En ningún país de América es más mortífera la Covid-19 que en México. En ningún estado de México es más peligroso contagiarse del SarsCov-2 que en Baja California. En ninguna ciudad mexicana hay más probabilidades de morir si enfermas por esta pandemia que en Tijuana, la más septentrional del país. No tiene en ello nada que ver ni el azar ni la fatalidad, ni la posición geográfica. Entonces, ¿por qué un enfermo de Covid tiene en México casi el triple de probabilidades de morir que en el mundo entero, de acuerdo con el promedio obtenido por la Universidad Johns Hopkins de Maryland? En el mundo muere en promedio uno de cada 25 enfermos; en México, uno de cada nueve. Pero en Baja California, generoso lector, la situación es todavía más grave: en números redondos han muerto uno de cada cinco contagiados registrados en las estadísticas oficiales; mientras que en Tijuana casi muere uno de cada tres.
Para poder acercarnos a las posibles explicaciones de este lamentable fenómeno atroz y siniestro, es necesario consignar algunos de los resultados obtenidos por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIMM) de la UNAM titulado “Mortalidad por Cvid-19 en México”. El primer dato brutal es que 97 por ciento de las muertes ocurrieron en el sistema de salud pública; ¡en las instituciones privadas no han acaecido ni tres de cada cien de las defunciones por este mal! Más de la mitad de los muertos no tenían acceso a ningún sistema de seguridad social (ni siquiera al Seguro Popular, desmantelado por la 4T); el 46%, otra vez cerca de la mitad de los fallecidos, eran jubilados, desempleados o tenían un trabajo informal. Más del 71% tenían como escolaridad máxima primaria o ningún grado de estudios. El mayor riesgo de muerte para la gente de más bajos ingresos también se presenta en los Estados Unidos de América, aunque mucho menos marcada que en México: el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) describe los factores sociales que ponen en riesgo a las minorías raciales en su país y registra más del doble de fallecimientos entre miembros de estas comunidades que entre personas con situaciones estables.
Mientras el gobierno federal, con los López a la cabeza, se esfuerza por convencernos de que los culpables de la alta mortalidad somos los ciudadanos que “no nos cuidamos”, que no obedecimos el “quédate en casa”, que hemos tomado mucha coca cola y nos hemos alimentado excesivamente con carbohidratos, sin privilegiar el consumo de frutas, verduras y proteína, o cuando mucho culpando a las empresas refresqueras y a las fabricantes de comida chatarra, lo cierto es que el factor de riesgo más importante no es otro que la desigualdad social, como se revela en ambos estudios, el del CRIMM-UNAM y el del CDC norteamericano.
La desigualdad social genera situaciones residenciales que ponen en riesgo a la población desprotegida: falta de vivienda, alta densidad de personas en barrios, colonias y unidades habitacionales populares, carencia de instalaciones sanitarias en comunidades rurales y cinturones y bolsones de miseria urbanos, lejanía de los centros de salud y la necesidad constante de usar el transporte público. La desigualdad social se manifiesta en que son las personas de escasos recursos las que tienen mayor de representación en los llamados sectores “esenciales” de la economía, como la industria alimentaria, agrícola, industrial o de la construcción, y que por lo tanto han corrido mayor riesgo al seguir laborando. Es la desigualdad producto del neoliberalismo rampante, ese sistema económico que niega seguro médico, seguro contra el desempleo, educación de calidad para las masas, salario remunerador, programas de vivienda, de servicios, cultura y salud al pueblo, lo que ha provocado que la Covid se ensañe con los trabajadores de México y de Tijuana y otras poblaciones similares.
Por supuesto que no faltará quien diga, con razón, que los condiciones que han aumentado la mortandad a grados tan terroríficos en el territorio nacional ya venían desde antes, que el neoliberalismo lleva más de 30 años entronizado en el poder. Los que no tienen razón son los que usan este argumento para negarle o disminuirle responsabilidades al gobierno de López Obrador: la 4T no enmendó o disminuyó al menos lo que estaba mal; por el contrario, las carencias de salud, servicios, empleo y vivienda, entre muchas otras han empeorado para la masa trabajadora. De nada sirvió el grito lanzado el año pasado desde Palacio Nacional decretando el fin del neoliberalismo, éste goza de mayor fuerza y ambición que nunca, sigue causando estragos entre los trabajadores, incrementando día con día la desigualdad más inhumana, pero ahora, disfrazado y bendecido por la cuarta transformación, más mortífero que nunca. No lo olvides: el año entrante, con las elecciones al Congreso, tendremos la oportunidad de pararlo.
Ignacio Acosta Montes es coordinador estatal y regional del Movimiento Antorchista. Correo: ignacio.acostam@gmail.com
