La designación de Julio César García Serna como
integrante del Consejo de la Judicatura de Baja
California, tuvo que suspenderse debido a que el
Ejecutivo Estatal -encargado de elegir a uno de los
siete consejeros que integran el órgano colegiado-
se dio cuenta que no cumplía con los requisitos de
elegibilidad, a razón de que el año anterior
ostentaba un cargo de elección popular en el
Ayuntamiento de Rosarito, una de las excluyentes
para ser consejero. La intención del gobierno de
Bonilla era retirar del puesto a Dora Iliana García
Angulo, designada por el ex gobernador Francisco
Vega de Lamadrid, para cumplir el periodo de
cuatro años que concluía en octubre de 2021
El Gobierno del Estado de Baja California reculó en sus intenciones de nombrar a Julio César García Serna como integrante del Consejo de la Judicatura de Baja California, y mantiene en el aire la remoción de Dora Iliana García Angulo, quien fue nombrada por un periodo de cuatro años por el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, cargo que concluiría en octubre de 2021.
La intención de nombrar a García Serna por parte del actual mandatario Jaime Bonilla Valdez, se dio a conocer por medio de un documento filtrado a este medio de comunicación, precisando que a partir del 15 de julio formaría parte del Consejo de la Judicatura del Estado, órgano encargado de la administración y vigilancia del Poder Judicial.
Sin embargo, al parecer descartaron por completo uno de los requisitos establecidos en el Artículo 60 de la Constitución de Baja California para ocupar una silla dentro del órgano colegiado: no haber ejercido un cargo de elección popular el año anterior a la fecha de designación.
En el último párrafo del artículo arriba mencionado dice lo siguiente:
“No haber ocupado cargo de elección popular, ni haber ocupado cargo de dirigencia de algún partido político, o haber sido titular de una dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal, o Consejero de la Judicatura, durante el año previo a la fecha en que deba ser nombrado”.
Julio César García Serna formó parte del VIII Ayuntamiento de Rosarito -encabezado por la entonces panista Mirna Rincón- como regidor integrante de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del que es consejero estatal del Distrito 8. De dicho cargo se separó hasta el 30 de septiembre, cuando la administración concluyó, por lo que solo podría ser elegible a partir del primero de octubre de este año.
Pese a que su nombramiento ya estaba firmado y que el propio García Serna ya tenía prevista una reunión con el magistrado presidente Salvador Ortiz Morales para el día lunes 20 de julio, se dio reversa a su ingreso al darse a conocer este requisito incumplido.
Durante la semana, magistrados y consejeros consultados confirmaron desconocer cómo procedería el Gobierno del Estado ante esta situación, puesto que tenían conocimiento que ya se había pedido la renuncia a Dora Iliana García Angulo, de quien fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron, sostuvo un encuentro con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno el 22 de julio para intentar dar solución a este tema.
DORA ILIANA PIDIÓ PERMISO: ORTIZ MORALES
Durante la sesión del Consejo de la Judicatura realizada la mañana del jueves 23 de julio, la consejera Dora Iliana García Angulo no se presentó a su función, como tampoco García Serna, por lo que su espacio quedó vacío.
Al inicio de la sesión, el propio magistrado Ortiz Morales comentó brevemente que le había otorgado un permiso para ausentarse de sus funciones, pero no precisó mayores detalles ni los consejeros se atrevieron a preguntarle.
Sin embargo, durante la misma sesión -la cual se realizó a través de la plataforma digital Zoom– hubo un pequeño debate entre varios integrantes, iniciando por el juez consejero Julio Javier Baleón Zambrano, toda vez que su compañera García Angulo sería la encargada de realizar un proceso de evaluación a aspirantes a ocupar el cargo de magistrado.
Aquí se generó una confusión, toda vez que hay gran urgencia porque se lleven a cabo los procesos de evaluación de los candidatos, y al parecer ya no contaban con Dora Iliana, por lo que pretendían pasar el tema a otro consejero. Pero ni Baleón o César Holguín Angulo, integrantes de la Comisión de Carrera Judicial, podían realizarlo porque el orden de prelación ubicaba a Dora Iliana como la siguiente, y Holguín recientemente llevó a cabo un proceso de evaluación. Las magistradas Sonia Mireya Beltrán y Columba Amador Guillén, se negaron a cumplir con esa responsabilidad debido a la carga de trabajo que comenzarán a tener en próximos días con la apertura del Poder Judicial.
Esto deja claro que -por lo pronto- no se podrá contar con Dora Iliana García para desempeñar el cargo que le confirió el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid en 2017, con la venia de la ex procuradora Perla del Socorro Ibarra, de quien era secretaria particular en ese entonces.
HABRÁ QUE VER SI GOBERNADOR TIENE FACULTADES DE REMOCIÓN EN EL CONSEJO: OBED SILVA
El abogado Obed Silva dudó sí el gobernador realmente tiene facultades para remover a la consejera de la Judicatura que designó, o si esta decidió renunciar por su propio interés
Según el Artículo 49 de la Constitución de Baja California, el gobernador tiene la facultad de designar a un consejero, pero no establece la figura de remoción como tal, por lo que su cargo es independiente del Poder Ejecutivo.
Silva, conocido abogado del Partido Revolucionario Institucional, aseguró que los términos designación y elección son muy diferentes, pues la elección sería por medio de un procedimiento originado en un proceso de sufragio, mientras que la designación es de carácter libre.
Sin embargo, reconoció que el nombramiento de un consejero, independientemente de la situación, debe regirse por los lineamientos establecidos en el Artículo 60 de la Constitución, y por ende, el nombramiento de García Serna sería irregular, pero tendría que recurrirse legalmente.
“Sí no reúne, no puede ocupar el cargo, y sí lo ocupa es nulo y, por lo tanto, sus actos también. Eso se tendría que reclamar legalmente ya que no opera en automático”, refirió el abogado.
Respecto a si el cargo de consejero de García Serna también es impedimento, consideró que dependería del partido, puesto que en el PRI la asamblea es el máximo organismo y se considera un cargo de dirigencia de manera explícita.
Sobre la ausencia de Dora Iliana García, Obed Silva comentó que habría que ver en qué condiciones se dio el permiso que solicitó, puesto que si es de carácter indefinido, el gobernador podría hacer uso de sus facultades y designar a un nuevo integrante del Consejo. De lo contrario, este quedaría incompleto con la posibilidad de desempatar cualquier votación por medio del voto de calidad del presidente.
Referente al mensaje cruzado que envía el gobernador al cambiar consejero, pese a que su intención es desaparecer el órgano administrativo del Poder Judicial, el abogado argumentó que Bonilla Valdez está obligado a cumplir con sus atribuciones, y aunque su intención sea desaparecerlo, tiene facultades para realizar nombramientos.
Agregó que la desaparición del Consejo de la Judicatura podría ser un acto positivo, siempre y cuando no sea una ocurrencia, puesto que actualmente se ha convertido en botín político en el que trafican influencias en el Congreso o se acomodan amigos o allegados por parte del Poder Ejecutivo, aunque se debe garantizar que el órgano que lo supla, cumpla con las necesidades y proyecciones que se tienen en beneficio de la impartición de justicia.
