Empresarios acusan cobros ilegales de agua

Fotos: Jorge Dueñes
 
Edición Impresa lunes, 29 junio, 2020 01:25 PM

Gobierno de Bonilla no extiende ningún documento firmado por algún funcionario de la CESPT, ni notifica de procedimientos en su contra hasta que les cortan el servicio. Autoridad acusa que los empresarios tienen pagos al corriente, pero los montos no son correctos

Manuel García Soto, director de Fisamex

“De un mes a otro te llega un recibo de agua con una cantidad exorbitante. O de pronto abres el grifo y no sale líquido. Vas a ver el medidor y ya no está. El drenaje también está tapado. Acudes a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y te llaman ‘facinerosamente’ a una mesa de juntas donde está el director de la CESPT, el subdirector o algún alto funcionario.

“Te enseñan una hoja de computadora -sin ser un papel membretado- en la que hay un cálculo que suele ser en millones de pesos, o en miles. Te dicen ‘Usted debe esto en derechos de conexión de agua y drenaje que en su momento no pagó como debió, porque lo dice Fisamex, o porque su medidor estaba alterado y aquí está todo lo que usted debe y pague’, porque si no te han suspendido el servicio, te lo van a cortar en 48 horas, y si ya lo hicieron, no te reconectarán si no pagas.

“No te dan opción de hacer un cotejo de si debes o no. Dices, ‘oye, con qué documentos´, no hay documentos. No existe uno solo que esté firmado por Fisamex o la Comisión. Casi, casi te piden el dinero de palabra”, narraron a ZETA empresarios a los que les han sido reclamados adeudos con la CESPT.

“Aunque el acto es ilegal, algunos se someten porque no pueden parar su producción, ya que eso sería mucho más costoso. Otros lo hacen, para no pelearse con el gobernador”, comentaron los consultados, quienes pidieron el anonimato ante el temor a represalias.

“El gran problema de todos, lo vimos en el Aeropuerto, es el uso excesivo y abusivo de la toda poderosa Coepris”, dependencia que hace inspecciones “una vez que te cerraron el drenaje y te dice ‘huele muy mal’. Ello, cuando lo único que se pide es poder tener la oportunidad de defenderse en un proceso legal”.

Al 19 de junio, la autoridad había abierto 670 expedientes contra usuarios de Tijuana y Playas de Rosarito que -según la empresa Romafam, SA de CV (conocida como Fisamex)- presentan irregularidades que redundaron en la pérdida de mil 433 millones de pesos.

Al cierre de esta edición, jueves 25 de junio, Juzgados en materia de Amparo y Juicios Federales ya habían concedido algunas suspensiones y ordenado a la CESPT reconectar el medidor y suministro de agua potable, así como desbloquear el módulo de drenaje a algunas empresas, según

Analizan despido masivo de empleados de  comisiones de agua potable de BC

 Un despido masivo de empleados de las comisiones de agua de los diferentes municipios de Baja California, prevé la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza, al detectarse que incurrieron en acciones irregulares que motivaron la evasión del pago del servicio de agua potable y drenaje de gran cantidad de usuarios.

La revisión se realiza actualmente en todas las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, a fin de detectar anomalías tanto personal de confianza como sindicalizado, “pertenecen a diferentes áreas, a micromedición, lecturistas, supervisión, obras, construcción, de diferentes departamentos, incluyendo al personal de base”, afirmó Espinoza.

“Sabemos que algunos pueden estar comisionados, otros pueden ser aviadores, otros no están desempeñando bien sus cargos y muchos están ya en carpetas de investigación porque han sido denunciados”, agregó.

Aquellos trabajadores a los que se compruebe que incurrieron en irregularidades, serán denunciados formalmente, “personas ya tienen sus carpetas de investigación y han sido señalados no por uno o dos usuarios, sino por muchos usuarios y se han ido acumulando más”, sentenció la funcionaria.

Tan solo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, “estamos haciendo un análisis de que vamos a tener que despedir a por lo menos cien empleados”, adelantó la titular de la SHFP..

En el caso de CESPT, organismo que administra el servicio de agua potable y drenaje de los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, son más de mil 433 millones de pesos que se dejaron de pagar de manera irregular; para su recuperación, se abrieron más de 670 expedientes, de los cuales 612 ya se encuentran concluidos y se han logrado recuperar alrededor de 430 millones de pesos. En el caso de Ensenada se localizaron nueve mil cuentas que carecen de un expediente para un seguimiento.

Espinoza dijo desconocer si la documentación la sustrajo el personal, o simplemente nunca se elaboró. A pesar de la magnitud de esa irregularidad, no consideró necesario que se tenga que despedir a todos los empleados de la Comisión en Ensenada.

Del organismo de Mexicali, anotó que se tienen quince expedientes analizados y revisados, de los cuales no se han abierto carpetas de investigación.

A la fecha, de los 90 millones de pesos adeudados principalmente por empresas, se han logrado recuperar 45 millones. Isabel Mercado Juárez

resoluciones judiciales a las que tuvo acceso este Semanario.

Sin embargo, según algunas fuentes, el organismo -encabezado por Rigoberto Laborín Valdez estaría desacatando la medida y prefiriendo pagar multas. Según la fracción III del Artículo 262 de la Ley de Amparo, el incumplimiento de la suspensión dictada por los jueces constituye un delito, por lo que la Comisión y su director podrían hacerse acreedores a otras sanciones.

EMPRESARIOS NO PAGAN LO CORRECTO: GOBIERNO

El 20 de mayo, el gobernador Jaime Bonilla Valdez informó sobre las auditorías que a la CESPT hicieron la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) y Fisamex, en las que detectaron  diversas irregularidades por parte de empresas comerciales e industriales, como no haber pagado derechos de conexión de agua o drenaje, o hacerlo por volúmenes inferiores; además de haber encontrado tomas clandestinas y cobros por el suministro de agua por montos equivalentes al consumo de una casa habitación.

De ahí que la titular de la SHFP, Vicenta Espinoza, señalara: “No es lo mismo decir que tienen sus pagos al corriente, a decir que están pagando lo correcto”.

Adelantó que en principio se regularizarán cuentas anómalas en Tijuana, y posteriormente en los demás municipios. En tanto, el socio mayoritario de Fisamex (según consta en el acta de inscripción de la empresa, con Número Único de Documento 201800288542005P, ante el Registro Público de Comercio), Manuel García Soto, expresó a diversas empresas de tener tomas clandestinas.

A la postre, García Soto (quien también se ostenta como director de Fisamex) ha señalado a alrededor de una treintena de empresas con irregularidades a las que se reclama una deuda conjunta de más de 230 millones de pesos (de los más de mil 300 millones que la CESPT habría dejado de recibir)

Una de estas empresas fue el Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez de Tijuana, cuya concesión tiene el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que luego de haber asegurado que no debía lo que Fisamex le calculó por agua no contabilizada (16 millones de pesos), terminó pagando más de 32 millones de pesos el lunes 22 de junio.

Ello, luego que la terminal aérea fuera cerrada por alrededor de 20 minutos tras señalar que un funcionario de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) violentó protocolos de seguridad al ingresar por la fuerza a un área restringida, catalogada como “estéril”, el 17 de junio.

Cartera vencida de CESPT asciende a 5 mil 100 mdp

Al cierre de mayo, la cartera vencida de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ascendió a 5 mil 100 millones de pesos, que corresponden a 409 mil cuentas, que representa el  61.6% de usarios del total (663 mil 279).

Según la paraestatal, “una cuenta vencida es aquella que al primer día de su vencimiento no fue pagada”.

En entrevista con ZETA, Raúl Martínez Velázquez, jefe del Departamento de Atención al Público, comentó que alrededor de cien personas trabajan haciendo la lectura de los medidores, procedimiento que establece el cobro del consumo de agua, aunque derivado de la pandemia por coronavirus, personal que está dentro del grupo vulnerable o es mayor de 60 años de edad no ha podido trabajar haciendo las lecturas, por lo que, desde este mes, la empresa Laser Especializados, SA de CV comenzó a colaborar en esa tarea.

Actualmente, de los siete distritos operativos que hay en Tijuana y Playas de Rosarito, en cuatro se lleva a cabo la toma de lectura a medidores e impresión de recibos; en el resto se promedian los consumos.

Sobre la fórmula para promediar los recibos, se suman los últimos seis consumos (del último semestre) y se dividen entre seis; el resultado es el promedio que se cobra en los casos que no se lee el medidor.

De enero a mayo, la CESPT  atendió 5 mil 590 fugas de agua potable y generó 9 mil 470 los folios, estos últimos son reportes de ciudadanos que pudieran duplicarse al ser sobre el mismo asunto.

Del total de cuentas del organismo, 623 mil 068 son de consumo doméstico (hogares), 35 mil 024 de comercio, 3 mil 119 industrial, y 2 mil 068 corresponden al gobierno. Julieta Aragón Domínguez

Raúl Martínez Velázquez, jefe del Departamento de Atención al Público

GOBIERNO PRESCINDE DE JUCIOS PARA COBRAR

Los empresarios consultados por ZETA se pronunciaron en contra de las derivaciones ilegales o diablitos de agua (tomas hacia predios industriales o comerciales, cuyos flujos no pasan por un medidor), al considerarlas un “franco robo de agua”.

Aunque dijeron apoyar al gobernador para que actúe con “todo el peso de la Ley” para combatir esos diablitos de agua, observaron que a la mayoría de las empresas -dictaminado por Fisamex– les reclaman adeudos de derechos de conexión de agua y drenaje que hicieron en administraciones anteriores o bien, el consumo de agua no contabilizada.

“Cuando construyes un edificio, unos locales, pagas por conectarte en función del diámetro de tu tubería de entrada por salida y de una opinión que haces con un perito, tú dices cuántos litros vas a tener”, se multiplica por un factor de Ley que hacen expertos y que valida la CESPT en su momento.

Reconocieron que la Comisión sí puede exigir el pago de algo que considere que no cobró correctamente, pero a su decir, primero debe interponer un juicio de lesividad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para demandar la nulidad del permiso otorgado a la empresa, y el gobierno tiene hasta cinco años para hacerlo.

“Ese tribunal te tendría que condenar y después la CESPT haría su procedimiento de cobro”, pero está “arbitrariamente invadiendo facultades” y en un “exceso absoluto” desestima lo hecho en las administraciones anteriores. “Ellos saben que los procedimientos tardan, este gobierno es un gobierno con demasiada prisa, pero esa prisa no justifica la arbitrariedad”, aseveraron los empresarios.

En cuanto al cobro de agua no contabilizada,  pidieron que se haga mediante un debido proceso.

Los artículos 63, 64, 65, 66, 67, 68, y 69 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California establecen: “Cuando al practicarse una inspección se advierta que un aparato medidor presenta algún daño o alteración”, el organismo procederá a retirarlo de considerarlo necesario.

Una vez retirado, se tomarán medidas necesarias para que el aparato se conserve en el mismo estado, y se depositará en los talleres del organismo para hacer pruebas relativas a su funcionamiento, las cuales se practicarán “con citación del usuario”, por el empleado y el perito que designe el titular del organismo mediante simple oficio, así como por el perito que en su caso elija el usuario.

De la misma manera, la Ley establece que se hará una relación de las pruebas y sus resultados, con la que peritos de la CESPT dictaminarán si el medidor funciona correctamente, o describirán el daño y si este fue hecho de manera intencional, imprudencial o por el desgaste natural. Eso se asentará en un acta que se agregará a un expediente tramitado con motivo de la inspección, previa notificación escrita debidamente fundamentada y motivada.

Procedimientos que no estaría haciendo la CESPT y por lo cual ningún usuario acusado de tener algún adeudo, ha recibido una notificación formal con la que se le finque un crédito fiscal que pudiera llevar al embargo de una empresa deudora.

A partir del Artículo 92 de la citada Ley, se establecen sanciones económicas para los usuarios que tengan derivaciones de tomas, causen daño a un aparato medidor, entre otras infracciones.

La Ley también indica que hay cinco maneras para hacer una estimación presuntiva, utilizando la que mejor se ajuste y que consisten en calcular la cantidad de agua y/o de agua residual recibida y/o descargada conforme el diámetro de la tubería utilizada para conectarse a la red; calcular el monto por el volumen que señale el contrato de servicios; o por métodos y medidas establecidas por el organismo, considerando la lectura más alta reportada dentro los últimos doce meses.

ADEUDOS NO INCLUYEN SANCIONES

Según el contrato AD-SERV-01-2020, signado entre Laborín Valdez y García Soto, el monto del contrato será de 20% del monto total recuperado de las cuentas dictaminadas y que sea efectivamente depositado en las cuentas de la CESPT, más Impuesto al Valor Agregado (IVA=. Algo así como 280 millones de pesos si se recuperaran los mil 300 millones de pesos estimados como recurso no cobrad, por las irregularidades, del cual, al cierre de esta edición, se habían recuperado 430 millones.

El objetivo social del contrato es la “fiscalización, regularización y administración de usuarios de organismos de agua”, y entre las obligaciones de Fisamex están “realizar suspensión de servicios de agua potable o alcantarillado sanitario cumpliendo con lo establecido” en la Ley, “debiendo informar y conminar a los usuarios morosos y/o posibles infractores a que acudan a regularizar su situación”.

El domicilio legal de la empresa es en la oficina 4 del tercer piso, del edificio (Condominio Hipódromo Premier) ubicado en Avenida Hipódromo número 19, Colonia Hipódromo de Agua Caliente en Tijuana. Lugar que no cuenta con ningún logotipo de Romafam o Fisamex, pese a que sí hay de otras empresas y profesionales que prestan sus servicios.

La conversación que ZETA tuvo con García Soto se efectuó en el pasillo que conduce desde la escalera al despacho, aun cuando minutos antes el ejecutivo recibió a un representante de un medio de comunicación en las oficinas de la empresa.

A continuación, se reproduce parte de la entrevista.

¿Se le presenta a los empresarios un dictamen de las irregularidades que encontraron?

“Por supuesto”.

¿O sea, un papel en el cual ellos puedan decir ‘esto es por esto y por esto’? ¿Es así?

“Nosotros le entregamos al organismo un dictamen con todo el soporte de lo que se está haciendo, y el organismo a su vez invita al usuario y al desarrollador y le explica la situación en que está incurriendo, o en la falla que se haya detectado de acuerdo con la falla que se esté dando. Si fueron derechos de conexión, si fueron de volumen no contabilizado, si hubo un problema con el medidor, porque también el desarrollador y el usuario tiene que manifestarle dentro del organismo dentro de los siguientes cinco días hábiles cuando ve que su medidor no es el correcto”.

¿El dictamen contempla las infracciones, por ejemplo cuando los medidores fueron dañados?

“No, no. No implica eso. El dictamen solo implica el agua no contabilizada al costo actual, o sea, si por ejemplo en 2015 o 2016 los volúmenes no se cuantificaron, no hay multas ni recargos”.

Pero la ley dice que a las personas que incurran en algunas modificaciones a los aparatos medidores, quienes violen los sellos deberán recibir ciertas sanciones…

“Si está demostrado, sí, pero si fue por omisión o por apatía, no. Si el medidor cumplió su vida útil y no

CESPT contrata a otra empresa para ir por morosos

 El 11 de mayo, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana suscribió el contrato AD-SERV-003-2020 con Estrategas de México Stratimex, SAPI de CV, de Luis Miguel Niño de Rivera Taracena, a fin de que la empresa asista a la paraestatal en la actualización de la base de datos de los usuarios de la Comisión, mejorar los procesos del sistema de ingresos mediante el uso de la aplicación Implementta, brindar asistencia para el registro de los deudores de los derechos de agua potable y drenaje sanitario ante el Buró de Crédito y ante el Círculo de Crédito,  asistencia “en la coadyuvancia para la atención personalizada a los usuarios” y la recuperación de adeudos (en este último punto, la compañía trabajaría en el análisis de cartera vencida, preparación de cartas invitación y notificaciones de adeudo)

Stratimex también proporcionará asistencia para coadyuvar en el seguimiento a medios o juicios administrativos de defensa que interpongan los contribuyentes.

Según el documento, la CESPT entregará mensualmente una base de datos a la empresa con las cuentas asignadas y la información actualizada de pagos y adeudos. Entre las obligaciones que tendrá la paraestatal, están “firmar de forma expedita los documentos extrajudiciales y legales”, así como las órdenes de visita para verificación de tomas de agua y drenaje, y brindar facilidades y apoyo para embargar a usuarios morosos (con excepción de cuentas vulnerables y de alto impacto social).

Cada mes, la CESPT pagará a Stratimex el 25% del importe recaudado por la recuperación de cuentas asignadas con adeudo de los derechos de agua potable y drenaje sanitario, “más los ingresos generados por la incorporación de nuevas cuentas en la base de datos y los ingresos generados por las diferentes detectadas en el uso, consumo y suministro de las tomas de agua y descargas del drenaje sanitario, más el respectivo IVA”, el cual tendría que ser del 16%, ya que la empresa tiene sede en Ciudad de México.

El documento señala que “… el importe total recaudado en el mes se determinará sumando todos y cada uno de los siguientes conceptos”: derechos y aprovechamientos por conexión a las redes de agua, drenaje u otros similares; actualización de derechos y aprovechamientos; recargos, multas y reconexión; aportaciones de mejoras a las redes, ingresos por rezago por conceptos anteriores; ingresos por incorporación de nuevas cuentas; infracciones y sanciones detectadas; y comisión sobre el crédito fiscal en casos de adjudicación y/o remate de predios.

Los pagos a Stratimex se harán a una cuenta Santander “a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación de pago”.

La vigencia del contrato (otorgado por adjudicación directa) inició a partir del 11 de mayo de 2020 y concluirá el 10 de mayo de 2021. Julieta Aragón Domínguez

registra los volúmenes que realmente debe registrar, en ese caso se hace la contabilidad del agua. Se contabiliza el agua que pudo haber sido aprovechada por el usuario y se determina el importe del mismo, porque los medidores no necesariamente es que hayan sido manipulados. En caso de que sean manipulados hay sanciones, pero si fue porque se venció la vida útil o por vandalismo, no tienes por qué aplicar las sanciones”.

¿Cuántas personas están  en campo?

“En Tijuana, Ensenada, Mexicali, entre 80 y 85 personas están trabajando. A diario están emitiendo revisiones”.

¿Ya se pagó por estas anomalías que se han ido cobrando?

“Soy el encargado prácticamente del área de operación. Las oficinas administrativas están en Hermosillo y yo me encargo del área de operación, de ver todo lo relacionado con los dictámenes y análisis para determinar. Hay un área administrativa que maneja las facturaciones, no tengo los montos hasta este momento, ni siquiera estaba enterado. Me entero cuando veo los informes del señor gobernador, los importes que…”.

Tengo entendido que el contrato que Usted suscribió con esta administración, data del 28 de febrero…

“No, o sea, el 28 de febrero se renovó el contrato, porque me bajaron las comisiones con el ofrecimiento de auditar todo el Estado, pero el contrato lo tengo desde hace dos años”.

¿De cuánto era la comisión que tenía?

“El 25% y lo bajaron a 20%. Viendo el área de oportunidad y como se había trabajado mucho en esto, pero tenemos una infraestructura, duramos dos años trabajando sin tener un solo peso de ingresos, con una infraestructura de 25 gentes, pero como estábamos trabajando en La Paz, en Nogales, en Obregón, eso nos ayudó a poder sostenernos y dijimos ‘bueno, vamos a esperar a ver qué sucede con el cambio de administración y decirles aquí hubo este gran daño patrimonial; si te interesa seguir, bueno, y si no, nos vamos’. O sea, no pasa nada, pero esa es la situación”.

¿Le han pedido algún moche en la actual administración o en la anterior?

“No. Nosotros no trabajamos bajo esas condiciones, no entiendo con quién… Nosotros somos muy éticos y profesionales, lo que sí es que, si alguien quiere de los empleados de nosotros algún acercamiento, no tenemos trato con nadie. Le digo que ni siquiera con los usuarios, o sea, cuando de repente se dictaminó esa empresa, no sabemos quién es, no tenemos trato con los usuarios”.

 

EMPRESARIO LIGADO A MÁS COMPAÑÍAS

En 2016, en calidad de administrador único de la empresa GC&M Dispositivos Economizadores de Agua, SA de CV (con domicilio en Calle Enrique García Sánchez número 30, Colonia Centro de Hermosillo, Sonora), García Soto suscribió el contrato Ahorro Agua/ Hospital Mexicali y Clínica Palmas/1997/2016 para vender e instalar de reductores de agua en el Hospital de Mexicali y en la Clínica Palma por un monto total de 62 mil 553 pesos.

Dicha empresa comparte el domicilio de Equipos Eficientes de México (Eefimex), según el portal Hoffrog, y se sabe que actualmente estaría por trasladar sus operaciones a Tijuana para la venta de reductores.

En 2018,  aún en la administración de Francisco Vega de Lamadrid, la CESPT signó contrato AD-SERV-030-2020 con Fisamex, con David Enrique Castañeda Ruiz como representante legal de la empresa dando su RFC personal.

En tanto, en el contrato AD-SER-01-2020 que el gobierno de Bonilla Valdez firmó en febrero pasado con García Soto, este funge como representante de Romafam, SA de CV, con nombre comercial Fisamex, registrada el 26 de octubre de 2018. Empresa de la que es socio mayoritario y cuyo contrato expirará el 31 de diciembre de 2020.

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