El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, previó que su administración no ganará la controversia constitucional que interpuso la Federación contra del decreto estatal para cancelar el cobro de la caseta de Playas de Tijuana. No obstante, el mandatario insistió en que se retire a los elementos de las fuerzas federales que resguardan esas instalaciones de la Autopista Federal Ensenada-Tijuana.
En la conferencia matutina, de este 22 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su administración interpuso la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y advirtió que no se puede permitir que un decreto estatal invada facultades que corresponden a la Federación.
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Al señalar que no coincidía con la decisión de su “amigo” el gobernador bajacaliforniano, AMLO expuso el riesgo de que “ahora que vienen las elecciones” otros gobernadores emitan decretos para que no se cobre en las casetas de Capufe o del sistema federal, o para que no se cobre el IVA. “Eso no se puede, no es conmigo, es con la ley”, afirmó el político tabasqueño quien aseguró que será el Poder Judicial quien decida sobre este caso.
Sobre ello, Bonilla Valdez indicó: “se va a ir a los tribunales y ya sabemos que en la Suprema Corte pues no lo vamos a ganar, porque ahí yo no gano ni una, pero no le hace, la lucha se hace”, para luego asegurar que “ninguna ley debe estar sobre los derechos de los residentes o de los seres humanos”.
“Lo que queremos nosotros y dijimos nosotros desde el principio es que no se le cobre a los residentes. Tengo entendido que el presidente de México está de acuerdo en eso. Lo que dijimos nosotros es que movieran esa caseta. Tengo entendido que el presidente también nos ha expresado que está de acuerdo”.
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Lo que dijimos nosotros es que retiraran las fuerzas armadas porque ahí porque no hay necesidad y tengo entendido que el presidente está de acuerdo. “Entonces para qué tanto brinco si está tan parejo el piso”, dijo Bonilla Valdez, aunque reconoció que él no ha hablado con AMLO sobre el tema.
Al final de su mensaje matutino el mandatario estatal presentó el video de las declaraciones de López Obrador de manera fragmentada para hacer comentarios entre las partes que iba mostrando.
Al referir que el presidente quitó el cobro a toda una carretera en Colima “sin mayor trámite”, Bonilla dijo: “entonces yo le digo a mi amigo: amor con amor se paga y es un reconocimiento que le hago a él de ser una persona que está muy al tanto de sus compromisos. Siempre he dicho los compromisos se hacen para cumplirse y ese compromiso se hizo con esa comunidad”
Dijo que hay una negociación entre la Fiscalía de Baja California y el gobierno federal, incluida Capufe, porque el posicionamiento del mandatario estatal es que la concesión por 40 años, que se dio durante el último año de gobierno del presidente Felipe Calderón, en 2011, “se dio bajo algunas cosas no muy claras”, ya que no se tendría que haber otorgado después de la concesión dada en 1965.
Pese a que aseguró que no había ni un solo policía en la caseta (el 12 de julio) cuando personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina retomó esas instalaciones, Bonilla volvió recriminar la acción. “Por eso reprueba la fuerza, la represión, lo que hicieron en la caseta. Yo sé que él no está de acuerdo con eso. Por eso le pido al presidente que retire las fuerzas armadas de una caseta de vigilancia que no es mayor problema para la seguridad, para tener ahí 80 elementos, 40 patrullas, 3 tanquetes. Tener a la Marina. Es rudeza innecesaria”.
Según Bonilla Valdez lo que debió hacer la Federación es presentar su controversia constitucional y que se vea en los juzgados, en vez de usar la fuerza bruta.
Aunque otros gobernadores y muchísima gente apoya a AMLO, “no va a tener gente que simpatice más y que lo quiera más que en Baja California. Aquí se ha demostrado con las votaciones, y aquí se espera que se cumpla. En más de una manera la gente tiene muy presente la imagen del señor presidente, ha venido muchas veces, y lo que ha prometido lo ha cumplido, espero que esto también se cumpla”.
Bonilla Valdez remató diciendo que esperaba que entre hoy y mañana el presidente resuelva el asunto, “yo sé que lo va a hacer”.
El 7 de julio Bonilla Valdez tomó las instalaciones de la caseta de Playas de Tijuana, sin que se hubiera publicado el decreto, para entregárselas a la Fiscalía General del Estado. Dos días después, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) advirtió una invasión de facultades, y la Guardia Nacional y a la Secretaría de Marina retomaron el control de la caseta.
Desde el 9 de julio, el mandatario estatal recriminó que la Federación haya recuperado la caseta y prometió que el tema se iba a resolver “a favor del pueblo, no de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”. E incluso exigió la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.
Luego de tres días de protestas en las que manifestaron aventaron, entre otras cosas huevos y tomates podridos a la caseta y quemaron una piñata del titular de la SCT; Bonilla Valdez aseguró que AMLO estaba “tomando cartas en el asunto. Entonces les dejo ese mensaje, no se preocupen. Esto es cuestión ya de días. El agua llegó al cuello, y el señor presidente estuvo fuera unos días cuando este operativo se llevó a cabo, y hoy ya dio instrucciones, cuando menos esas son las noticias que me dieron a mí, de que este asunto se tiene que resolver porque fue un compromiso de él. Pero él me está pidiendo, que les pida a todos los ciudadanos, que no incurran en la violencia”.
“Lo de la caseta (de Playas de Tijuana) se va a resolver, y se va a resolver a favor del pueblo, no de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, afirmó el 12 de julio pasado.
CASETA Y SEGURIDAD
En la columna Sortilegioz, de la codirectora de ZETA, Adela Navarro, refiere que análisis recientes de las corporaciones policíacas, han determinado que el puerto de Ensenada, entendiendo por este al puerto de carga y a la ciudad de Ensenada, está controlado por el Cártel de Sinaloa, particularmente por el ala que dirige desde la clandestinidad Ismael “El Mayo” Zambada García.
De Rosarito hacia Tijuana, incluyendo Puerto Nuevo y el área conocida como Popotla, la maneja criminalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación y lo que queda de la organización criminal que en su momento lideraron los hermanos Arellano Félix.
Aunque la droga mayormente la trasiegan por la zona marítima, pues el Cártel de Sinaloa la recibe en el puerto y la trafica en lanchas rápidas hacia el norte de Baja California y los Estados Unidos, mientras el Cártel de Sinaloa descarga en zonas como Popotla y Rosarito y también con la utilización de naves marítimas la distribuye en esta y la vecina frontera, un experimentado policía reveló que 20% de la droga transita por la carretera de cuota. Incluida la caseta de cobro de Playas de Tijuana, que el gobernador Jaime Bonilla Valdez había tomado por decreto, para entregarle la estructura de la caseta a la Fiscalía General del Estado, que dirige Guillermo Ruiz Hernández.
La columna señala que Policías del centro del país estiman que las ganancias por el uso del tramo carretero para el paso de la droga, ascienden a 50 millones de dólares por semestre. Y que el paso de Rosarito a Tijuana, considerando que la droga entró por Ensenada, Popotla y puntos marítimos intermedios, es utilizado por todos los cárteles que concluyen en esta parte del país, particularmente por los de Sinaloa y Jalisco.
Por eso dicen que entregarle la carretera al Gobierno del Estado de Jaime Bonilla para que este la ceda a la FGE no es lo más conveniente. Temen que los cárteles establezcan acuerdos con autoridades locales, aprovechando que retirarían a la Guardia Nacional y a la Policía Federal para utilizar con mayor libertad la Carretera Escénica de Rosarito a Tijuana para el tráfico de droga.
La semana pasada, funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, acordaron visitar Baja California teniendo como tema principal la carretera y la caseta de Playas de Tijuana a Rosarito, especialmente la seguridad y la presencia de los cárteles en la zona.
“No les parece en el Gobierno Federal que el gobernador de Baja California no haya solicitado únicamente el cese en el cobro de la caseta de Playas, sino que quiera adjudicarse 18 o 19 kilómetros de carretera federal, en la cual transitan lo mismo turistas y ciudadanos, que criminales organizados”, reveló la columna publicada en la edición impresa de ZETA, de la semana del 17 al 23 de julio de 2020.
