Choferes de las plataformas digitales UBER y DIDI convocaron a la segunda “Mega caravana” en protesta por la recién creada Ley de Movilidad de Baja California, al considerar que esta norma los criminaliza y pone en riesgo su fuente de trabajo.
La manifestación será mañana, 21 de julio de 2020, a las 9:30 horas. Los conductores partirán de la Plaza Paseo 2000 al Centro de Gobierno del estado en la ciudad de Tijuana, en demanda de que el gobernador Jaime Bonilla Valdez los atienda, dado que el diálogo que habían sostenido con la administración estatal ha sido infructuoso pues sus demandas no han sido resueltas.
Jesús Mercado, uno de los organizadores de la protesta, comentó que las demandas se centran en que los requisitos de regularización sean justos. Ejemplificó que el Estado quiere cobrar 2 mil 600 pesos el registro de cada carro por cada aplicación que use, lo que es “meramente recaudatorio”.
Esto debido a que un chofer y un automóvil puede estar dado de alta en dos o más aplicaciones, de modo que “para poder trabajar tendremos que pagar más de 6 mil pesos”, señaló Mercado, quien apuntó que los vehículos utilizados para dar el servicio mediante las plataformas digitales ya están inscritos en Recaudación de Rentas y ya acreditaron que cuentan con seguro.
Explicó que los choferes están dados de alto en varias plataformas digitales porque la ciudadanía elige siempre la que le ofrece el traslado más barato, además de que las aplicaciones cobran diferentes comisiones a los conductores y dueños de los automóviles.
“Las aplicaciones no te prohíben trabajar en una o en otra, entonces ¿por qué el gobierno sí lo haría? ¿Por qué no hacer el cobro por una aplicación? La lógica del gobierno es meramente recaudatoria”, aseveró.
Aclaró que el grupo que convoca a la protesta “no está en contra de la regularización, pero sí de que la ley sea meramente recaudatoria” y los criminalice.
El gobierno también quiere ponernos un código QR que tendrá un costo “simbólico” de alrededor de 2 UMAS (Unidad de Medida y Actualización) equivalentes a 173.76 pesos.
Pese a ello, dijo, no estamos en desacuerdo, “pero le hemos pedido a la autoridad que por seguridad sea en una forma discreta, porque asaltan hasta 8 conductores al día; entonces si nos ponen un distintivo muy visible es como ponernos la soga al cuello”.
Pero la autoridad tampoco ha cedido en ese punto, lamentó Mercado, quien agregó que el gobierno de Bonilla Valdez también pretende que dejen de prestar el servicio los automóviles que cuesten menos de 200 mil pesos, como los Attitude, March, etc.
Si bien, son “carros de gamma baja, al final de cuentas cumplen con los requisitos de las aplicaciones. Pero para el gobierno del estado no valen. Tú les preguntas por qué, y el secretario de Movilidad (Rafael Echegoyen Cruz) te contesta: ´porque digo yo´”.
“No hay apertura para el diálogo, son imposiciones” que afectan a los que menos tienen, dijo Mercado, y cuestionó ¿qué va a hacer una persona que sacó un crédito automotriz de uno de esos carros y que está pagándolo con lo que trabaja como UBER si el Instituto de Movilidad no le van a permitir registrarse?
Se espera que al término de la Caravana, a las 13:30 horas, afuera de las oficinas de Coparmex en Zona Río haya una firma de amparos en contra de la Ley de Movilidad, mismos que serán interpuestos ante la autoridad judicial.
