Están resguardados en su casa por su salud pero no todos están recibiendo apoyos económicos para generar ingresos
Los pacientes con hipertensión y diabetes están condenados a no generar ingresos mediante empleos legalmente establecidos, pues en semáforo en rojo no se permite que los pacientes vulnerables al COVID 19 regresen a sus espacios laborales.
A 5 meses del inicio de la contingencia se complica el sustento para algunas familias. Hay quienes ya no reciben sueldo bajo la promesa de conservar su empleo y tampoco obtienen ayuda alimentaria. Se empiezan a estresar al momento de pagar los servicios como agua, luz y gas.
En el caso de la industria, hay menos de 500 empresas operando a 60% de su capacidad de producción en Baja California. Al menos 223 mil empleados no pueden regresar a trabajar por ser diabéticos de acuerdo al reciente corte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero algunas empresas se han solidarizado y han acordado con sus trabajadores el pago de parcialidades y de entrega de despensas.
Se estima que hay 82 mil 956 trabajadores en resguardo domiciliario en Baja California de acuerdo a la Secretaría del Trabajo.
“Nos comunicamos diario para ver razones por las que falten. Se les dio un “kit” (sic) de sanitización (sic) para asegurar que te cuidas en la planta y te cuidas en la familia y se les está dando una despensa para disminuir la cantidad de productos que se compran en el supermercado”, comentó Luis Manuel Hernández, presidente de la zona costa del grupo industrial Index.
Baja California carece de una estadística de empleados que no están recibiendo un sueldo, es un fenómeno que se sabe de cierto pero no está calculado, reconoció el secretario estatal del trabajo: Segio Moctezuma.
Fotos: Ernesto Eslava
“Tienen la obligación de cubrir su salario para que se mantengan en resguardo. Aunque hay quienes no tienen la solvencia para poderles pagar, se debe llegar a un acuerdo salomónico para preservar el empleo”, comentó el secretario Moctezuma.
Lo único que se tiene registrado son las 2 mil 820 demandas por incumplimiento de algún pago interpuestas desde el primero de junio al 17 de julio en Baja California. Es decir que en 6 semanas se acumuló el trabajo que se resolvería en 7 meses en las 8 juntas de conciliación y arbitraje, considerando que entre todas resuelven 387 casos al mes. La diferencia y la gravedad es que el trabajo está acumulado y las juntas de conciliación siguen cerradas hasta que el semáforo cambie a naranja, por lo que ningún juicio está en activo ni en proceso.
Las resoluciones para los trabajadores han sido diversas. En Tecate, el pasado 13 abril cerró la empresa Magnotek Manufacturig, los responsables administrativos pidieron que se cobraran en especie. “Aqui están las llaves de la empresa y la organización sindical tomó las propiedades y pidieron asistencia para saber cómo proceder”, comentó el secretario del trabajo.
Otro caso es el de Leonel Guajardo de 52 años. Trabajó 7 meses como guardia de seguridad y lo despidieron dándole una liquidación de 3 mil 500 pesos que tuvo que aceptar pues sería su único recurso con el que contaría en las próximas semanas. Leonel sabía que conseguir empleo sería complicado pues “los diabéticos no pueden ir a trabajar”, comentó a ZETA mientras esperaba su turno para recibir orientación en la Procuraduría del Trabajo, sin saber que su demanda demorará y se sumará a la lista de los 2,820 casos.
El secretario Moctezuma reconoce que los artículos 1002, 1003 y 1004 en la Ley General del Trabajo que podrían garantizar el pago de los trabajadores. “El 387 fraccion 17 del codigo penal dice que se sancionará al empleador que “ valiendose de su ignorancia le pague menos a un trabajador”, señaló el secretario. El articulo 1002 establece la sanción: 50 a 5000 veces de unidad de actualizción a quienes no le paguen a sus empleados y el articulo 1003 es el que obliga a los empleadores a pagar incluso con la facultad al miniterio publico donde se “puede denunciar al empleador”, dijo a ZETA.
Las autoridades del trabajo apuestan por un acuerdo solidario entre los empleadores y los trabajadores “que los ayuden a subsistir”, dice Moctezuma. “Si un empleo quiere llegar a un acuerdo con sus empleados, lo pueden hacer si es por acuerdo porque los juicios, los plazos y los términos están suspendidas ante las juntas de conciliación y arbitraje”.
