“Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”, ordena en su punto 32, la resolución 1/2020 emitida el 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También ordena a los estados, abstenerse de restringir el trabajo y la circulación de las y los periodistas que cumplen con el objeto de informar y monitorear las acciones del Estado, y no discriminar a la prensa por línea editorial
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Sin embargo, durante tres meses de pandemia, contados a partir del 17 de marzo, cuando se reportaron los primeros dos decesos por coronavirus en Baja California, ZETA ha solicitado de manera reiterada y sin tener repuesta de la Secretaria de Salud y del Gobierno del Estado:
* El registro de los muertos por coronavirus fuera de los hospitales
* Cantidades de equipo médico comprado
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* Equipo médico donado
* Número de ventiladores adquiridos y donados
* Personal médico del sector salud contagiado
* Trabajadores de maquiladoras contagiados
Estos temas, por mencionar algunos que se han solicitado desde esta redacción por la vía oficial.
La respuesta de la autoridad a la petición siempre es sí, pero la información no llega. Y cuando abordan esos temas en las video presentaciones, las cifras no son precisas o no coinciden con la información aportada por el personal que está luchando en primera línea contra la pandemia.
El gobierno informa todos los días del coronavirus, sí, pero con las estadísticas que ellos proponen y de manera unilateral.
A pesar de lo planteado por la CIDH, la información no se puede reclamar ni por la vía oficial del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California (ITAIPBC), porque a partir del 17 de marzo, el pleno suspendió los plazos y términos de las solicitudes de trasparencia.
Esta opacidad informativa solo habrá de ser sancionada con alguna multa, en caso que así lo determine la verificación trimestral del ITAIPBC a la información publicada por los sujetos obligados, la cual se realizará a finales de junio, prácticamente cuatro meses después del inicio de la pandemia.
Para combatir esta ausencia de transparencia, que afecta “el derecho a la vida y la salud”, un grupo de abogados apoyaron la solicitud de amparo 297/2020-11 que el 29 de abril promovió Rosario Cota para que las solicitudes de transparencia relacionadas con la pandemia se respondieran en los tiempos marcados por la Ley. Pero la impunidad sigue porque la carpeta continúa en proceso, en el escritorio del Juez Séptimo de Distrito en materia de Amparo, Carlos Gutiérrez López.
Bajo esa sombra de impunidad, la obligación de comunicar con claridad de la evolución de la pandemia tiene tan sin cuidado al secretario general de Gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, que ordenó a Paloma Alegría, directora del Registro Civil del Estado de Baja California, prohibir a los oficiales de los registros civiles y funcionarios de los municipios libres, proporcionar información. La justificación fue la contingencia de la enfermedad COVID-19.
ZETA publicó una copia del escrito el viernes 5 de junio. Esta vez la instrucción coercitiva fue por escrito y llegó el 26 de mayo, después que la oficial del Registro Civil de Tijuana informara que la mortalidad en el municipio había incrementado un 72% comparada con el año anterior.
Primero les recordaron a los oficiales que solo están facultados para hacer constar hechos relacionados con el estado civil de las personas, como si muertos no fuera un estado civil. Después les ordenaron “abstenerse de proporcionar cualquier información”, porque cualquier dato de los registros solo sería proporcionado por la Dirección del Registro Civil, la Secretaría General de Gobierno o la Secretaría de Salud, lo que no ha sucedió en tres meses de pandemia.
Desde la primera semana de marzo, en diversas ediciones, ZETA había publicado las estadísticas oficiales de los registros civiles respecto a las muertes que se han inscrito como “sospecha de COVID”, neumonía atípica y otras enfermedades respiratorias -muertes inciertas que el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, se comprometió a descartar como casos SARS-CoV2 a través de pruebas, pero aún no ha sucedido-. Esos datos se han dado a conocer junto con los reportes detallados de la Secretaría de Salud, con la finalidad de que los ciudadanos tengan acceso a toda la información oficial disponible para tomar las medidas pertinentes ante el contagio, para proteger su derecho a la vida y la salud, pero a partir de la prohibición, ya no es posible.
No conformes, en sus presentaciones del 6 y 7 de junio, el gobernador Jaime Bonilla Valdez invirtió más de 28 minutos para desmentir una nota del periódico Reforma titulada “Esconden en BC cifras de muertos”, en la que también se hizo referencia al oficio de Paloma Alegría. Sin embargo, en el mismo acto, Pérez Rico admitió que en el número de fallecimientos existe una “asincronía técnica” que será solucionada en breve.
En este proceso, Amador Rodríguez Lozano denostó la labor de la oficial del Registro Civil de Tijuana, y Bonilla, el trabajo de la reportera de Reforma, Aline Corpus.
En el primer caso, la oficial Magaly Ronquillo respondió el 7 de junio: “Son totalmente falsos e innecesarios los comentarios y aseveraciones agresivas” del secretario; y en el segundo tema, Artículo 19 exigió al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, “cesar el discurso estigmatizante contra Aline Corpus y cualquier otra persona que ejerza su libertad de prensa…”.
Al final de los desencuentros, los agravios, las recomendaciones, de la publicación de un documento que evidenció el bloqueo informativo, sin importar los resolutivos internacionales, en la administración de Bonilla solo decidieron continuar con su estrategia unilateral de presentaciones en redes sociales, acotando el reporte público a fuentes oficiales que han decidido entregar información incompleta y fragmentada, así como el trabajo de la prensa y afectando el derecho a la ciudadanía a tener la información suficiente que le permita resguardar su salud y su vida.
