Al Capitán del Ejército en el retiro y ex Director de la Policía Municipal de Tijuana, Gustavo Huerta Martínez, lo detuvieron el 5 de junio por el delito de tortura. Colaboró con las autoridades de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación y declaró ante el Juzgado Tercero de lo Penal que en 2009, cuando sucedieron los casos de tortura, él no participó. Recibió órdenes del Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública, al mismo que acusó de ser el torturador de agentes municipales
Cuando los policías llegaban, “los ofendía con palabras y en ocasiones con golpes como cachetadas, puñetazos y patadas en diversas partes del cuerpo… observando también a distancia que cuando no lograba obtener la respuesta que deseaba, su enojo crecía, generando mayores agresiones como asfixia por medio de una bolsa, ahogamiento poniéndoles un trapo en la cara y vertiéndoles agua en la cara, generándoles ahogamiento, así como también el uso de una chicharra, el cual es un aparto que se utiliza para dar descargas eléctricas a las personas en diversas partes del cuerpo, en diversas ocasiones”.
Así describió el Capitán del Ejército Mexicano en el retiro, Gustavo Huerta Martínez, en el Juzgado Tercero de lo Penal en Tijuana, las torturas que presuntamente infligía el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, a policías municipales cuando se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Tijuana en el trienio de Jorge Ramos Hernández (2007-2010).
Huerta Martínez fue aprehendido el 5 de junio de 2020 por elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión girada semanas atrás por la jueza Cecilia Maciel López, del Juzgado Tercero de lo Penal. El también ex director de la Policía Municipal se defendió. Argumentó que cuando empezaban las torturas, él actuaba en consecuencia, “retirándome a distancia al no estar de acuerdo en tales acciones, y aclarando que nunca participé directa ni indirectamente en las mencionadas agresiones”.
Con una orden de arresto a su nombre, Leyzaola Pérez, ex candidato en dos ocasiones a la presidencia municipal de Tijuana, está en calidad de prófugo, y por obvias razones, no disponible para declarar a su favor o proveer su versión de lo señalado por el Capitán Huerta. Lo único que se sabe de él es una publicación en su página de Facebook que data del martes 19 de mayo:
“Hoy se hace pública una nota donde se dice que se Libera una orden de aprehensión en mi contra; esto parece un cuento de nunca acabar, he litigado varías veces este asunto tanto en lo administrativo como en lo penal; dos veces me han inhabilitado y dos veces las he tumbado, afortunadamente la justicia administrativa me ha dado la razón y espero suceda lo mismo en esta caso penal; celebro que se haya consignado la Averiguación, porque así se Pone fin a un hostigamiento permanente con cada gobierno que va llegando y se siente amenazado por la posibilidad de pelear conmigo en campaña electoral, ven en la consignación la salvación y tratan a toda costa de evitar esa contienda; primero fué Carlos Bustamante, luego el patas, después Kiko Vega y ahora este gobierno de pillos que como es costumbre tratan de acomodar la ley a sus intereses; solo Puedo agregar que como sucedió en los tribunales administrativos con la inhabilitación, hoy confío ampliamente en la Justicia Penal y espero que como lo hicieron los Señores Ministros de la Suprema Corte, también en este asunto pongan en su lugar a estos Mafiosos que se apoderaron del gobierno bajacaliforniano”, se lee en la red social de Leyzaola.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Julián Leyzaola Pérez.
LAS DENUNCIAS POR TORTURA
En marzo de 2009, varios policías municipales denunciaron cómo fueron detenidos sin orden de aprehensión ni presentación, y posteriormente trasladados a las instalaciones de la II Región Militar en Tijuana, ubicadas en el Aguaje de la Tuna, donde denunciaron haber sido torturados por varias personas, entre ellos elementos del Ejército y quien entonces era secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola Pérez.
En términos generales, 18 policías municipales de entonces, detenidos, encarcelados en el penal de Nayarit y liberados sin elementos para procesar a partir de 2015, presentaron denuncias que llegaron hasta cortes internacionales por actos de tortura cometidos en su contra.
Julián Leyzaola Pérez, sobreviviente de un atentado en mayo de 2015 en Ciudad Juárez, Chihuahua, es señalado por la mayoría de ellos como quien los entregó al Ejército Mexicano y participó en las torturas que padecieron para declarar que servían al Cártel Arellano Félix (CAF) y habían colaborado con los entonces capos Teodoro García Simental “El Teo” (detenido en 2010) y Luis Ramírez Vázquez “El Güero Camarón”, capturado poco antes que los oficiales, en octubre de 2008.
De acuerdo a versiones de la época, Ramírez Vázquez era el encargado de corromper policías para el CAF y para la escisión de esa estructura criminal que encabezaba “El Teo”.
De las investigaciones y entrevistas extraoficiales de “El Güero Camarón”, las autoridades estatales y militares en Baja California elaboraron una lista de policías municipales de Tijuana que servían a los cárteles de la droga. A cambio de dinero en unos casos, de amenazas en otros y de complicidad en unos más, los oficiales referidos proveían de información sobre los operativos contra los narcotraficantes, les facilitaban la huida o el tránsito para el trasiego de drogas y la comisión de otros delitos.
Una de las listas de policías presuntamente ligados a los cárteles, porque hubo varias detenciones similares entre 2008 y 2010, es la contenida en la causa penal 06/2020 contra Gustavo Huerta Martinez, de la cual se generó la orden de aprehensión que lo mantiene, aun en aislamiento, confinado en la prisión.
A grandes rasgos, los policías denunciantes describieron haber sido víctimas de torturas similares, unos con mayor daño infligido, pero todos afectados física y psicológicamente.
El modus fue así:
A los policías municipales, jefes de distrito, subjefes y policías operativos señalados, se les citaba en la Comandancia de la Policía Municipal conocida como “La 8”, normalmente por el entonces director de la Municipal, Gustavo Huerta Martínez, aunque en ocasiones los convocaba algún elemento de la escolta del Teniente Leyzaola.
Una vez cautivos los policías, eran trasladados a las instalaciones del Ejército Mexicano, donde aseguran haber sido torturados durante días.
En uno de los casos, José Roberto Castillo Ortiz declaró que luego que Huerta los entregó al Ejército, los metieron en un cuarto pequeño, donde los hincaron y les pusieron algodones en los ojos, atados con cinta adhesiva; también les sujetaron de las muñecas y, ante las preguntas de qué sucedía, comenzaron a golpearlos en la espalda, en los costados, en las costillas, con la culata de los rifles.
Así fue durante horas, hasta que los subieron a un vehículo que transitó durante quince minutos hasta detenerse y otra persona les indicó que él se hacía cargo. Una vez más los encerraban en una habitación y les gritaban, entre otras amenazas: “No te hagas pendejo, perteneces al Cártel de Tijuana y ahorita te voy a hacer unas preguntas y quiero que me contestes todo”. Más golpes hasta tumbarlo sobre una colchoneta y sentir el peso de una persona sentada en sus piernas: “No te hagas pendejo, dinos quiénes de tus compañeros sirven al Cártel de Tijuana y dan información”. Si respondían no saber, los golpeaban otra vez.
Transcurrieron días hasta que de nueva cuenta lo subieron a un vehículo y lo trasladaron a otra área de las instalaciones militares, “era una sala grande con varios licenciados”, explicó en su denuncia el oficial. Lo sentaron en un banco escolar y le dijeron que le tomarían la declaración. No lo quiso hacer, y la persona encapuchada que lo torturaba lo golpeó y le proporcionó a los licenciados una declaración que llevaba y dijo que era de él, pero como se rehusó, lo volvió a sacar de la sala para llevarlo de nuevo al cuarto donde lo tuvieron un día completo y lo golpearon.
Por varios días fueron víctimas de tortura, sin comer, hasta que los llevaron a un edificio militar a firmar un documento, eran los primeros 40 días de arraigo. No firmaron. Los mantuvieron una semana más en el lugar, sus familias los visitaron unos diez minutos.
Después los trasladaron a otro edificio, donde les dieron a conocer que cumplirían los 40 días de arraigo, hasta que el 7 de mayo de 2009, cuando los subieron a un vuelo que los llevó a Mazatlán, Sinaloa, donde permanecieron por un día antes de salir a Nayarit. Allí los esperaban policías federales preventivos para llevarlos a reclusorio. Por lo menos estuvieron seis años en ese lugar, hasta que fueron absueltos de los cargos que se les imputaban.
En la denuncia también aparecen oficiales que refieren la tortura directamente por parte de Julián Leyzaola, tal como lo describió en su declaración Gustavo Huerta. Golpeándolos, dirigiendo las torturas, pidiendo a gritos que los policías entregaran a otros oficiales coludidos con el narcotráfico. Otros detenidos recuerdan haber identificado la voz del Teniente Coronel mientras eran golpeados. “Pregúntele bien, porque ese es jefe de operativos”, refirió uno que ordenó Leyzaola a sus torturados.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón
Entre los policías denunciantes aparecen:
* José Roberto Castillo Ortiz
* Víctor Manuel Mesina López
* Maximino García Luna
* Artemio Duarte Martínez
* Jaime Alberto Ávila Flores
* José Carlos Avalos Luis
* Víctor Manuel González Méndez
* José Alfredo Cuevas Higuera
* Jorge Sánchez Reyes
* Salvador Bolaños Sánchez
* Samuel Alonso Ureña Baro
* Ricardo Omar Medina
* Omar Medina
* Manuel Guerrero Flores
* Raúl Delgado Rivera
* Jorge Ernesto Pérez Avendaño
* Luis Alberto Toledo Coello
* Carlos Cervantes Álvarez
LA DECLARACIÓN DE HUERTA
El mismo día de su detención, Gustavo Huerta Martínez declaró:
“Que en el año 2009 tuvo un oficio a la vista girado por la PGR, donde indicaba la presentación de varios elementos policiacos ante el agente del ministerio público federal, en la II Zona Militar, donde le dieron una serie de nombres de oficiales para presentarlo, pero que previamente eran entrevistados por Julián Leyzaola en la 8 y en las instalaciones militares. Observando que al llegar éste los ofendía con palabras y en ocasiones con golpes, como cachetadas, puñetazos, y patadas en diversas partes del cuerpo, retirándome a distancia al no estar de acuerdo en tales acciones y aclarando que nunca participé directa ni indirectamente en las mencionadas agresiones, observando también a distancia que cuando no lograba obtener la respuesta que deseaba, su enojo crecía, generando mayores agresiones como asfixia por medio de una bolsa, ahogamiento poniéndoles un trapo en la cara y vertiéndoles agua en la cara, generándoles ahogamiento, así como también el uso de una chicharra, el cual es un aparto que se utiliza para dar descargas eléctricas a las personas en diversas partes del cuerpo, en diversas ocasiones. En ocasiones le hice saber no estar de acuerdo en la forma de conducirse y obtener resultados, lo cual con enojo me contestaba que él era mi superior y en consecuencia que él tomaba las decisiones y mi trabajo era acatar dichas órdenes, consistiendo mi labor en ubicar a los elementos y trasladarlos a las instalaciones de la II Zona Militar, era solo presentarlos físicamente sin ningún documento de traslado, presentación o puesta a disposición, retirándome por lo general del lugar a menos que el secretario Leyzaola me indicara que permaneciera en él”.
Esta declaración se asienta en el auto de formal prisión, “… se considera una confesión por reunir los requisitos establecidos por el artículo 219 de Código de Procedimientos Penales…”.
Prosiguen:
“Una vez han sido analizados y valorados los medios de prueba consignados, en lo particular y en lo general, se concluye que el cuerpo del delito de tortura se configura en su totalidad conforme lo exige la regla genérica establecida en el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. Lo anterior a partir de lo previsto por el numeral 307-bis del Código Penal que dice: Comete el delito de tortura, cualquier servidor público del estado o del municipio que, por si, o valiéndose de un tercero, que con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión, de inducirla a un comportamiento determinado o de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido”.
De esta manera, la jueza Cecilia Maciel López, del Juzgado Tercero de lo Penal, resolvió “decretar auto de formal prisión en contra de Gustavo Huerta Martínez, como probable responsable del delito de tortura, por el cual ejerció acción penal en su contra el Agente del Ministerio Público”.
