La denuncia fue interpuesta por la asociación civil Legalidad y Transparencia Sudcaliforniana (LETRAS A.C.), la cual considera que Daniel Gallo Rodríguez, quien se encuentra en operaciones como presidente del Tribunal de Justicia del Estado, está usurpando funciones públicas al cumplirse su periodo al frente de la institución.
Arturo Rubio Ruiz, representante legal de LETRAS A.C., informó a ZETA que Gallo Rodríguez ya cumplió tres periodos al frente del Tribunal, que es necesario que se nombre a un nuevo titular; sin embargo, los mismos magistrados han mostrado una actitud contradictoria.
“A solicitud de la asociación, revisamos la actuación de quien ilegalmente ejerce el cargo del presidente del Tribunal; el cargo solo tiene una duración de tres años, entre los magistrados que integran el Tribunal eligen a uno en una sesión secreta. A quien denunciamos es a Daniel Gallo Rodríguez”, afirmó Arturo Rubio Ruiz.
La denuncia fue interpuesta la mañana de este martes 26 de mayo, quedó resguardada bajo el expediente LPZ/2722/2020/NUC ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y su Judicialización.
En los hechos, Daniel Gallo Rodríguez fue designado como magistrado del Tribunal por el Congreso del Estado el 13 de octubre del 2011, por un periodo de hasta seis años.
El 25 de septiembre del 2017, el Congreso del Estado aprobó el procedimiento de reelección para un segundo periodo constitucional como magistrado de seis años más.
Sin embargo, también fue elegido como presidente del Tribunal el 18 de enero del 2012 y reelecto para un segundo periodo el 4 de abril de 2014; en abril del 2017 fue reelegido para un tercer periodo como titular del Tribunal de Justicia y concluyó en abril de este año.
“Él ejerce el cargo de presidente del Tribunal en enero del 2012; de acuerdo a la constitución, él debió dejar el cargo en 2015 porque solo puede ser electo para tres años, sin embargo, fue reelecto y vuelto a reelegir. Es decir, los magistrados encargados de respetar la constitución y hacerla respetar, la violaron sistemáticamente; su segunda reelección concluyó en abril del 2020. A partir de abril de este año él ya no puede ejercer el cargo”, lanzó Rubio Ruiz.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur en su Artículo 95 señala que:
“El Tribunal Superior de Justicia del Estado funcionará en los términos que lo determine la Ley Orgánica. El Tribunal, en escrutinio secreto, en la primera sesión que se celebre durante el mes de abril del año en que se haga la designación, nombrará entre los magistrados al que será presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Este durará tres años en su cargo”.
La Asociación Civil LETRAS A.C. consideró que los magistrados y el actual presidente del Tribunal, se escudan entre la pandemia y la decadencia en el Congreso del Estado para seguir con el mismo presidente.
“Escudándose en la pandemia, continúa ejerciendo como magistrado, cobrando como magistrado, ostentándose como magistrado. Eso no puede ser. En el punto de vista legal es un delito que se denomina usurpación de funciones. Se aprovecha que el gobernador está distraído en la lucha por el Fonden, por la pandemia. Y que el Congreso está peor, están enfrascados en una lucha interna entre dos fracciones, queriendo controlar los recursos y las comisiones del Congreso”, dijo el representante legal de LETRAS A.C.
Rubio Ruiz informó que es la ciudadanía la que debe denunciar estos actos de corrupción; es por ello que se tuvo que llegar a estas alturas de denunciar el abuso de poder que ejercen desde los magistrados a la justicia de la entidad.
Denunció que lamentablemente la “justicia es ciega”, pues a su criterio, cuando los propios servidores públicos encargados de aplicar la justicia son quienes la violan, lo que genera que los sudcalifornianos estén en estado de indefensión.
La sociedad organizada, en este caso LETRAS A.C., serán los encargados de atacar toda clase de corrupción y falta de transparencia en el actuar de los servidores públicos, que la Ley se respete.
“Concluyó el 3 de abril; a partir de ese momento él debió dejar la oficina, debieron reunirse los magistrados y elegir a un nuevo presidente, que no podía ser él; nombrar a un nuevo presidente de entre los que integran el pleno, y no lo han hecho porque no han querido. En abril se reunieron tres veces para suspender las actividades y para suspender los plazos procesales”, manifestó Arturo Rubio Ruiz.
La denuncia fue aceptada por la Procuraduría General de Justicia del Estado y dichas autoridades esperan que se pueda resolver la situación y así poder contar con servidores públicos que respeten las leyes y sean aptos para juzgar, respetar y aplicar la Ley.
