El Congreso de Baja California aprobó, con 19 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, el dictamen de decreto que autoriza al Ejecutivo estatal y/o a la Comisión Estatal del Agua hacer un contrato -que según fuentes legislativas sería de 270 millones de dólares- por 30 años, con una empresa que desarrollará una planta solar fotovoltaica que suministrará energía eléctrica al Acueducto Río Colorado-Tijuana.
Durante la sesión de este 16 de julio (y a sólo tres días de que el secretario de Gobierno Amador Rodríguez presentara la iniciativa a la Cámara de Diputados) la mayoría morenista y los partidos afines avalaron el dictamen sin tener estudios financieros y la opinión de la Auditoría Superior del Estado, acusaron los legisladores del PRI, PAN y PRD.
El único cambio -propuesto mediante la reserva presentada por Juan Manuel Molina García- radica en que en vez de que el contrato se celebre a más tardar el 30 de septiembre (como había propuesto el Ejecutivo), sea a más tardar el 15 de octubre de 2020.
Lo anterior para “para que el proceso de licitación y contratación sea minucioso y cuidadoso, y se tenga el tiempo prudente y necesario para analizar a profundidad las propuestas”, según dijo Molina García.
El 14 de julio -a horas de que el secretario de Gobierno Amador Rodríguez Lozano presentara la iniciativa- las comisiones unidas de Energía y Recursos Hidráulicos, Hacienda y Presupuesto ya la habían dictaminado, en lo que fue considerado un “proceso que transitó tan rápido” al pleno, el cual dejaba “muchas dudas”.
En la sesión virtual, el legislador priista David Ruvalcaba preguntó si el contrato que la CEA tiene de suministro eléctrico con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la energía del Acueducto ya feneció o cuánto costará rescindirlo. De rescindirse ¿cuál será la afectación directa a las arcas del estado?
Interrogantes que no fueron respondidas por el presidente de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, Eli Topete, quien argumentó a favor del proyecto presentado por el gobierno de Bonilla el que el anterior mandatario estatal Francisco Vega había advertido de la difícil situación del Acueducto, que es “una papa caliente que se le ha ido trasladando a los gobernadores anteriores”, ya que su vida útil era de 30 años, aun cuando tiene 40 años en funcionamiento.
Ruvalcaba Flores agregó que el dictamen incumplía con la Ley de Presupuesto del Gasto Público del Estado de Baja California, ya que ésta indica que las contrataciones plurianuales para contratar y comprometer recursos deben solventar requisitos como el que se expongan los beneficios y consecuencias, además de no poner en peligro el presupuesto, entre otros.
La propuesta debió contener los montos de los pagos, intereses y plazos, así como los instrumentos legales por las que se formalizará la contratación que comprometerá los recursos de los siguientes ejercicios fiscales, abundó.
A ello se sumó la panista Eva María Vázquez, quien apuntó que no se habían respetado los procesos legislativos, y el dictamen violentaba la Ley de Disciplina Financiera, toda vez que el dictamen no contaba con la opinión de la Auditoría Superior del Estado, ni con el estudio de la Secretaría de Hacienda estatal, por lo que “realmente parece un cheque en blanco”.
Topete Robles añadió que actualmente el gobierno del Estado paga mil millones de pesos a la CFE solamente por la energía eléctrica del Acueducto, y con este proyecto se pretende generar un ahorro de 300 millones de pesos al año, que serán utilizados para invertirse en infraestructura hidráulica.
Además, permitirá que se subsane el 20% del déficit energético que tiene Baja California, estimado por el Cenace en 400 MW, según manifestó.
Los votos en contra fueron de: David Ruvalcaba Flores (PRI), Eva María Vázquez y Loreto Quintero Quintero (PAN), así como Gerardo López Montes (PRD). Mientras que los legisladores que se abstuvieron fueron Araceli Gerardo Núñez, de Morena y Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, de PBC.
