El abogado Adolfo Solís Farías advirtió que la reducción a tres años de la siguiente gubernatura en Baja California, pudiera traer como consecuencia la destitución de los legisladores que aprobaran la iniciativa impulsada por el Grupo Parlamentario de Morena así como su consignación ante un juez.
En rueda de prensa virtual y como representante legal del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no se puede manipular la Constitución para modificar los periodos de gobierno, ello a propósito de la resolución del máximo tribunal emitida el 11 de mayo y referente a que la actual administración debe ser de dos años y la próxima de seis, tal como quedó establecido con la reforma electoral de 2014.
El proyecto encaminado a modificar la duración del próximo gobierno estatal de manera que en 2024 la elección de gobernador se empate con la de presidente de la república, será sometida a votación del pleno de la XXIII Legislatura mañana miércoles 10 de junio.
A propósito, Solís Farías refirió que el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, habrá de verificar “si se cumplió o no se cumplió” el fallo sobre la no modificación del periodo y en caso de darse cuenta de “que manipularon la Constitución”, aplicará lo previsto en los artículos 105 y 107 de la Carta Magna, en el sentido de que “aquel que viole la sentencia va a ser destituido, separado del cargo, y consignado ante un juez de distrito”.
De modo que si los diputados de la XXIII Legislatura de BC pretenden manipular la Constitución tienen como obstáculo esos artículos constitucionales, además de el 46, alusivo a la revisión del cumplimiento de sentencia, resumió.
La conferencia fue auspiciada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional del Congreso local, Rodrigo Otáñez Licona, así como por organismos empresariales.
Los Presidentes del CCE en Ensenada y Rosarito, Carlos Ibarra y Rafael Crosthwaite, así como el de la Canacintra-Tijuana, Francisco Rubio, coincidieron en que en lugar de concentrarse en temas de índole política como la iniciativa reduccionista, el Congreso habría de estar impulsando medidas en aras de salir de la crisis de salud y económica (ocasionada por la propagación del coronavirus COVID-19). En tanto que el presidente de la Coparmex en Mexicali, Rodrigo Llantada, hizo un llamado a los legisladores locales “a que paren este intento de agravio a la Constitución”.
Rodrigo Otáñez Licona, emanado del Partido de Baja California, adelantó que en lo particular se pronunciará en desacuerdo con el dictamen en cuestión (elaborado por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, encabezado por el diputado de Morena, Juan Manuel Molina).
“El día de mañana vamos a votar en contra de esa iniciativa”, expuso el legislador.
La diputada del Partido Acción Nacional Eva María Vázquez, a su vez intervino para posicionarse en el mismo sentido y de paso hablar a nombre de su correligionaria, Loreto Quintero: “El día de mañana por supuesto el voto de la fracción es en contra”.
Finalmente, la senadora del Partido del Trabajo, Alejandra León, quien también figuró como participante, recordó que ella presentó un exhorto la semana pasada para que los diputados locales se abstengan de proceder con la modificación del periodo. Sostuvo que el dirigente nacional de esa fuerza política, Alberto Anaya, está al tanto del proyecto legislativo y manifestó que ella en lo personal espera que el diputado local del PT, Julio César Vázquez, voté en contra la iniciativa.
