Sin la necesidad de investigar el caso, bastará con una denuncia para que se tomen acciones de suspender contenidos. Los políticos se podrían aprovechar para atentar contra la Libertad de Expresión
Los creadores de contenidos para internet enfrentarán multas y procesos judiciales con las reformas realizadas a la Ley Federal de Derechos de Autor que radicalizan las sanciones contra quienes sean acusados de violar los derechos de autor de terceros.
La libertad de expresión tendrá nuevos retos ante las reformas aprobadas en el Senado que implican que los contenidos en internet sean suspendidos o temporalmente dados de baja si un tercero denuncia una violación a sus derechos de autor. La acción será arbitraria y las publicaciones permanecerán suspendidas en lo que dura la investigación sobre derechos de autor, sin necesidad de un fallo judicial.
La organización R3D.mx advierte que los contenidos en Internet deberán ser suspendidos cuando un tercero denuncie que es propietario de los derechos de autor que alguien usó. El usuario que subió el contenido deberá demostrar la propiedad de derechos para reactivar la publicación del objeto denunciado. De ser culpable se han dispuesto multas superiores al millón de pesos.
Lo peligroso para la libertad de expresión se concentra en el uso de fotografías y material audiovisual de políticos que hayan registrado su rostro, imagen y nombre como marca y así pelear jurídicamente que los contenidos en su contra sean dados de baja en lo que el juicio prospera. Se teme que los políticos aprovechen la judicialización de las publicaciones para evitar que los buscadores web arrojen resultados desfavorables para sus carreras al servicio público.
Originalmente, el decreto en la Ley Federal de Derechos de Autor estaba enfocada en el diseño y desarrollo de Hardware y Software para evitar la piratería en México y permitir garantías para las empresas de cómputo para comercializar licencias de programas o de equipos, a fin de mantener un orden entre Estados Unidos, Canadá y México. Originalmente la ley sancionaría a quienes usaran versiones similares, apócrifas o desarrollaran parches para obviar las licencias o alterar equipos para venderlos sin permiso en México. La misma ley pudo adaptarse para contenidos digitales y ahora están en riesgo quienes crean contenido con elementos de producciones de otros, obviando las crestomatías.
El pleito en 2018 entre Televisa y Roku es uno de los que detonó la reforma a la Ley de Derechos de Autor. La televisora mexicana denunció que el dispositivo de streaming disponía de sus canales abiertos y de paga sin un contrato ni regalías. Roku en Estados Unidos se desentendió del caso pues las acciones en México eran desarrolladas por particulares que lograban alterar los dispositivos y clandestinamente cobran mensualidades a sus clientes por liberarles señales internacionales de canales con contenido exclusivo, incluyendo películas, deportes y musicales.
Influencers en redes sociales se han burlado por las consecuencias arbitrarías que tendrá la aplicación a la ley que facultará a los administradores de redes sociales para suspender publicaciones ante la primer denuncia por Derechos de Autor. “Vampipe”, es creador de contenido crítico y humorístico; este miércoles publicó un contenido sobre la diputada federal Nayeli Salvatori que difundió en las redes Tik Tok y Twitter un video musical en el que hace alusión a disparar un arma contra sus compañeros en la Cámara de Diputados. La legisladora poblana se enojó y amenazó con proceder legalmente a lo que Vampipe respondió explicando el caso en 4 pasos: 1- Diputada me bloquea para que no vea sus tuits. 2- Hace un video como disparando hacia los lugares de los legisladores. 3- Con prepotencia exije que borre mi tuit, amenaza echarme la fuerza del Estado (me tiene bloqueado y ni lo veo); 4- No tengo $ para el abogado.
Algunas organizaciones de derechos digitales y asociaciones de comunicólogos y periodistas ya analizan someter recursos de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que prosperen las reformas que ya están vigentes, pues fueron aprobadas para cumplir con las necesidades del nuevo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Ernesto Eslava