la alcaldesa, como el Centro Histórico que se ha paralizado por la pandemia, pero también por la pasividad del funcionario municipal, quien ha brillado por su ausencia pese a que carga consigo una de las dependencias más importantes del gobierno local.
Su remoción estaba prácticamente lista para oficializarse junto con la de la hoy ex directora de la Policía Municipal, María Elena Andrade Ramírez, pero se le dio una última oportunidad para cumplir con los compromisos, sin embargo, al parecer la Marina del Pilar ya lo tiene en la mira y al primer error podría ser enviado a la banca.
Las más caras
Para no perder el ritmo con la administración municipal, en el Ayuntamiento de Mexicali ya decidieron la empresa que arrendará patrullas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, servicio por el cual se erogarán 13 millones 904 mil 522 pesos de agosto a diciembre.
Se trata de Jet Van Car Rental, SA de CV, que ha sido de las más beneficiadas durante la administración del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por dependencias federales.
La nueva empresa favorita del morenismo cuenta ya con varios años de experiencia en el rubro, y en esta ocasión ofrecerá el servicio de arrendamiento de 60 patrullas a un costo 44% mayor al de su otro competidor, Lumo Financiera del Centro, propiedad de Luis Humberto Montaño García, priista del Estado de México allegado al ex Presidente Enrique Peña Nieto, quien dotó de estos servicios a la pasada administración de Gustavo Sánchez Vázquez.
Fuera de la nómina
El gobierno de Jaime Bonilla Valdez asegura que no gasta mucho en los medios de comunicación, pero esto no se percibe en su equipo de Comunicación Social, donde además de contar con una robusta nómina, ha contratado por honorarios a varias personas para que no aparezcan en esta, pero que realicen las mismas funciones que sus actuales subordinados. Curiosamente, muchos de ellos formaban parte del equipo de trabajo del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.
Información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), refiere que el comunicador Juan Guízar escondió de la nómina a nueve personas, de las cuales incluso uno no cuenta con la preparatoria culminada, pese a que la dependencia a su cargo representa cierto nivel de especialización.
Entre los contratos firmados por la Oficina de la Gubernatura se encuentran:
* Nallely Cristina Acosta Vargas, con una percepción de 120 mil pesos por seis meses, en Tijuana.
* Abraham Zendejas Becerra, con 90 mil pesos al mes por funciones de comunicación durante seis meses, en Tijuana.
* Gabriel Cruz Xala, 108 mil pesos por un periodo de seis meses por trabajos de comunicación en Tijuana
* María de Lourdes Delgado López, ex empleada del gobierno de “Kiko” Vega, quien por sus servicios realizados en Ensenada, percibirá 97 mil 500 pesos por seis meses.
* Joaquín Rochín Manríquez, 114 mil 948 por seis meses en Ensenada.
* Orlando Javier Cobián Andrade, fotógrafo del gobierno kikista, quien recibirá 60 mil pesos por contrato de seis meses.
* Jesús Alonso López Lara, un joven de 19 años de edad que estudia la preparatoria y al cual se le pagarán 90 mil pesos divididos de manera quincenal durante un periodo de seis meses, pese a que su única experiencia laboral es en una planta de agua.
* Yolanda Edith Lizárraga López, ex empleada de “Kiko”, con un pago por honorarios de 50 mil pesos divididos en cinco meses. Sin embargo, en la página del Instituto del Deporte y la Cultura Física aparece como jefe del Departamento de Comercialización, pese a que está comisionada a la Oficina de la Gubernatura.
Todos los arriba mencionados fueron contratados para lo mismo: “Instrumentar una nueva política de comunicación que permita informar oportunamente sobre las acciones y programas de la administración estatal”.
