El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Tijuana, Roberto Rosas Jiménez, acusó la empresa Fisamex de realizar cálculos “ilegales” de los supuestos adeudos de agua de las empresas al utilizar fórmulas y cuotas que no están establecidas en las leyes ni en los reglamentos.
Además, la empresa Fisamex no tiene competencia material formal para determinar adeudos. Es ilegal que la CESPT funde los supuestos adeudos en cálculos de la empresa”, señaló el líder empresarial.
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En conferencia de prensa virtual, destacó que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y el gobernador Jaime Bonilla Valdez actúan “ilegalmente” y violan el principio de confidencialidad en materia fiscal y presunción de inocencia, al publicar el nombre de empresarios y los supuestos adeudos de agua, sin que haya una investigación formal.
Además, la Comisión emite citatorios irregulares a los empresarios para informarles de los supuestos adeudos sin respetar el principio de la legalidad ni otorgarle al empresariado el derecho de impugnar tales determinaciones, ya que “corta los servicios de agua y drenaje sin que exista justificación alguna”, según denunció.
“Que quede claro, estamos en contra de la corrupción, con lo que no estamos de acuerdo es con el uso de procedimientos y protocolos al margen de la ley poniendo en peligro la operación de muchas empresas y en consecuencia más pérdida de empleos”.
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“Estamos de acuerdo y apoyamos al gobierno del estado en poner orden en nuestras instituciones, así como gestionar los adeudos de los morosos en el pago de sus obligaciones, pero de igual manera que la denuncia proceda con transparencia, legalidad y en apego al Estado de Derecho.
A pregunta expresa de ZETA sobre cuántos afiliados se encuentran en esta situación, Rosas Jiménez dijo: “realmente ahorita hay pocas empresas, de las que ha mencionado el gobernador son 3 o 4 de ellas, y sabemos que se están presentando recursos legales para determinar la ilegalidad de los cobros”.
Abundó que estas empresas ya pagaron lo que se les reclamaba, pero están interponiendo recursos legales porque consideran que fue excesivo el monto y no se les fundamentó de dónde salió esto.
Apuntó que Fisamex no está visitando a las empresas, ni revisando los medidores, es decir, los cálculos que está haciendo en su mayoría son “cálculos que se dan en un escritorio”, y se desconoce los “montos exagerados a cobrar”.
Mismos que deben ser cubiertos en 48 horas so pena de cancelar el agua y el drenaje para que las empresas dejen de trabajar. Si la empresa sigue trabajando envían a la Cofepris para que cancelen la licencia a las empresas.
Según Fisamex hay 466 empresas con adeudos por consumo de agua en Tijuana.
COPARMEX EN CONTRA DE INICIATIVAS ELECTORALES
A propósito de la iniciativa para que el próximo periodo de gobierno se recorte a 3 años, el presidente de Coparmex Federación Baja California, Armando León Ptacnik, dijo que a la iniciativa privada le sorprende actitudes de ese tipo por parte del Congreso de Baja California, “siendo que los mismos argumentos que utilizó el gobernador, que por supuesto está impulsando esta modificación referente a que los términos cortos no son suficientes para llevar a cabo un gobierno eficiente, ahora los están utilizando y no le encontramos sentido de disminuir el periodo, toda vez que con la reforma anterior quedó establecido que se empatan las elecciones para 2024”.
Como está actualmente es que las elecciones de gobernador se hagan fuera de las elecciones del presidente, lo que permite al ciudadano tomar una mejor decisión respecto a quién quiere que gobierne en su estado y no que sea arrastrado con la presencia de los presidentes de la república.
La Ley Bonilla nos dejó de como lección cómo se fue armando un entramado para llegar a un objetivo que se perseguía que era lograr los cinco años de gubernatura, es decir, que fueran sucesos.
“Hoy estamos viendo sucesos como la Ley Gandalla, la intención de reducir el dinero de los partidos políticos que afecta la competencia y ahora esto. No hemos identificado exactamente a dónde va, pero la experiencia nos dice que hay un objetivo muy particular persiguiendo con estas modificaciones que nada tiene que ver con el bienestar de la población”.
En ese sentido, Rosas Jiménez pidió a los Ayuntamientos votar en contra la reciente reforma a la Constitución con la que se pretende que regidores, presidentes municipales y diputados locales puedan reelegirse sin dejar su cargo, al considerar que esto representa una ventaja respecto a otros contendientes en las próximas elecciones.
