Durante los próximos días, la caseta de cobro en Playas de Tijuana estará bajo resguardo de la Fiscalía General de Estado (FGE) y no se permitirá a personas que se pongan a botear.
Juan Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal del Estado, acompañado de Hiram Sánchez Zamora, Fiscal Central, Carlos Flores, comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), junto con elementos estatales, arribaron a la caseta alrededor de las 19:30 horas.
Ruiz Hernández informó que se acudió a la caseta para mantener el orden luego que las casetas iban a ser liberadas, principalmente los elementos estatales se iban a enfocar en evitar que personas no se pusieran a “botear”.
“Vamos a cuidar la seguridad, que no se moleste al tránsito, que transiten libremente, que tengan acceso a sus domicilios sin pagar la cuota, mientras se hace una estructura la cual se pueda lograr un mecanismo. Vamos a esperar que se anuncie por parte del Gobierno del Estado cuales fueron las últimas gestiones”, dijo Ruíz Hernández.
Presumió que el próximo acuerdo entre el Estado y Federación será que la caseta se retire 8 kilómetros hacia Playas de Rosarito, a la altura del Centro de Convenciones, pero eso tal vez tardará más tiempo.
A la liberación también acudió Mónica Jiménez, el Fiscal del Estado le informó que era ella quien debía levantar las agujas de las casetas para liberarlas, ya que los agentes estatales solamente estaban ahí para mantener el orden.
“Nuestra lucha empezó desde hace 5 años y medio donde nosotros exigíamos libre tránsito para los residentes del municipio de Tijuana, de la delegación Playas de Tijuana, que tenemos que pagar todos los días para ir y venir a nuestras casas”, dijo la residente.
El 7 de julio Bonilla Valdez tomó la caseta de Playas de Tijuana, sin que se hubiera publicado el decreto, para entregárselas a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Dos días después, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) advirtió una invasión de facultades, así que la Guardia Nacional y a la Secretaría de Marina tomó el control de la caseta, además indicó que el decreto estatal violaba la Constitución de la República Mexicana.
Esto generó agresiones verbales de Bonilla Valdez en contra de la Guardia Nacional y exigió la renuncia de Javier Jiménez Espriú, en ese entonces titular de la SCT, además hubo manifestaciones en las casetas el 9, 10 y 11 de julio.
