A partir de este 23 de junio de 2020, la empresa Rappi suspendió operaciones en Baja California debido a las “sanciones desproporcionadas” a los choferes y repartidores que no cumplan con las nuevas reglas de permisos del recién creado Instituto de Movilidad Sustentable y Transporte.
En un comunicado, Rappi señala que el decreto publicado ayer en el Periódico Oficial del Estado sobre el decreto 77 que aprobó el Congreso local “impone penas a los choferes y empresas que no cuenten con los permisos expedidos por el Instituto referido, llegando al exceso de incluir penas carcelarias”.
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“En Rappi estamos analizando con detenimiento la situación y aquellas acciones de la ley nos brinda para la defensa de los intereses de nuestros aliados, nuestros usuarios y los repartidores”, señaló.
Asimismo, Rappi aseguró que es una empresa que opera con estricto cumplimiento a las leyes de todos los estados y países en los que desarrolla sus actividades. “No obstante, nos parece que imponer penas carcelarias a la actividad económica es una acción que atenta a los principios constitucionales y representa una acción desproporcionada por parte del gobierno estatal”.
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Agregó que México y Baja California atraviesan momentos difíciles derivado de la pandemia del coronavirus en los que Rappi ha tomado acciones decididas para contribuir a que la población permaneciera en casa al tiempo que la economía se mantenía en marcha, por lo cual, la empresa lamentó la situación, misma que espera resolver pronto.
