Con la desaparición del Consejo de la Judicatura de Baja California, la cual quedó aprobada este martes en sesión de comisión de la XXIII Legislatura, el titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado a partir de una terna a ser enviada al Congreso, siempre y cuando la enmienda constitucional sea aprobada por el pleno del Legislativo.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Juan Manuel Molina García, argumentó que el procedimiento de selección convencional, actualmente a cargo del Consejo de la Judicatura, “ha originado una cadena interminable de juicios de amparo que en su gran mayoría han sido sobreseídos”, lo cual significa que “nunca se ha abordado el fondo o han sido negados”.
Según precisó, como parte de los procesos electivos, “se han hecho listas” a partir de las cuales “no se ha nombrado a los mejores en todas las ocasiones”, pues ya no se diga “el uno, el dos, el tres”, sino que “ni siquiera el quinto de la lista ha resultado designado”. En ese sentido afirmó que la designación ha recaído en “el que viene en el lugar 14, 15 o 16”.
De manera que “los procedimientos no han sido los más adecuados”, asentó.
De ahí que la propuesta legislativa, emanada del propio gobernador, Jaime Bonilla Valdez, así como de Molina García, se enfoque a que el titular del Ejecutivo estatal “pueda participar” en la formulación de “ternas para el nombramiento de magistrados”, para que “el Congreso (local) decida quiénes son las personas que van a ostentar el cargo de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia”.
Ello en una suerte de “réplica” o “símil de la legislación federal” en el sentido de que “pueda participar el poder ejecutivo en el nombramiento de ternas para el nombramiento de magistrados”, dijo el presidente de la comisión dictaminadora.
La propuesta quedó aprobada con cuatro votos a favor y se hizo objeto de dos abstenciones provenientes de la diputada de Morena Rosina del Villar Casas y el legislador del Partido del Trabajo, Julio César Vázquez Castillo, así como de un voto en contra emitido por Gerardo López Montes, del Partido de la Revolución Democrática.
En la sesión estuvo presente el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Salvador Juan Ortiz Morales, quien opinó que “una reforma de esta trascendencia que va dirigida al Consejo de la Judicatura del estado (órgano que igualmente preside) requiere un profundo análisis cuya reflexión en su momento debe realizarse con el acompañamiento puntual del poder judicial del estado”.
Ortiz Morales además estimó que “es de vital importancia que esta honorable legislatura considere la instauración de la presente reforma en un momento en que tanto nuestro estado y país se encuentra ante una emergencia sanitaria por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19), la cual ha generado ajustar todos los programas y planes de gobierno, de las autoridades federales, estatales y municipales, en pro de la toma de las decisiones que generen mayor protección y cuidado de toda población”.
De forma tal que “debe valorarse por esta honorable legislatura las implicaciones que conlleve realizar una transición de este tipo en el poder judicial del estado cuando en estos momentos se avanza en una etapa crucial en la implementación del funcionamiento de los juzgados bajo los lineamientos y protocolos de lo que ha sido denominado por el consejo de salubridad general como una nueva normalidad”, consideró el magistrado presidente.
Igualmente señaló que “en este momento el Consejo de la Judicatura del estado debe ser garante y reactivo de la protección de todos los justiciables y los servidores públicos de este poder”, toda vez que “nos encontramos en momentos donde la toma de decisiones deberá ser realizada inmediata ante la valorización de escenarios que adviertan la necesidad da aplicar diversas acciones que permitan sostener el funcionamiento y la operatividad de los juzgados y el tribunal ante situaciones tan improvistas como lo ha demostrado ser esta pandemia”.
En cuanto a ir de la mano con la legislación federal (la cual permite que el presidente de la república proponga ternas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación) aclaró que “el cargo de ministro y magistrado son diferentes”.
Aparte, en un comunicado que el Poder Judicial hizo circular tras la sesión celebrada el día de hoy, resumió: “Consideramos como no pertinente en este momento la aprobación de una reforma de esta naturaleza, dadas las condiciones existentes por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), circunstancia que torna no oportuna la sustitución de órganos administrativos, como en la especie el Consejo de la Judicatura del Estado”.
Molina García mencionó que tomaría en cuenta las consideraciones del magistrado, sin embargo, puso en claro que una vez que se apruebe la reforma se analizaría con el Poder Judicial qué término sería suficiente para su implementación.
Conforme a la opinión de un juez consultado por ZETA, es probable (no seguro) que el mandatario estatal Jaime Bonilla Valdez alcanzara a elegir magistrados en lo que resta de su periodo bianual de gobierno, en vista de que actualmente hay cuatro plazas ya concursadas pero sobre las cuales no se han hecho designaciones y una más se encuentra en concurso.
A decir del jurisconsulto, la pregunta sería si la reforma aplicaría para esas plazas, sobre lo cual tendría que estudiarse a cabalidad el tema.
