El secretario de gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, aceptó que no se aplique retroactivamente la Ley de Movilidad en lo referente al requisito que establece que los vehículos que presenten el servicio de transporte por plataforma digital deben tener un valor factura de 200 mil pesos (2,300 UMAS) para registrarse ante el Instituto de Movilidad.
De haberse aplicado la norma retroactivamente -como quería la autoridad- al menos la mitad de los 10 mil trabajadores al volante hubieran dejado de prestar el servicio, ya que sus automóviles cuestan menos de 200 mil pesos, son carros de considerados de gamma baja pero que cumplen con los requisitos de las aplicaciones.
En un video, difundido en Facebook, Rodríguez Lozano aseguró a Jesús Mercado, uno de los representantes de los choferes UBER: “Hemos decidido aceptar su propuesta con el entendido de que habrá de respetar a partir de aquí cada vehículo nuevo que se registre tendrá que ajustarse a esta norma. Es decir, no la vamos a aplicar retroactivamente, sino solamente a partir de los nuevos vehículos que se enlisten”.
Otro punto en el que los choferes estaban en desacuerdo y por el que acusaban que la Ley de Movilidad era “meramente recaudatoria” era en que se les fincaba la obligación de pagar 2 mil 600 pesos por cada una de las plataformas en las que estuvieran dados de alta (UBER, DIDI, etc,)
Como se recordará, es común que un chofer y un automóvil estén dados de alta en dos o más aplicaciones, porque -según explicaron los conductores- la ciudadanía elige siempre la que le ofrece el traslado más barato, además de que las aplicaciones cobran diferentes comisiones a los conductores y dueños de los automóviles.
“Vamos a aceptar su propuesta, basta con que se registren solamente en una plataforma para que se consideren enlistados en el Instituto de Movilidad”, indicó Rodríguez Lozano, durante la reunión celebrada la tarde del 24 de julio de 2020.
El mismo día en que los conductores -vía sus representantes legales, encabezados por Carlos Atilano Peña- interpusieron un juicio de amparo contra la Ley de Movilidad, ante un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en Tijuana.
Rodríguez Lozano también aseguró que todo lo que estaba cobrando el Instituto de Movilidad ya estaba previsto por la Ley de Ingresos que fue aprobada por el Congreso, por lo que la institución sólo aplica lo que decidió el Congreso, por lo que el Instituto no puede ni cobrar más, ni menos. “Ya estaba estipulado, pero así va a quedar. No le hagan caso a las redes”
Según dijo “siempre hay voluntad del gobernador Bonilla de oír a la sociedad y solamente nos presiona la justicia y la razón. Ustedes son dueños de manifestarse, de hacer marchas, lo que sea, y hay libertad absoluta, pero con nosotros siempre tienen las puertas abiertas, siempre habrá diálogo franco. Seguramente habrá momentos en que no coincidamos con cosas, pero siempre lo diremos con los ojos viendo a la cara”.
Un día antes, Rodríguez Lozano se había reunido con los conductores sin que llegaran a un acuerdo.
El 21 de julio, alrededor de 300 conductores hicieron una caravana desde Plaza 2000 hasta el Centro de Gobierno, en Tijuana, para exigir que fueran escuchados por el gobernador Bonilla Valdez o por Rodríguez Lozano, ya que las mesas de trabajo que se habían instalado con otros funcionarios, entre ellos el director del Instituto de Movilidad, Rafael Echegoyen, habían sido infructuosas.
Ese día Mercado acusó que la autoridad no tenía “apertura para el diálogo” y que sólo quería imponer medidas que afectan a los que menos tienen.
