El Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Baja California interpuso una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Congreso de local por haber exhortado a este organismo ciudadano a dejar de sesionar, extralimitándose en sus funciones y contraviniendo la ley vigente.
Así lo dijo el presidente del Consejo Ciudadano del SEA, Francisco Fiorentini Cañedo, quien acusó que existe comunicación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo para debilitar el Sistema Estatal Anticorrupción “que está siendo incómodo desde su inicio”.
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Intención que también está plasmada en la iniciativa para eliminar el Consejo de la Judicatura del estado en la que existe una propuesta para modificar el artículo 95, que establecería una nueva configuración del Consejo Ciudadano, de 5 ciudadanos y 11 funcionarios, lo cual sería un “sistema muy cómodo” para el gobierno.
Por lo que, Fiorentini Cañedo advirtió que “hay un esfuerzo sistemático” para desaparecer al SEA actual, primero aniquilándolo para que no pueda sesionar ni sus resoluciones sean vinculantes y después, crear un SEA a modo.
En conferencia virtual, Fiorentini Cañedo recordó que el 14 de enero de 2020, la SCJN determinó como inconstitucional los artículos 16 y 17 de la Ley del SEA, que establecían la posibilidad de que hubiera consejeros “honoríficos” y “técnicos”; sin embargo, la sentencia no ha sido recibida por el Congreso local.
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Por lo que “vemos con muchísima preocupación” que, en una “clara extralimitación de sus funciones”, el Congreso exhorte al Consejo Ciudadano a dejar de sesionar, pese a que la Ley mandata al Consejo Ciudadano a hacer sesiones, cuyas recomendaciones son vinculantes.
“Vemos en la intención de los diputados la intención de dejar de operar al SEA, incluso en el exhorto se refieren a los integrantes ciudadanos que lo componían antes de la declaración de la invalidez legal, es decir, están dando por descontado que ya no lo somos”.
Interpretación que sería incorrecta, dado que la SCJN sólo se habría pronunciado por la inconstitucionalidad de que hubiera consejeros de dos tipos y no sobre la validez de la conformación de este organismo ciudadano.
Refirió que, en la sesión pasada del Consejo Ciudadano que “fue reventada” se iba a hacer un exhorto para que se explicara por qué sólo se cancelaron 4 de las 5 notarías que se otorgaron al final de la anterior administración pese a que el propio Ejecutivo había argumentado que en su otorgamiento había habido corrupción. “La que no se canceló es de un sobrino del ex gobernador Leyva Mortero”.
En esa sesión también íbamos a exhortar a que nos explicarán por qué el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano publicó un video en sus redes sociales en el que acusa al diputado Miguel Ángel Bujanda de haber ofrecido un millón de pesos para aprobar la reestructura del gobierno del Estado no lo denunció penalmente, cuando por ley está obligado a ello.
“El discurso del gobernador Bonilla de ser implacable con la corrupción no es consistente con lo que estamos viendo, ojalá que el ingeniero Bonilla nos callara haciendo una reunión y una agenda de trabajo con el Congreso para mejorar todo lo que se tiene que mejorar”.
Agregó que la SCJN -que por ley la conoce el ministro presidente del máximo tribunal del país- tendrá 15 días para que deje sin efecto el exhorto del Congreso y el decreto del 8 de mayo de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública.
