Derivado de la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Federal de Competencia (COFECE), el ministro Luis María Aguilar Morales, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó este lunes 29 de junio, suspender todos los efectos y consecuencias de la nueva política energética de la Secretaría de Energía (SENER) del Gobierno Federal.
“Procede conceder la medida cautelar para el efecto de que se suspendan todos los efectos y las consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, publicado en el Diario Oficial [de la Federación] el 15 de mayo de 2020, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto”, resolvió Aguilar Morales.
La suspensión otorgada por el Máximo Tribunal del país estará vigente por el tiempo en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación necesite para decidir si fallará a favor de la COFECE. Asimismo, es de efecto general, por lo que aplica para todos los participantes del mercado eléctrico.
“Con lo anterior, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que la concesión de la suspensión traerá como efecto que se sigan aplicando las disposiciones que prevalecían con anterioridad a la emisión del acuerdo impugnado”, indicó el ministro.
“[…] de manera que la medida cautelar concilia, por un lado, la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y, por otro, el respeto a los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país”, agregó Aguilar Morales, en referencia a la Política de Confiabilidad expedida por la SENER en 2017, que es la que debe seguir aplicando.
El ministro dio 30 días hábiles a la SENER para que conteste y podrá impugnar esta suspensión ante una de las salas de la SCJN, cuyo Pleno resolverá sobre la legalidad de la Política de Confiabilidad, lo que puede tomar más de un año, aunque el Ejecutivo Federal puede solicitar trámite prioritario, que de ser aprobado, reduciría a unos meses el tiempo para que se dicte sentencia de fondo.
Además, la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, acumula con esta, 72 solicitudes de amparo, por parte de empresas privadas y organizaciones civiles, sobre todo ambientalistas.
El pasado 22 de junio, la COFECE anunció que interpuso una controversia constitucional contra las medidas publicadas por la SENER, con el objetivo de que la SCJN determinara si la institución federal, cuya titular es Rocío Nahle García, tiene la facultad de emitir una regulación que ignore las facultades del organismo antimonopolios.
Esta es la tercera suspensión que se dicta para detener las medidas contenidas en la política publicada por la SENER, ya que En las últimas dos semanas, dos jueces en materia de competencia concedieron la medida a las organizaciones ambientalistas Defensa Colectiva y Greenpeace.
La COFECE presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que, con la publicación de esta política, la SENER rebasó sus facultades e invadió la esfera competencial del organismo presidido por Alejandra Palacios Prieto.
El ente antimonopolios considera, también, que la política de la SENER elimina la posibilidad de que el mercado eléctrico opere en condiciones de competencia, ya que compromete el acceso no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, dificulta la entrada de nuevas compañías al mercado, dando ventajas sólo a algunos participantes.
“El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector”, detalló la COFECE.
“Ello porque la Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista”, abundó el organismo.
“[…] asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica”, indicó la Comisión Federal de Competencia.
La política de confiabilidad fue publicada por la SENER el pasado 15 de mayo pasado, sin pasar por el proceso necesario ante la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), al buscar ampliar el uso de centrales eléctricas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar los permisos para plantas eólicas y solares.
Así como modificar algunos de los procedimientos llevados a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). La SCJN también desechó este lunes una petición de controversia constitucional presentada por el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, que buscaba frenar las últimas medidas del Gobierno federal en el mercado eléctrico.
-Con información de El Financiero y Reforma.
