Homologar la legislación local con la nacional, con el objetivo de brindar un espacio equilibrado entre mujeres y hombres que pretendan hacer política en Baja California, fue la exigencia del Observatorio Electoral Ciudadano, donde participan mujeres representantes de diversos sectores.
Rebeca Maltos, quien también dirige la agrupación Gente Diversa, fue una de las voceras del exhorto que presentarán al Poder Legislativo, cuyo objetivo es presionar a los 25 diputados para que doten de mejores herramientas y garantías en materia de paridad en el ejercicio público.
Maltos recordó que el 13 de abril se aprobó en el Congreso de la Unión una reforma constitucional y adiciones a leyes secundarias relacionadas con la violencia política de género.
Más de dos meses después, el Congreso del Estado no ha realizado ninguna acción para homologar las leyes locales con las federales, pese a que tienen como plazo máximo la segunda semana de septiembre, 90 días antes de que inicie el proceso electoral.
Las modificaciones y adiciones se estipularon en la Carta Magna, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de violencia política contra las mujeres y paridad de género.
La reforma más destacada fue elevar la paridad a rango constitucional, no sólo para cargos de elección popular, sino para toda la participación política, por ejemplo, en los gabinetes de gobierno.
“Se propone el lenguaje incluyente, la ciudadana, el ciudadano, ya incluyendo a las mujeres, se define la paridad de género que significa igualdad política entre mujeres y hombres; se garantiza con la asignación del 50 por ciento de mujeres y hombres, en candidaturas a cargo de elección popular, y en nombramientos a cargo y designación. Todos los gabinetes a nivel local, deberán garantizar el cumplimiento de hombres y mujeres”.
También contempla sanciones de 1 a 6 años de prisión y hasta 300 días de multa, para los responsables de la violencia política de género, mismas que se agravan cuando el agresor es un servidor público, y aún más cuando se trata de una fémina que pertenezca a una comunidad indígena.
“En el caso de los partidos obligados en promover la paridad, sí simulan con las prerrogativas, y no hacen su tarea, y reciben una infracción relacionada con el incumplimiento en materia de paridad; se les puede reducir hasta el 50 por ciento de su financiamiento”, refirió Maltos.
Respecto a las acciones de inconstitucionalidad que se presentarán en próximos días contra la modificación del inicio del periodo electoral de septiembre a diciembre, las cuales podrían devolver el proceso a su fecha original, la integrante del Observatorio aseguró que les preocupa este recurso, y las mujeres que se consideren afectadas podrán interponer quejas o amparos para exigir que se respeten sus derechos, ya que la misma ley obliga a que estas reformas estén vigentes para el proceso electoral 2020-2021.
El exhorto que envió el Observatorio Electoral Ciudadano, tiene como objetivo presionar a los legisladores para que lo más pronto posible legislen al respecto, para así facilitar y garantizar la equidad de género en los próximos comicios.
El documento está firmado por Rebeca Maltos y las integrantes del observatorio, Laura Gutiérrez, Brenda Ramírez, Verónica Lara, Mayra López
