La suspensión de actividades en el Poder Judicial de Baja California ha agravado el rezago de expedientes que se tenía previo a la pandemia por COVID-19 además de tener en condiciones de precariedad a litigantes. Con todo y que la reanudación de labores se contempla para el 1 de julio, abogados reclaman que eso no resuelve la situación, pues pudiera tratarse de un reinicio parcial. Jueces coinciden en se pudo haber aplicado medidas precautorias a fin de agilizar la reapertura
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El cierre de juzgados de lo civil y lo familiar en Baja California, decretado desde el 17 de marzo ante el brote de coronavirus COVID-19, ha concurrido a que sigan sin desahogarse miles de expedientes que obran desde entonces en carácter de acumulados, además de poner en desventaja económica a abogados litigantes, lo mismo que a ciudadanos con derecho a la impartición de justicia.
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Durante los más de tres meses que lleva la suspensión no se han celebrado audiencias. Tomando en cuenta que por cada juzgado que hay en Tijuana se celebran aproximadamente 6 diarias, según calculó un juez, y que desde que se decretó la suspensión han transcurrido 66 días hábiles (de acuerdo con el calendario del Poder Judicial), por los 14 juzgados que permanecen cerrados en la localidad (civiles y familiares) existe un aproximado de 5 mil 544 audiencias pendientes de celebrarse. Ello habrá de sumarse a las que se habían programado previo al cierre de instalaciones.
Además, jueces y personal del Poder Judicial han estado trabajando desde casa, abocados a la elaboración de más expedientes, de los cuales en algunos casos debe fijarse fecha de audiencia.
Abogados consultados por este semanario mencionaron que con la reapertura de los juzgados, la cantidad de asuntos a resolver será avasallante.
“Antes de la pandemia nos encontrábamos en un rezago serio dentro de los juzgados y familiares. Como resultado del cierre de los juzgados en materia civil, en materia mercantil y en materia familiar, salvo en casos urgentes, estamos ante el colapso del Poder judicial de Baja California. No vemos que con la reapertura de los juzgados programada para este 1 de julio, podamos estar ante una justicia pronta y expedita tal como lo establece nuestra Constitución”, asentó el ex presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana, José Hans Zamorano.
De acuerdo con el profesionista, por cada juzgado se acumulan entre dos mil y 3 mil asuntos al año, cuando el estándar debería ser de mil, además de que existen casos rezagados desde 2015.
“Históricamente lo que hemos visto es que hay una sobrecarga de trabajo tanto en materia civil como familiar y no se diga también en los penales, entonces esta sobrecarga se va a ver agravada sin lugar a dudas por este periodo tan extendido, de suspensión de actividades con motivo de la pandemia del coronavirus”, comentó a su vez el líder del colectivo Proyecto 2021, Carlos Atilano Peña.
Al tiempo que la suspensión entorpece la impartición de justicia, ha causado estragos al bolsillo de quienes únicamente cuentan con el litigio como fuente de sustento, a grado tal que ya agotaron los recursos de que disponían una vez que los órganos del Poder Judicial dejaron de operar físicamente.
Zamorano Dueñas y Atilano Peña lamentaron que la reanudación de litigios se haya postergado en distintas ocasiones y que cuando ya se tenía previsto que procediera a mediados de junio se hubiese vuelto a aplazar para el 1 de julio.
José Hans Zamorano, Presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas
“Hemos tenido varias reuniones con el presidente del tribunal superior (Salvador Juan Ortiz Morales), los colegios de abogados para efectos de exigirle la reapertura”, mencionó Zamorano, quien afirmó que aunque el reinicio se llegue a dar en la fecha prevista, “no vemos que podamos estar ante una justicia pronta y expedita tal como lo establece nuestra Constitución.
A decir del entrevistado, “antes de la pandemia, teníamos las audiencias hasta después de 4 meses de haberse solicitado. Ahora con esos tres meses que llevamos suspendidos vamos a hacer que las audiencias nos van a estar señalando de 8 meses a un año”.
Por otro lado, Atilano Peña, manifestó: “Cómodamente magistrados, consejeros, jueces, secretarios y actuarios, dijeron vamos a cuidarnos; está bien, pero el tema eran 30 días, pero tienen mes y medio diciendo que van a aperturar los juzgados y no lo hacen. Entonces hemos visto que ellos están muy cómodos porque reciben su sueldo, su salario, a pesar de que no están trabajando, pero quienes estamos sufriendo por un lado somos abogados litigantes y por otro, los justiciables, el ciudadano común”.
El último cambio de fecha quedó establecido en un documento firmado el 12 de junio por secretaria general de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia en funciones de secretaria general del Consejo de la Judicatura, María Dolores Moreno Romero.
El 23 de junio, Moreno Romero firmó otro texto en el que se establecieron modificar “medidas dictadas por el propio Consejo”. El escrito establece que en “materia familiar, el Tribunal Electrónico iniciará su funcionamiento a partir del 1 de julio del presente año en los partidos judiciales de Ensenada, Playas de Rosarito y Mexicali, incluyéndose los juzgados mixtos de San Quintín, San Felipe, Guadalupe Victoria y Ciudad Morelos”.
Mientras que en Tijuana y Tecate, “el Consejo de la Judicatura continuará con los trabajos de equipamiento y preparatorios que sean necesarios para la adecuada implementación del Tribunal Electrónico”.
En los ámbitos civil y mercantil, ese Tribunal tampoco empezaría a funcionar en la fecha indicada, lo cual aplica para los cinco partidos judiciales.
Atilano Peña se manifestó en desacuerdo con esa disposición y consideró que la reactivación debería ser plena y simultánea.
“Aparentemente van a abrir con la firma electrónica pero nada más en tres ciudades y no es para llevar la totalidad de los asuntos, que es otro de los grandes temas que tenemos nosotros como pendientes”, expuso.
Conforme a esa disposición, “van a permanecer cerrados los juzgados”, interpretó y añadió que “en otras de las consideraciones, ya no te dicen cuánto (permanecerán cerradas las instalaciones), sino de manera indefinida”.
El litigante presentó un recurso el 24 de marzo ante un juez de distrito en turno en materia de amparo y juicios federales, bajo el argumento de que la impartición de justicia “no puede ser prohibida por una pandemia”, toda vez ese derecho “en ningún momento se puede suspender”.
Carlos Atilano Peña
Sobre el instrumento presentado en conjunto con los abogados Reyna Ramírez Oropeza y David Alejandro Monroy Macías, el entrevistado comentó: “esperemos, como es la práctica jurídica, que en dos o tres días, lo acuerden, de tal manera que nos digan cuál va a ser el sentido de la admisión del amparo y la suspensión. Esperemos que la suspensión sea de plano en donde se ordene la apertura inmediata de los juzgados o bien ver si ordenan algunos protocolos en materia de salud”.
Atilano Peña subrayó: “lo más importante el derecho al acceso a la justicia pronta y expedita por parte de la sociedad, que está contemplado en el 17 Constitucional”.
Para Alejandro Rivero Huerta, del despacho Rivero y Asociados, es comprensible que la suspensión de actividades obedezca a una “situación de salud”. De cualquier modo, el hecho de que la reanudación se haya venido postergando “ya empieza a afectar mucho un derecho humano que es el acceso a la justicia”, observó.
Sobre los amparos que se han presentado (opción de la que se ha valido el Colegio de Abogados Emilio Rabasa), presumió que es probable que “van a tener esa negativa por parte de los jueces de distrito, que digan no por ‘no’ por la cuestión de salud”.
Explicó que el estado se caracteriza por seguir a la federación y se habla de que en ésta el cierre de instalaciones se extenderá “hasta el 15 de julio”.
Protocolo de salud
El presidente del colegio Emilio Rabasa, Sergio Alberto Carvajal Franchini, estimó que con el acuerdo emitido para que el 1 de julio entre en funcionamiento el Tribunal Electrónico en Ensenada, Rosarito y Mexicali, no queda claro si procederían a la par las diligencias a realizarse de manera presencial. De cualquier modo asentó que para ello primeramente la Secretaría de Salud en el estado tiene que expedir un protocolo.
De ahí que en el curso de una reunión que alrededor de 10 colegios sostuvieron con el gobernador, Jaime Bonilla Valdez, el miércoles 24, Carvajal Franchini y colegas suyos le solicitaran que la Secretaría de Salud expidiera un protocolo de seguridad, cuya inexistencia es “lo único que detiene al Tribunal para empezar a funcionar”.
El abogado expresó que así como la dependencia estatal ha emitido ese reglamento para la operación de bares y restaurantes, debe emitirlo para la reactivación de los juzgados.
“Los jueces aquí en Tijuana, con los que he platicado están en ceros, es decir, no tienen carga de trabajo ahorita, no tienen ninguna promoción pendiente de acordar, no tienen ninguna sentencia, están prácticamente en ceros, sin embargo, como el Consejo de la Judicatura, ellos se escudan en que aún no ha emitido un protocolo la Secretaría de Salud, no lo puede emitir el Consejo de la Judicatura solo, el Poder Judicial, porque entonces los restaurantes y los bares cada quien haría su propio protocolo, es una cuestión de sentido común”, abundó.
‘¿Es todo lo que ocupas?’, fue la supuesta reacción del gobernador. “Sí”, se le habría enfatizado al político tijuanense. De forma tal que al día siguiente, jueves 25 de junio, sostuvieron otra reunión, en la que participaría el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, quien a decir del abogado, se comprometió a emitir el reglamento en cuestión máximo en tres días.
Sobre el Tribunal Electrónico, Carvajal Franchini mencionó: “Yo quiero entender, no estoy del todo seguro, porque no es claro, si van a estar escaneando también los escritos, las demandas, las contestaciones, los escritos de prueba, eso es lo que tengo duda porque según yo, no tienen ese equipo”, compartió.
Sergio Carvajal Franchini, presidente del colegio Emilio Rabasa. Foto: Alejandro Gutiérrez Mora / ZETA
El 18 de junio el Consejo de la Judicatura emitió “una convocatoria pública para licitar la adquisición de” 425 equipos de cómputo, 60 impresoras así como material diverso “a fin de atender las necesidades inmediatas de la comunidad jurídica y así fortalecer las áreas que permiten el uso de tecnologías de la información”.
La recepción de propuestas correría por espacio de una semana, con la finalidad de que “a la brevedad posible” se encontraran “las condiciones para emitir el fallo”.
El Poder Judicial informó que con esa adquisición se pretendería atender a la necesidad de “mejorar las condiciones en las que se presta el servicio al justiciable, al ofrecer un servicio más ágil en lo concerniente al Tribunal Electrónico”.
A propósito, Carvajal advirtió que “no está del todo regulado lo que es el Tribunal Electrónico”, motivo por el cual “el Poder Judicial del Estado de Baja California, le está pidiendo un exhorto (al Congreso de la Unión)” en el ánimo de que reforme un transitorio para que los Congresos de los estados puedan reformar (en materia de la implementación de juicios electrónicos), en lo que el Legislativo federal emite el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de manera que se pueda regular esa modalidad de justicia (electrónica).
De acuerdo con el abogado, “aproximadamente 20 estados de la república estuvieron reformando de forma ilegal sus códigos (en ese sentido), sin contar con facultades para ello”.
Rezago y presupuesto
La jueza décimo de lo civil María de Lourdes Molina Morales reconoció que una vez que el personal del Poder Judicial se reincorpore a sus espacios habituales de trabajo, que “en el tema de las audiencias y las notificaciones”, se va a complicar, por que “habría que hacer una logística” adecuada, “para que se pueda sacar adelante bien”.
También estimó que en materia de audiencias va a haber complicaciones “por lo de la sana distancia” que hay que guardar en vista de que el semáforo de riesgo de contagio de COVID-19 en Baja California se encuentra en rojo. A decir de Molina Morales, “los espacios del juzgado no dan”, por lo tanto “esas cuestiones se tiene que ver cómo se van a solventar”.
Admitió que la suspensión de actividades presenciales obedeció a la precisión de evitar los riesgos de transmisión de la enfermedad respiratoria, al igual que el aplazamiento de la reapertura de juzgados. Sin embargo, consideró que el derecho a la salud no se debió haber ponderado sobre el relativo a la justicia, de manera que se cerraran los recintos adscritos al Poder Judicial. En todo caso debió haberse hecho valer los dos, implementando para ello medidas para evitar el riesgo de contagio.
“Lejos que haya una colisión de esos derechos humanos, deberían complementarse, y entonces ver la manera de cómo puedan subsistir, sin poner en riesgo la vida, la salud, pero tampoco poner en riesgo el sustento (que da la impartición de justicia) porque para tener salud ocupas patrimonio”.
En cuanto a la acumulación de casos a la que ha concurrido el cese de actividades, otro juez consultado sostuvo que el retraso en materia de resolución, también tiene que ver con la falta de presupuesto para el Poder Judicial. “Somos el patito feo de los Poderes”, manifestó.
A su modo de ver, falta financiamiento para construir más salas de audiencia.
Lamentó que para este 2020, lo etiquetado para el Poder Judicial hayan sido mil millones de pesos, tal como quedó establecido en el dictamen número 52 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la XXIII Legislatura de Baja California.
A decir del jurisconsulto, cuando el Poder Judicial había solicitado dos mil millones de pesos, sólo se le concedió la mitad, lo cual equivale a lo mismo que recibió el año pasado. De manera que desde su punto de vista “te dan presupuesto para operar pero no para crecer”, más aún cuando el 85% aproximadamente “se va en nómina”.
Deploró que cuando un juez federal gana 134 mil pesos al mes además de un bono trimestral equivalente a su sueldo, los jueces locales perciben 58 mil pesos por el mismo periodo.
Sobre la suspensión de labores reconoció que en vista de las carencias en materia presupuestal no hay suficiente espacio para operar. “Son cientos de personas las que acuden todos los días a un edificio donde no tenemos salas especiales para las audiencias”. Aunque estuvo de acuerdo en que se pudieron haber implementado medidas precautorias en aras de preservar el derecho a la justicia.
Condiciones de precariedad
Conforme a versiones recabadas por este semanario, pocos abogados se encuentran en condiciones de precariedad ante el cierre de los juzgados de lo civil y lo familiar; la falta de recursos ha llegado a tal grado que algunos litigantes recurren a la solicitud de préstamos. En uno de los casos, el profesional del derecho ofreció en garantía su casa.
También se supo de otro abogado, quien contaba con ahorros ascendentes a mil 500 dólares y actualmente sólo cuenta con 300 dólares o menos.
Los colegios Constitucionalistas de Tijuana y Emilio Rabasa han emprendido acciones para brindar apoyos económicos a miembros de la comunidad litigante y brindar despensas respectivamente, pues después de tres meses y fracción de inactividad, los afectados “ya no tienen ni para satisfacer sus necesidades básicas”. Aunque muchos litigantes “no se acercan por vergüenza o dignidad”.
La situación se catalogó como “crítica”, toda vez que “hay muchos abogados y abogadas que viven de eso nada más, de los asuntos civiles, de los familiares, inclusive de los amparos” y algunos de ellos incluso “ya perdieron su despacho”, lo que supuestamente llevaría a verlos en el marco de la reanudación de actividades “afuera de los juzgados o en los cafés” llevando sus asuntos.
