De los más de 160 amparos que se presentaron durante las primeras semanas del año contra los impuestos a hidrocarburos propuestos por el gobernador Jaime Bonilla Valdez y avalados por la mayoría morenista del Congreso del Estado, 124 ya se encuentran listos para presentarse a más tardar en julio, cuando los Juzgados comiencen a laborar nuevamente. Mientras tanto, el sector ya anunció que no pagará la carga tributaria que se hizo oficial el 1 de mayo. Para el economista Enrique Ruvirosa, el gobierno morenista está reprobado porque crear tasas impositivas en tiempos de crisis, deriva en menor recaudación y afecta a la ciudadanía
La “pandemia” de amparos prometida por el sector gasolinero de Baja California se está materializando y, de las 160 demandas interpuestas contra el primer impuesto ambiental que grava los hidrocarburos, 124 ya están listas para presentarse entre finales de junio y principios de julio, cuando los Juzgados federales reactiven la impartición de justicia.
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El periodo de contingencia originada por la enfermedad COVID-19 provocó que gran parte de la labor en los Juzgados se paralizara, por lo que ha resultado imposible iniciar la batalla legal. Sin embargo, ya anunciaron que lucharán contra la reforma y se negarán a pagar los primeros dos meses del impuesto que ya está en vigor, además de que no se ha podido recurrir por el cierre de los Juzgados.
Contextualizando, todo se originó el 30 de diciembre de 2019, cuando el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, y su secretario general Amador Rodríguez Lozano, presentaron al Congreso una modificación a las leyes de Hacienda e Ingresos del Estado para el ejercicio 2020 -que ni siquiera estaban publicadas-, la cual creaba un gravamen para la venta de combustible de primera mano. Argumentando que la iniciativa buscaba reducir el impacto ambiental generado por los automóviles, la administración bonillista pretendía recaudar 700 millones de pesos en un año, con la consigna de que un porcentaje fuera utilizado para la reducción de contaminantes atmosféricos.
En abril de este año y aprovechando el periodo de pandemia, los diputados locales sesionaron a puerta cerrada para aprobar el Dictamen 65. Con 15 votos a favor de la mayoría morenista y de sus aliados, derogaron los impuestos aprobados en diciembre sustituyéndolos por unos nuevos con diferente composición, pero con el mismo fondo: mayor carga tributaria al sector.
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Los diputados Juan Manuel Molina y Monserrat Caballero defienden que dichos impuestos no serían trasladados a los ciudadanos, debido a que establecieron una cláusula que lo impedía. Sin embargo, para los abogados Omar Caballero Ulloa y Luis David Castellanos Borruel, socios de la empresa CR&C Consultores Fiscales, una carga tributaria de este tipo podría trasladarse a otras áreas para no reducir la utilidad del sector gasolinero, que -aseguran- no es muy holgada.
Pleitesia a Jaime Bonilla
Este despacho jurídico especializado en materia de hidrocarburos, es el encargado de llevar el 85% de los amparos que se interpondrán contra las nuevas imposiciones fiscales que se volvieron obligatorias desde hace poco más de un mes, pero que ninguno ha sido cobrado.
Caballero Ulloa aseguró que dichos amparos tienen por lo menos nueve argumentos sólidos contra los nuevos impuestos.
Por su parte, el especialista en materia económica Enrique Ruvirosa dijo que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez está reprobado en ese sector, pues implementar nuevos gravámenes durante periodos de crisis, solo reduce la recaudación general, lo cual es un principio de la economía sumamente básico.
LA BATALLA LEGAL CONTRA EL “GASOLINAZO”
Omar Caballero Ulloa y Luis David Castellanos Borruel, socios en CR&C Consultores Fiscales, se unieron a otra firma llamada Sasaki Flores y Asociados, SC para representar a prácticamente todo el sector gasolinero en esta batalla legal.
En entrevista con ZETA, ambos doctores en Derecho comentaron que a finales de junio se resolverán los amparos contra los primeros impuestos que entraron en vigor en enero y lo más probable es los Juzgados federales les den reversa, puesto que la intención del gobierno y el Congreso del Estado con la creación de nuevos impuestos, era precisamente remendar los errores cometidos en la iniciativa de diciembre.
“El primer impuesto era más burdo, gravaba la venta de la gasolina; si tú ves la Ley que se emitió en enero, el legislador local tiene la gracia de identificar los elementos del impuesto, estos son impuesto, sujeto, base tasa o tarifa; como objeto del impuesto ellos gravan la enajenación de gasolina. Era muy evidente e insisto, ya de una forma más maquiavélica, se pusieron a pensar ‘cómo le damos la vuelta a este tema’”, narró Castellanos Borruel.
El primer intento del gobierno por imponer la carga tributaria, pretendía que fuera del 2.5% por cada litro vendido, lo que era directamente un impuesto a la gasolina, siendo facultad exclusiva de la Federación. Sin embargo, ahora la tasa impositiva es para las emisiones del mismo.
El abogado comentó que la iniciativa presentada es prácticamente una copia deformada de un impuesto presentado en 2017 en el Estado de Zacatecas, el cual está vigente y es precisamente en las modificaciones realizadas por el Ejecutivo y el Congreso donde radica la ilegalidad.
Agregó que hay una premisa básica de las cargas fiscales en materia ambiental en prácticamente todas las leyes en la materia del mundo, y es que los daños al ecosistema deben ser pagados por quienes lo realizan y no por sus proveedores, por ende, ese gravamen debería ser cargado al ciudadano.
El segundo punto radica en la Ley de Coordinación Fiscal Federal, que en su Artículo 10-C, habla sobre los impuestos que pueden generarse en el ámbito local en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) -donde estaría incluida la gasolina- y que no están reservados para la Federación y el Congreso de la Unión, según el Artículo 73 de la Constitución.
Acorde con dicha Ley, aunque intentaran incluir a la gasolina en este supuesto, la carga tributaria forzosamente debería ser del 4.3%, y no a través de un monto discrecional establecido en cuotas, como los 0.17 centavos por cada kilo de emisión de contaminantes, lo que representaría -según el tabulador de la iniciativa- entre 30 y 40 centavos por cada litro de gasolina, aproximadamente y dependiendo del producto.
Sin embargo, el cálculo proporcionado por el despacho arriba mencionado es de 15 pesos por cada 40 litros de combustible, esto es, en promedio una semana de un trabajador común. Evidentemente resultaría aún más complicado para una empresa que utiliza los traslados como una actividad prioritaria en su negocio.
El último punto destacado entre los argumentos del amparo sería que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha emitido sentencias para definir al tema de hidrocarburos como algo exclusivo para la Federación.
En antecedentes, lo relacionado a los productos derivados de petróleo son un área muy especializada y así lo consideran los ministros al momento de emitir sentencia.
Según Castellanos Borruel, no es la primera vez que intentan otorgar facultades a los estados para crear impuestos a los productos derivados de petróleo y en todos los antecedentes se ha dado un rechazo por parte de la SCJN, como en el caso registrado en 2007, cuando el Congreso de la Unión intentó dotar de facultades a las entidades federativas para gravar los combustibles y los ministros dieron marcha atrás por este mismo argumento.
Por estar características, el abogado consideró que muy probablemente verán a la contaminación que generan como un ente relacionado directamente a los combustibles.
Para ejemplificar lo que el Congreso local intenta hacer con este impuesto, refirió que es como si impusieran un gravamen a la compra de hamburguesas, pero para desviar la atención, se lo agregaran al papel que se tirará una vez que se termina la hamburguesa.
El propio abogado reconoció que una estrategia para burlar las leyes federales para crear un impuesto como este podría realizarse, pero rechazó tajantemente que este proyecto en específico tuviera esa capacidad.
“Si me preguntas si hubiera otras vertientes en las que el legislador pudiera recurrir para que el impuesto pudiera ser posible, sí podrían. Sin embargo, estamos analizando una situación actual, real y, en las condiciones en que se publicó la reforma, para nosotros no es compatible”, refirió el doctor en Derecho.
Por último, criticó lo que a su juicio es una gran falla de práctica legislativa para constituir un impuesto de esta naturaleza.
GOBIERNO DE BONILLA, REPROBADO EN MATERIA ECONÓMICA: RUVIROSA
El ex presidente del Colegio de Economistas fue muy claro: el gobierno de Jaime Bonilla Valdez está reprobado en materia económica.
A su juicio, los errores que está cometiendo son de “libro de texto”, puesto que la premisa básica en la materia para combatir las crisis es no crear nuevos impuestos, ya que las consecuencias de ello son precisamente la reducción de la captación de recursos, debido a que las personas prefieren conservar su dinero para cuestiones de primera necesidad, o bien, ahorrar para una eventualidad.
“No están recaudando por muchas razones, en épocas de crisis lo último que hace es pagar impuestos, es una situación de reacción normal, la gente debe tener liquidez, existe una alta preferencia de liquidez, tener dinero a la mano para la contingencia que se pueda presentar y lo último es pagar impuesto; no sacan licencia, placas, no pagan Predial, el agua. Lo extienden lo más posible, simplemente lo extienden lo más posible para tener el dinero a la mano”, describió.
Enrique Rivorosa
Si bien un incremento a los combustibles impactaría directamente a la inflación, el especialista no pudo determinar la gravedad, ya que se han creado otros impuestos, aunado a que la desaceleración económica a causa del coronavirus a nivel mundial, al parecer será más grave que la registrada en 2008 y 2009.
Justamente las restricciones derivadas por la pandemia han golpeado severamente a los gasolineros del Estado, pues según Rubén Márquez, representante del sector en Mexicali, se han registrado pérdidas de hasta 60% en la venta de combustible durante los últimos meses. Esto se debe a que las personas reducen su tránsito por las prohibiciones propias del aislamiento, por lo que en la actualidad el sector está muy comprometido, pues -aseguran- las ganancias de cada estación no son altas y gran parte del valor del combustible se va al pago de impuestos.
El abogado Luis David Castellanos Borruel precisó que el combustible tiene cuatro impuestos entre el IEPS y el IVA, por lo que ahora se le agregaría un quinto que es el “gasolinazo” de Jaime Bonilla. A esto se agrega la incertidumbre generada por el propio gobierno, debido a actos como el periodo de duración de la actual administración estatal y ahora las intenciones de modificar el próximo mandato, los cuales generan dudas en los grandes capitales para invertir en Baja California.
Estos factores -asegura Ruvirosa- en gran medida son los responsables de la explosión de precios en varios productos, sobre todo los alimentos, donde pueden verse incrementos del 8 al 40%, según sus estimaciones.
Lo peor es que ni desde el Congreso ni del Ejecutivo estatal, se ve un interés por solucionar los verdaderos problemas de gasto público del gobierno, y prefieren crear y formar leyes que se contraponen con las necesidades del Estado.
“No traen un conocimiento de lo que se tiene que hacer, es una ignorancia en materia económica, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Son peleles que no someten al consenso de las partes afectadas, no hay un acercamiento con los afectados”, sentenció el experto.
