El Congreso bajacaliforniano continuará en el desacato a la armonización legislativa exigido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2015 a las entidades que restringen el matrimonio igualitario. El jueves 16 de julio de 2020, los diputados impidieron la reforma constitucional y sus consecuencias en el Código Civil del Estado, que otorga certeza jurídica a las uniones entre personas del mismo sexo, con lo que, a dicho de la diputada Mirian Cano Núñez, nuevamente se están violando los Derechos Humanos de una comunidad reconocida como minoría
En prácticamente toda la agenda legislativa de Baja California, el único tema que significaba una verdadera “transformación” era el que abriría la puerta a los matrimonios igualitarios en el Estado. Y no pudo concretarse.
El que se ha autoproclamado el Congreso más reformador de la historia del Estado, no llegó a consenso y se quedó a dos votos de convertirse en la entidad número trece en reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo en el país.
Con 15 votos a favor, siete abstenciones y tres en contra, el parlamento local frenó el Dictamen 48 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que proponía la eliminación del segundo párrafo del Artículo 7 Constitucional -además de una serie de numerales del Código Civil del Estado, que se armonizaban con la reforma principal-, el cual expresa:
“El Estado reconoce y protege la Institución del Matrimonio como un derecho de la sociedad orientado a garantizar y salvaguardar la perpetuación de la especie y ayuda mutua entre los cónyuges, satisfaciéndose este solamente, mediante la unión de un hombre con una mujer”.
Salieron miles a manifestarse en contra
La propuesta de la diputada morenista Miriam Cano Núñez, a la que se sumó la de 2018 del entonces legislador Catalino Zavala Márquez, fue rechazada en pleno, debido a la misma negativa de su partido, pues de los trece integrantes de su bancada, cuatro decidieron abstenerse, además de dos eternos aliados que decidieron dar la espalda a un tema trascendental.
La orientación de los votos se dio de la siguiente manera:
A favor:
Juan Manuel Molina García, Montserrat Caballero, Julia González, Miriam Cano Núñez, Eva Gricelda Rodríguez, María Luisa Villalobos Ávila, Araceli Geraldo, Rosina del Villar Casas y Ramón Vázquez Valadez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Julio César Vázquez Castillo, del Partido del Trabajo (PT); Rodrigo Otáñez Licona, del Partido de Baja California (PBC); Elí Topete Robles, de Movimiento Ciudadano; Fausto Gallardo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Gerardo López, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Trinidad Vaca Chacón, sin partido.
En contra:
Eva María Vázquez, Loreto Quintero Quintero y Efrén Moreno, del Partido Acción Nacional (PAN) y Transformemos.
En abstención:
Juan Meléndrez, Carmen Leticia Hernández, Víctor Manuel Morán, Víctor Hugo Navarro, de Morena; Claudia Agatón, del PT; David Ruvalcaba, del PRI; y Miguel Ángel Bujanda, sin partido.
DIPUTADOS NO SOPORTARON LA PRESIÓN
Desde que en noviembre de 2019 el Congreso del Estado intentó subir el tema al pleno -con dispensa de trámite, por cierto-, se supo que la situación sería conflictiva. En aquella sesión, colectivos religiosos y agrupaciones en favor de lo que ellos llaman “familia natural”, irrumpieron en el edificio del Poder Legislativo y “reventaron” la reunión, impidiendo que el tema se sufragara.
A ocho meses de distancia, el Congreso revivió el tema, esta vez respetando los procedimientos que indica la Ley Orgánica de Baja California, como realizar algunos foros y analizarse ante expertos y diputados dentro de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
Tras meses de espera se fijó la fecha para el miércoles 15 de julio. El fin de semana anterior, colectivos “celestes” -color que identifica a los grupos que rechazan la iniciativa- llevaron a cabo una caravana que recorrería gran parte de la zona acaudalada de la ciudad y terminaría en el Centro Cívico de Mexicali.
Lo que nunca imaginaron es que el convoy de alrededor de 500 vehículos que lograron aglomerar, sería “bloqueado” por una treintena de manifestantes en favor de los derechos de la comunidad LGBTTTIQA (Lesbiana, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual, Queer y Asexual), quienes con sus cuerpos “frenaron” el andar de la comitiva que por aproximadamente una hora estuvo “paralizado” en el tránsito que se registró la tarde del sábado en esa zona.
En ese escenario se analizó la propuesta de Miriam Cano, quien se ha declarado una mujer abiertamente en favor de la comunidad, a la que prometió que la reforma sería una realidad durante la actual Legislatura.
En la misma semana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió un comunicado de prensa para exhortar a los diputados a reconocer el derecho a la certeza jurídica de los matrimonios homoparentales.
Llegó el miércoles y la tensión comenzó a rondar entre los diputados. La sesión pactada a las once de la mañana se pospuso hasta la 1:30 de la tarde, solo para decretar recesos en dos ocasiones.
Integrantes de la comunidad LGBTTTIQA, acondicionaron un proyector a las afueras del recinto legislativo y con pancartas y banderas de arcoíris, realizaron un plantón simbólico en favor de su causa, puesto que debido a la contingencia originada por la enfermedad COVID-19, diputados no llevan a cabo las sesiones en el recinto oficial.
Para las dos de la tarde, la Mesa Directiva del Congreso decretó un receso que se extendió hasta el día siguiente. Inmediatamente después, la diputada Miriam Cano -una de las pocas personas que estaban en el edificio- salió para reunirse con los manifestantes, mostrándose desencajada e intentando demostrar que nada ocurría, pero la realidad es que ya sabía que el tema caía a pedazos.
En un intento por levantar los ánimos, culpó a los “conservadores” de frenar el tema, pese a que su bancada -que se supone es de origen izquierdista- tiene la mayoría en el Congreso, y aseguró una vez más que los estatutos de Morena priorizan los derechos de todas las comunidades.
Sin embargo, la ideología de la Cuarta Transformación se mueve como las banderas de arcoíris que ondeaban los colectivos. La presión era demasiado fuerte. La diputada Montserrat Caballero Ramírez declaró a ZETA que esa mañana recibió más de cien mensajes de números desconocidos que le pedían por la “familia natural”, o bien, la amenazaban de continuar con el proyecto.
Al final decidieron posponer la sesión para el jueves 16, con el objetivo -comentó un legislador- de darles “un día más de insomnio” a los indecisos.
LA SESIÓN
Cuando el tema se subió a pleno, ya sabían que los votos no alcanzaban. Sin embargo, continuaron con el intento para exhibir a quienes estaban en contra de reconocer los derechos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Miriam Cano leyó el Dictamen 48 y nuevamente el diputado Bujanda solicitó un receso -el tercero en la misma sesión-. Varios minutos después se reanudaron los trabajos y se sometió a votación de la mayoría del pleno.
Integrantes de los colectivos nuevamente se apersonaron al edificio legislativo para presenciar la sesión que ya sentían ganada, al grado que ya tenían todo preparado para llevar a cabo una caravana por las calles de la ciudad, y culminar con un festejo simbólico, tanto como la restricción que impide los
Protestas en Tijuana por matrimonios igualitarios
Desde el 11 de julio, el Frente Nacional por la Familia en Baja California, así como grupos religiosos, organizaron una serie de manifestaciones en cada municipio para demostrar su rechazo a la aprobación de matrimonios igualitarios; mientras que miembros de la comunidad LGBTQI+ hizo lo propio en Mexicali, Tijuana y Ensenada.
La primera caravana fue en Mexicali, donde se reunieron alrededor de mil 500 vehículos y se enfrentaron a grupos de la comunidad LGBTQI+ que se enteraron de esta protesta, previa a la aprobación de la iniciativa en el Congreso pactada para el 15 de julio, aunque después se pospuso.
Ericka Farías, del colectivo Visibles y Diversas, comentó a ZETA que a pesar de que ahora hay mayor tolerancia y visibilidad hacia la comunidad, en el papel es diferente, pues no está estipulado en el Código Civil el matrimonio entre personas del mismo sexo, y por ende, los derechos y obligaciones que conlleva.
Por su parte, Ricardo Castro Cano, representante del Frente Nacional por la Familia en Tijuana, mencionó que aprobar esta iniciativa no solo es una amenaza contra la familia tradicional formada por hombre y mujer, sino que atenta contra sus derechos como padres, debido a que dará pie a que se apruebe alguna Ley para permitir que menores de edad tengan derecho a decidir su identidad sexual, quitándoselo a los padres para elegir sobre ellos.
Además, restringirá el derecho a los padres sobre cómo educar a sus hijos con relación a la educación sexual en las escuelas.
Juan Manuel Molina, diputado de la XXIII Legislatura y presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, recalcó que lo que está sobre la mesa es únicamente la homologación de la Ley que permite los matrimonios igualitarios, procedente desde 2010 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La Corte ya ha dicho que sí es un tema de violación de Derechos Humanos sistemática, que es discriminatorio y que la legislación de Baja California, por jurisprudencia, ya fue declarada inconstitucional, entonces lo que estamos haciendo es una armonización”, dijo.
Aun así, las protestas en Tijuana y Ensenada que se realizaron el 12 y 13 de julio respectivamente, mostraban consignas sobre la preservación de la familia tradicional y la defensa del Artículo 7 constitucional de Baja California, el cual indica, el matrimonio es entre hombre y mujer.
Raúl Albores, titular del programa de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, destacó que los derechos no se pueden someter a consulta, y al no homologar la Ley, se vive en un estado de discriminación.
Asimismo, recalcó que la aprobación de esta iniciativa está más relacionada con la dignidad de las personas, más allá de dogmas o creencias religiosas que se quieran imponer.
En Tijuana, apenas el 15 de julio hubo reacciones por parte de la comunidad LGBTQI+ a las caravanas “pro familia tradicional” que se han hecho, con una caminata en Avenida Revolución y una caravana en Zona Río.
Lorenzo Herrera, activista pro derechos LGBTTTQIA, expresó a ZETA que la comunidad ya ha sido muy golpeada y discriminada, al quitarles el recurso para operar el centro comunitario y muchos no han podido trabajar por la emergencia sanitaria por COVID-19, por lo que la aprobación de esta Ley sería algo beneficioso.
La Unidad Ministerial Evangélica de Ensenada se manifestó con una caravana en el Centro de Gobierno de aquella ciudad, donde señalaron que el exigir respetar el matrimonio entre hombre y mujer no era un acto de discriminación, y que al contrario, los Derechos Humanos debían defender lo que ya existe y no las uniones con personas del mismo sexo.
Finalmente, Luis Alfonso Guardado, coordinador de la comunidad LGBT Ensenada, consideró que todos tienen derecho a expresarse y manifestarse, sin embargo, estas expresiones pueden poner en riesgo la vida de personas, al difundir un mensaje de odio:
“Estamos buscando que todas las familias estén contempladas, que todas tengan los mismos derechos”. Ángela Torres Lozano
matrimonios igualitarios, puesto que ya se han suscitado estas uniones.
Por mencionar una cifra, en Baja California se han oficializado más de 350 matrimonios igualitarios desde 2017, según la CEDHBC.
En favor del matrimonio igualitario
La mayoría de los integrantes de la XXIII Legislatura sintieron la necesidad de exponer los motivos de su razonamiento, como el diputado Gerardo López, quien ofreció disculpas al pastor de su iglesia por votar a favor de la reforma; o el diputado Efrén Moreno del extinto Transformemos -quien cuenta con historial delictivo relacionado con tráfico de personas-, el cual rechazó la iniciativa con argumentos de que los principios del matrimonio son exclusivamente procreativos, por lo que a su juicio, el Estado no puede otorgar certeza jurídica a una unión ajena a la de preservar la especie.
En el mismo sentido, la diputada Eva María Vázquez, del PAN, se limitó a declarar que su rechazo partía de orígenes ideológicos personales y partidarios que se plasmaron en sus promesas de campaña.
Diputados como David Ruvalcaba, del PRI, reclamaron que un tema tan trascendental tenga que analizarse y votarse durante un periodo de contingencia, lo que no permite la socialización de la propuesta. Su comentario se dio pese a que en reiteradas ocasiones, la propia CEDHBC ha indicado que los Derechos Humanos no deben someterse a consulta ni socialización.
La contraparte fue de los diputados Juan Manuel Molina y Miriam Cano, quienes argumentaron que el máximo tribunal del país ya permitió los matrimonios igualitarios en México desde hace una década y desde hace cinco años agotó el debate, exigiendo a todos los estados del país homologar sus criterios en favor de la comunidad LGBTTTIQA.
La diputada Eva Gricelda Rodríguez inició con la votación nominal y las más de mil 700 personas que seguían la transmisión a través de redes sociales, observaron cómo voto por voto se fueron deshaciendo las intenciones de la bancada de Morena que terminó partida, debido al rechazo de cuatro de sus integrantes.
Tras la votación, Montserrat Caballero descalificó a sus compañeros legisladores como pasivos, puesto que en un tema tan trascendental era inconcebible que se dieran siete abstenciones, todas originadas en la “falta de socialización”, cuando durante esta Legislatura, la única constante que ha prevalecido es el desinterés de la bancada mayoritaria por someter a escrutinio las propuestas del gobernador y de los propios integrantes del parlamento.
Después de estos señalamientos, varios diputados intentaron tomar la palabra de manera arrebatada, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Julio César Vázquez Castillo, tuvo que poner orden.
Al final, el diputado Juan Manuel Molina hizo un movimiento muy inteligente para su causa, puesto que solicitó que el dictamen fuera devuelto a la Comisión de Gobernación que preside, basándose en el Artículo 133 de la Ley orgánica.
Esta acción -casi imperceptible para la mayoría de los allí presentes- mantuvo viva la iniciativa de Miriam Cano, toda vez que permite que el tema pueda volver a estudiarse y someterse a consideración en el momento que consideren, de lo contrario habría que esperar hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones para presentarlo y agendarlo de nuevo, lo cual podría tardar meses.
