Mesurado, tranquilo, analítico, persistente, ético, lector empedernido, enamorado de las palabras y amante de las exclusivas. Sin afanes protagónicos como editor general, Francisco Javier Ortiz Franco era la voz de la razón que daba rumbo a las pasiones del trabajo periodístico de ZETA al interior del Consejo Editorial.
El 14 de mayo de 2004, “Pancho” publicó el reportaje “Más de 70 mil dólares costaron las credenciales de sicarios del CAF”, la imagen que lo acompañó fue un cartel del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que exhibía las fotografías de 27 narcotraficantes al servicio del Cártel Arellano Félix (CAF), incluidos sus cabecillas de células, quienes socializaban impunemente entre la comunidad tijuanense. Todos compraron y recibieron credenciales para ostentarse como policías ministeriales en el Estado de Baja California.
Este hombre de familia con 48 años, una esposa, tres hijos y una hipoteca, fue cazado un mes después por cobardes homicidas. Aquel 22 de junio de 2004, Ortiz Franco cumplía ocho días con licencia médica, ese día salía de una serie de terapias de rehabilitación física que recibía por una parálisis facial. Lo acompañaban sus hijos de entonces 10 y 8 años, a quienes había recogido de la escuela primaria.
Los niños estaban en el asiento trasero del auto, el periodista abordó el lugar del conductor cuando un grupo de matones llegaron y se emparejaron a bordo de una camioneta Grand Cherokee Limited 2000 con placas fronterizas 679-NWG-8. El auto tenía vidrios polarizados y el sujeto armado bajó encapuchado. Francisco seguía estacionado cuando le dispararon en cinco ocasiones, acertaron cabeza, tórax y hombro. Perdió la vida sentado frente al volante, todo a 300 metros de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, menos de dos cuadras.
“Alguien de ZETA fue balaceado”, le dijo por teléfono el entonces procurador estatal, Antonio Martínez Luna, al codirector Jesús Blancornelas. Durante largos minutos hubo incertidumbre. “Es Ortiz Franco. Es Pancho”, le confirmó un poco más tarde el fotógrafo Ramón Blanco, y la redacción se llenó de incredulidad, impotencia y llanto.
El entonces gobernador Eugenio Elorduy Walther expresó: “Nos indigna y condenamos cualquier asesinato, pero más sobre todo tratándose de un periodista, la forma en que se hace es un reto a la autoridad y a la sociedad de Baja California”.
“Refrendo mi convicción de que la prensa libre y crítica es la mejor garantía para el fortalecimiento de nuestra democracia”, escribió el Presidente de México en turno, Vicente Fox Quesada, mientras José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la dependencia, anunció que apoyarían en las investigaciones. La carpeta finalmente fue atraída por la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas.
Ante la presión de organismos de derechos humanos y libertad de prensa nacionales e internacionales, los titulares de los poderes ejecutivos y las fiscalías se comprometieron a llevar la investigación hasta las últimas consecuencias, pero tres gobernadores y tres presidentes después, nada, las promesas se olvidaron.
En el seguimiento de las investigaciones surgieron nombres, las autoridades hablaron de la necesidad de interrogar como posibles facilitadores del crimen al policía ministerial José Encinas Filatoff y al licenciado David Valle, quienes proveían de información al editor. Pero no pasó.
Una hipótesis apuntaba al priista Jorge Hank Rhon, que en aquel momento era candidato a presidente municipal, mientras Ortiz trabajaba en la búsqueda de evidencia para reabrir el expediente por el homicidio del cofundador de ZETA, Héctor Félix Miranda, perpetrado por escoltas del dueño del hipódromo, pero jamás se agotó.
Otra línea de la averiguación se encauzó a integrantes específicos del CAF apoyados por un sicario del Cártel del Golfo: José Briceño “El Cholo”, desaparecido desde 2008; Eduardo Ronquillo Medina “El Niño”, baleado en octubre de 2005; y Heriberto Lazcano, ejecutado en octubre de 2012, todos alcanzados por la muerte, sin ser acusados del cobarde ataque a Francisco Ortiz Franco.
Arturo Villarreal Heredia, el único traficante señalado como presunto responsable que sobrevive, purga desde 2006 una pena en Estados Unidos de la que le restan 12 años de prisión. La fiscalía estadounidense lo mencionó como responsable del asesinato de Ortiz, pero evidentemente por tratarse de un crimen cometido en México, no se abundó, y la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas tampoco lo hizo, sin importar la presión ejercida por la Sociedad Interamericana de Prensa, apoyada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos que en 2010 exigieron avances de la investigación.
Hoy, que las esperanzas de justicia son escasas, tanto la familia como el equipo de trabajo de Ortiz Franco lo extrañan, los recuerdos reviven aquel golpe demoledor, la sensación de indefensión, el dolor, la angustia que no dejaba respirar, mientras el cerebro se negaba aceptar la impune realidad de la muerte de Pancho.
Sabían que no lo podían comprar ni callar, pero decidieron que sí era posible quitarle la vida sin ser castigados. Dieciséis años después de los hechos, la impunidad, corrupción e incompetencia de las autoridades siguen protegiendo a los criminales. Por eso ZETA vuelve a exigir a las fiscalías, a los gobiernos del Estado y Federal, una investigación que lleve a los asesinos materiales e intelectuales ante la justicia, y cumplan la palabra empeñada por sus instituciones aquel 2004.
