“No hay misión que no nos ofrezca dificultades y que no hay dificultad
que no pueda ser vencida con energía, voluntad y trabajo”.
-Mario Vargas Llosa
Antes de la actual crisis propiciada por la pandemia del COVID-19, los abogados teníamos una posición relativamente cómoda para el ejercicio de nuestra profesión: citas programadas para consultas en nuestro despacho, agenda que planeaba las audiencias por los diversos litigios que teníamos en los diversos tribunales o en las insufribles fiscalías (tanto federal como estatal), la asistencia a nuestras reuniones de los colegios de abogados a los que pertenecemos, la asistencia para ejercer nuestra actividad docente en las universidades de nuestra comunidad, citar a nuestros clientes a nuestro despacho para firma de diversas promociones que se requerían para impulsar los asuntos que patrocinamos, etc.
Sin embargo, llegó la pandemia, y desde luego, la crisis desatada por la epidemia del COVID-19, que está poniendo a prueba la capacidad de toda la abogacía, al igual -seguramente- que muchas otras actividades (por ejemplo, el ejercicio de la Odontología, Gastronomía). Al momento de escribir estas líneas, la inmensa mayoría de los restaurantes se encuentran cerrados por las disposiciones sanitarias; esto es, existe un enorme reto para adaptarse a las exigencias de este momento.
La pregunta que muchos se plantean es: ¿Cómo ser capaces de mantener nuestro nivel de servicios profesionales? Y, ¿qué nos espera cuando todo esto pase? Unas preguntas sumamente inquietantes.
Por un lado, las múltiples posibilidades tecnológicas disponibles están permitiendo a la mayor parte de las firmas responder al desafío que supone el confinamiento, y dar respuesta a muchas necesidades de los clientes en esta situación.
Recordando que, para nuestro cliente su asunto es el más importante, el de mayor prioridad, y nada le interesa que el abogado o la firma de abogados con la que trabaja tengan otros negocios; y particularmente, en este momento en nuestro país cómo hacer comprender a nuestro defendidos -por ejemplo- que se encuentran privados de su libertad y que no hay audiencias, ni oportunidad de presentar escrito alguno para acelerar su procedimiento, o en los juicios del orden familiar, los de divorcio, pérdida de patria potestad, adopción o los que se tramitan en los Tribunales Civiles como los juicios testamentarios, los ejecutivos mercantiles, etc.
¿Podremos como abogados, a través de nuestras firmas profesionales, ser capaces de mantener nuestro servicio de atención, eficiencia y resultados?
Hace poco tiempo tuve la oportunidad de dar lectura a un interesantísimo trabajo, que publicó en un diario de circulación nacional el extraordinario jurista mexicano Miguel Carbonell, y en que hace referencia a estas inquietudes que hoy tenemos todos los profesionistas que ejercemos el Derecho.
Ciertamente, como con antelación lo mencioné en la apertura de esta reflexión, la pandemia del COVID-19 implica para todos los prestadores de servicios un nuevo reto; y si a eso sumamos la indiferencia y desprecio que tanto Tribunales Federales como los del Estado de Baja California han ejercido ante su negativa de aperturar los Tribunales y brindar el servicio público de justicia que le niegan, no solo a los litigantes, sino en general absolutamente a toda la ciudadanía.
En estos momentos no es fácil proveer los estragos de esta crisis. Lo cierto es que tendremos que establecer nuevas estrategias en nuestras diversas actividades, profesionales, comerciales, etcétera; esto es, que nos tendremos que adaptar a la situación provocada por la inactividad económica, y desde luego por el confinamiento de la población en sus hogares.
En este sentido, el principal objetivo de las firmas de abogados, médicos, odontólogos, etcétera, será por supuesto, intentar sobrevivir y continuar prestando los servicios por medio del trabajo a distancia. Tendríamos que ser honestos con estos y reconocer que muy pocos despachos estaban suficientemente preparados, tanto en términos de organización, como de recursos tecnológicos y de cultura.
Benigno Licea González es Doctor en Derecho Constitucional y Derecho Penal. Fue presidente del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A. C.
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