De acuerdo con reportes oficiales enviados por autoridades locales a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Ciudad de México, y publicados en la página oficial entre el 1 y 26 de mayo de 2020, en Baja California se cometieron 115 asesinatos. Sin embargo, al contabilizar las víctimas en el análisis de medios realizado en la Capital de país, los homicidios aumentaron a 172. El problema es que ambos números son inexactos.
Conforme a una consulta realizada por ZETA con diversas fuentes de información del área de seguridad en Baja California, la realidad es que las muertes violentas en el mencionado periodo suman 219 cadáveres, del total de mil 121 ejecuciones que suma el año en curso.
Esto significa que tratándose de mayo, o el Gobierno del Estado está reportando números falsos, o la Secretaría de Seguridad federal los está registrando de manera errónea. Cualquiera que sea el caso, la cifra oficial de muertos publicada por la Federación es 47% menor a la real.
Hasta antes del 1 de noviembre de 2019, a tirones y jalones pero la información fluía, por lo menos la referente a la estadística de los homicidios y los avances en las investigaciones de este delito. Aunque ciertamente los éxitos fueran mínimos, porque el anterior gobierno registró una efectividad reconocida de apenas el 20% en resolución de carpetas.
La inseguridad y la violencia homicida generada por los cárteles de la droga no fue parte de la opacidad que caracterizó a la anterior administración estatal de Francisco Vega de Lamadrid, que hoy enfrenta denuncias penales por actos de corrupción que sustrajeron millones de pesos de las finanzas estatales.
A la llegada del licenciado Juan Guillermo Ruiz Hernández como fiscal general de Baja California, el acceso diario a la incidencia delictiva se fue reduciendo a la prensa hasta bloquearse, y los números de muertes violentas, órdenes de aprehensión ejecutadas o delincuentes sentenciados por diversos delitos se empezaron a ocultar. Nada de estadísticas que permitan a la opinión pública llevar la cuenta, comparar y evaluar el trabajo de la fiscalía.
Hernández asegura que no se trata de un bloqueo informativo, porque todos esos datos los daría a conocer él personalmente en un reporte mensual. No estableció fecha, dependería de la agenda y disponibilidad del fiscal, pero en febrero y marzo se hicieron los días 5 de mes.
La información pública respecto al último informe data del 5 de marzo en Mexicali, donde el funcionario expuso que los homicidios habían bajado de 241 en octubre, a 189 en marzo. Que en cuatro meses sumaban mil 853 órdenes cumplimentadas, 406 cateos, 51 sentencias condenatorias y las judicializaciones habían aumentado un 5.2%.
Después, con el pretexto del coronavirus, nada se informó durante abril y mayo.
A partir de entonces, las actividades públicas del fiscal parecen concentradas en acciones cívicas o de relaciones públicas, a pesar de que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado delimita sus responsabilidades claramente a investigar y perseguir los delitos; ejercer la acción penal; procurar la reparación del daño de las víctimas; adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a testigos y otros sujetos procesales; intervenir en el proceso de ejecución penal; intervenir en las acciones de extradición activa y pasiva; intervenir en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales; y ejercer sus funciones en materia de Seguridad Pública de conformidad con lo dispuesto en la legislación federal y estatal correspondiente.
En efecto, mientras en la FGE continúan negándose a proporcionar estadística diaria de la incidencia delictiva, cuando se ha esperado por más de dos meses por el próximo informe del licenciado Ruiz, el funcionario sigue dedicado en gran parte a reunirse con representantes de los sectores o recibir donaciones de despensas y de equipo médico, mismas que después reparte o envía a agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación para su distribución.
Sí, el fiscal fue a México a pedir le asignaran otros 200 policías de la Guardia Nacional, y estuvo presente en las tomas de protesta de los nuevos directores de Policía en Ensenada y Tecate, viajes que aprovechó para “coordinar acciones por la seguridad en estos municipios donde la violencia ha hecho crisis en los dos meses de pandemia”.
Pero la falta de información impide a la opinión pública medir el impacto de la coordinación y las acciones, particularmente cuando el único dato disponible es la incidencia general que, aprovechando el caos generado por la pandemia, se han empezado a esconder las cifras públicas diarias de muertos y lesionados. La prueba más evidente de lo afirmado es la falsa estadística de muertes violentas en Baja California publicada a diario en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional.
Ciertamente, las cientos de muertes provocadas por COVID-19 son de importancia capital, pero no pueden ser usadas como excusa para dejar de cumplir con las obligaciones legales, que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la FGE, en su Artículo 7 incluye “…garantizar el acceso a la información pública generada en el marco de sus atribuciones”.
