El ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva criticó que los alcaldes de Tijuana, Mexicali y Ensenada hayan dejado correr el plazo de 30 días para votar la reforma que permite a diputados, munícipes, síndicos y regidores buscar la reelección sin solicitar licencia al cargo, pues con el vencimiento de ese término la enmienda se dio por avalada desde el ámbito municipal.
Los alcaldes Arturo González (Tijuana), Marina del Pilar Ávila (Mexicali) y Armando Ayala (Ensenada) tuvieron hasta las 00:00 horas del sábado 13 de junio para someter el dictamen correspondiente a la consideración de cabildo de manera que se votara en contra o a favor.
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Con todo y haber sido notificados para proceder en consecuencia, se abstuvieron de convocar a sesión.
En cambio, las alcaldesas de Rosarito y Tecate, Araceli Brown Figueredo y Olga Zulema Adams respectivamente, atendieron a esa solicitud, de modo tal que en ambas localidades se votó el asunto. En el caso de del V Municipio, la votación fue a favor, mientras que en el Pueblo Mágico, en contra. La reforma requería de la anuencia de por lo menos tres Ayuntamientos, por lo que con la abstención González, Ávila y Ayala más el aval del cabildo rosaritense, tuvo suficiente margen de aprobación.
Zambrano Grijalva calificó la maniobra como un “desaseo” y estimó que da margen para analizar la presentación de medios de impugnación.
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El proyecto legislativo se aprobó el 20 de abril en sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, durante la cual la propuesta del diputado sin partido Miguel Ángel Bujanda procedió sin un debate de por medio. Posteriormente se aprobó en calidad de dictamen el 11 de mayo, justo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la reforma para extender el mandato del gobernador Jaime Bonilla Valdez, tema que cobró preponderancia en medios masivos.
“Todo el desaseo que hicieron con la reforma (sobre la elección consecutiva), al vaporazo y luego la manera en que la procesaron en los municipios, hicieron que corriera el plazo para que aplicara la afirmativa ficta, eso tiene su filo para ser estudiado y recurrido”, informó quien fuera líder de la corriente partidista Nueva Izquierda (también conocida como Los Chuchos, en razón del liderazgo que Zambrano compartía con su tocayo Jesús Ortega).
Según acusó, el decreto “introduce un sentir de desigualdad en la competencia de los demás candidatos que no tienen un cargo público”.
A decir del perredista, el partido del sol azteca valora la posibilidad de interponer específicamente una Acción de Inconstitucionalidad contra la enmienda a los artículos 16, 78 y 80 de la Constitución local.
“Tratándose de reformas que impactan lo electoral los partidos políticos, las direcciones, tienen, tenemos la facultad expresa para interponer recursos, Acciones de inconstitucionalidad, que sería lo correspondiente en este caso, con la idea de que se eche abajo esta (denominada) ‘ley gandalla’”, manifestó.
“Acabo de hablar con compañeros de la dirección del partido, Ángel Ávila entre ellos, para pedirles que se estudie, se valore la posibilidad de interponer un recurso”, en el ánimo de evitar “las condiciones de una competencia desigual para Baja California”, recalcó.
“Estrategia política” y “dolo”
En cuanto al plazo que tenían los alcaldes para convocar a sesión edilicia, el Congreso del Estado hizo circular un oficio a partir del 27 de mayo en el que estableció que los plazos y términos de los trámites internos y externos continuarían suspendidos hasta el 30 de junio (por motivo de la propagación del COVID-19), lo que implicaba que el término para que los cabildos sesionaran no estaría corriendo, sino a partir del 1 de julio.
En atención a esa circular, el presidente municipal de Tijuana, convocó a los ediles del XXIII Ayuntamiento para el martes 16. Sin embargo, la reforma no se discutió en vista de haberse enviado a comisión para su revisión. De cualquier manera, ese mismo día la modificación a la ley apareció publicada en calidad de decreto (núm. 74) en una edición especial del Periódico Oficial del Estado.
El Secretario General del PRD en Baja California, Omar Sarabia, refirió a ZETA que la circulación del oficio constituyó “una estrategia política”, emprendida “con dolo”, pues González Cruz quiso “confundir, engañando o chamaqueando, a los regidores de Tijuana porque (el documento) fue solamente interno”, lo cual quiere decir que “nunca fue una declaratoria del Congreso que se haya publicado (en el POE)”.
Quien se desempeñara como regidor en el XXI Ayuntamiento de Tijuana (encabezado por el priista Jorge Astiazarán Orcí) asentó que “el artículo 112 de la Constitución de Baja California establece 30 días para que los Ayuntamientos se pronuncien a favor o en contra de las reformas”.
Deploró que que el alcalde haya el presentado punto a tratar en la sesión del martes para todavía retirarlo con la justificación de enviarlo a comisión, cuando “conocía perfectamente que el término ya había fenecido”.
En ese sentido reiteró “ya no había forma de cómo lo votaran porque ya se aplicaba la afirmativa ficta (darse por hecho por vencimiento de plazo) al no haberse pronunciado en tiempo y forma a dicha reforma”.
Finalmente asumió que con ello “sólo se verán beneficiados quienes quieran reelegirse en el cargo, impidiendo una igualdad de circunstancias o un piso parejo a la hora de competir y de ir a solicitar el voto de los ciudadanos”.
