En los últimos años, la mayoría de los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) han vivido en “plan de contingencia”, por decirlo de una manera elegante, puesto que tenemos a uno de los órganos electorales más grises de la historia reciente.
No se comprometen con nada, no se meten en problemas, no buscan beneficios en materia electoral por encima de los mínimos esfuerzos.
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Sin embargo, eso no evita que tengan su corazoncito y aspiren a mejores ingresos y condiciones laborales, pese a que las leyes electorales no se los permitían.
Resulta que el martes 16 de junio, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California resolvió el recurso RI-20/2020, interpuesto por cinco consejeros electorales, entre ellos el recién finado Clemente Custodio Ramos, donde determinaba que los integrantes del Consejo tenían derecho a todas las prestaciones de Ley correspondientes.
Cabe recordar que, en marzo de este año, el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el diputado Juan Manuel Molina promovieron una reforma electoral para posponer el inicio del proceso electoral de septiembre a diciembre.
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El dictamen aprobado por la mayoría del Poder Legislativo, estableció -entre otros temas- que los consejeros no deben tener prestaciones de Ley, lo que causó inconformidad de los afectados, quienes ya habían hecho todos los ajustes presupuestales para servirse con la cuchara grande.
Con la reforma se notificó al IEEBC y, a través de diversos oficios, el secretario ejecutivo notificó a los consejeros electorales la nueva restricción.
Aquí viene lo mañoso: los consejeros del IEEBC interpusieron recursos ante la Sala Guadalajara y posteriormente el tema se turnó al Tribunal Superior, que a su vez lo envió al tribunal electoral local para su análisis.
Pero no impugnaron a los autores de la Ley -como lo es el Congreso-, sino los oficios que el secretario Ejecutivo del IEEBC, Raúl Guzmán, les presentó, por lo que el Legislativo nunca se enteró del movimiento legal que traían.
Los consejeros del Instituto se escabulleron de la vista de todos y utilizando a Guzmán, evitaron cualquier reflector a sus intenciones, por lo que cuando el recurso llegó a manos del magistrado Jaime Vargas, este diseñó un proyecto para beneficiar a los consejeros.
Luego de un análisis de Derechos Humanos y de reconocimiento de ciertas prestaciones por parte de la justicia federal, el martes pasado se les otorgó el derecho de aguinaldo, prima vacacional y otras prestaciones que se suman a sus jugosos sueldos que rondan los 70 mil pesos mensuales.
Sin embargo, las malas lenguas dentro del Consejo Electoral -ahora dirigido por Jorge Aranda Miranda- dicen que la intención es dejar el precedente para que consejeros y magistrados sean reconocidos como servidores públicos con todos los derechos laborales, entre estos un haber de retiro.
Ojalá así como planean recursos legales perversos para beneficiarse, trabajaran para promover la participación ciudadana, pues les recuerdo que el último proceso electoral estatal fue el más bajo de los últimos años porcentualmente hablando, con menos del 29% de los ciudadanos con capacidad de sufragar.
