Tras las reacciones negativas sobre la
aprobación de la Ley de Educación en
Puebla, diputados locales han decidido
eliminar el Artículo 102 de la propuesta,
que determinaba que los bienes de las
escuelas privadas pasarían a ser parte
del Estado
Después de la controversia generada por la aprobación de la “Ley Barbosa” en Puebla, donde destaca que los bienes inmuebles de escuelas particulares pasarán a ser parte del sistema educativo del Estado, en Baja California la fracción de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) decidió eliminar ese apartado que también se inscribió en la iniciativa legislativa local para decretar la Ley General de Educación.
El 15 de mayo se aprobó la armonización de la Ley de Educación en Puebla con la federal, sin embargo, tuvo reacciones en contra por parte de diversos organismos y cámaras empresariales, por considerarla “indebida”, incluso fue llamada “Ley Barbosa” en honor al mandatario poblano Miguel Barbosa Huerta, al considerar que aspira a apropiarse de los planteles educativos privados y adoctrinar a alumnos, de acuerdo con Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República.
En entrevista con ZETA, la diputada Montserrat Caballero, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, comentó que el Artículo 102, el cual determinaba que las escuelas privadas pasarían a formar parte de los bienes del sector educativo del Estado, será removido de la propuesta, al no ser “intención de esta Legislatura, afectar a los particulares”.
Y explicó:
“El Artículo que causa un poco de preocupación es el 102, que considera que los bienes inmuebles pasan a propiedad de la Secretaría de Educación, entonces nosotros, definitivamente, vamos a sacar ese Artículo porque no es nuestra intención”.
El objetivo es proteger a las escuelas privadas porque ayudan a desahogar la cantidad de estudiantes que no pueden tener acceso a una escuela pública.
De igual manera, aclaró que no se obligará a las escuelas privadas a pintarse de color guinda, como es el distintivo del actual gobierno, o de ningún otro color que no sean los oficiales: verde, blanco y rojo.
Los días 1 y 2 de junio, Mexicali será sede de un foro de socialización de la Ley General de Educación entre diputados de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, académicos y representantes de escuelas privadas, con el fin de esclarecer cualquier duda entre la comunidad.
PIDIERON ANÁLISIS
Gustavo Fernández de León, miembro de la Asociación de Escuelas Particulares, expresó a ZETA que han estado al pendiente de la Ley y su análisis, pues detectaron algunos puntos que podrían malinterpretarse, como el caso del Artículo 102, a pesar de que saben, será removido.
“De entrada, cuando uno lee la Ley, no pareciera que hay esta amenaza a simple vista, porque ya hay muchas cosas que se vienen manejando, sin embargo, los abogados expertos han visto términos que se están utilizando, donde se corre un riesgo de entenderse como ‘propiedad de’. Afortunadamente las mesas de trabajo han funcionado, y esto se va a corregir”, recalcó.
Al enterarse que la propuesta estaba en Comisión, los organismos de escuelas particulares solicitaron a Luis Moreno, presidente del Congreso, detener la aprobación, analizar a fondo y establecer mesas de trabajo.
Asimismo, aunque son parte del sistema educativo, también los rigen otras leyes como la laboral o la mercantil, por lo que no es posible que el Estado tenga control total de las escuelas particulares, situación que se debe analizar más a detalle.
Por otro lado, mencionó que a pesar de que es necesaria una armonización de la Ley General de Educación, cada entidad federativa tiene el deber de adecuarla a sus necesidades, es decir, regionalizarla, por lo que impulsarán que se incluya el desarrollo de la ciencia y la tecnología como parte de esa necesidad.
PRESENTAN PROPUESTA
La diputada María Luisa Villalobos Ávila, representante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Baja California y presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presentó la iniciativa de decreto, para homologar la Ley General de Educación publicada el 30 de septiembre de 2019.
Esta iniciativa busca regular a las escuelas particulares de educación básica y media superior, donde el Estado será el encargado de supervisar sus operaciones, avalar a sus maestros, revisar sus instalaciones y vigilar, por lo menos una vez al año, que cumplan con todo los lineamientos que se soliciten.
El 1 de octubre entró en vigor la reforma a los artículos 3, 31 y 73, y por primera vez se destinó un apartado a la educación impartida por escuelas de educación básica particulares o privadas, ya que antes no estaban consideradas en la Ley General de Educación, vigente desde 1993, ni en alguna de sus reformas y/o decretos.
LOS CAMBIOS
Lo aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, y que se pretende decretar en Baja California, indica que las escuelas particulares deberán contar con autorización o validez oficial del Estado para poder operar, y una vez que se obtenga esa distinción, hacerla visible en cualquier publicidad o letrero en el que aparezca el nombre de la institución.
Para obtener esa validez, los solicitantes deberán contar con maestros avalados -también por el Estado- en cada una de sus materias, es decir, un maestro de Español, no podrá dar clases de Literatura, a menos que tenga la certificación para ello.
Por otro lado, el Estado tendrá la obligación de publicar en los diarios de mayor circulación, la lista de escuelas particulares que cuentan con su aval, y harán inspecciones por lo menos una vez al año, o bien, cuando los padres de familia lo soliciten de considerar que se comete alguna irregularidad.
Las autoridades educativas tendrán la facultad para sancionar a las escuelas privadas si estas aumentan tarifas sin justificación, suspenden clases o actividades fuera del calendario escolar, o si no utilizan los libros de texto autorizados por el Estado y/o la Federación.
Asimismo, las escuelas particulares no podrán retener documentos, condicionar la compra de uniformes a un proveedor o negar el acceso a la educación por falta de pago; y por Ley, deberán informar por escrito el costo de la colegiatura en cada ciclo escolar.
Las sanciones por no cumplir con estas disposiciones, irán desde las 100 UMA (Unidad de Medida y Actualización) al momento de cometer la infracción, hasta 15 mil, que al tipo de cambio al 26 de mayo de 2020, serían de 8 mil 600 pesos hasta un millón 303 mil pesos, duplicándose en caso de reincidencia.
De acuerdo con información de la Secretaría de Educación estatal, en BC hay mil 520 escuelas privadas: mil 074 corresponden a educación básica, 550 a prescolar, 332 primarias y 192 secundarias.
