A los de Morena en Baja California les ha entrado una ansiedad, que quieren todo. Y como casi todos los caprichos del gobernador Jaime Bonilla Valdez se cumplen a través de un entramado de poder entre Gobierno del Estado y la Cámara de Diputados local, ahora sí que andan desatados.
De hecho solamente en dos ocasiones el Ejecutivo estatal no ha logrado lo que quería. En ambos casos fue un tema electoral. Primero intentó extender su mandato a cinco años en lugar de los dos para los cuales fue electo, y en segundo pretendió que la siguiente administración estatal fuese de solamente tres años.
No lo logró. En el primer caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la modificación a la Constitución local para ampliar el periodo de mandato a cinco años, había sido un “fraude a la Constitución”, y por ello la consideró una reforma inconstitucional. En el segundo caso, cuatro diputados de Morena inclinaron la balanza hacia la sensatez política y no fue aprobada la reforma para reducir el siguiente periodo de gobierno estatal a tres años, con el fin de empatar las elecciones en Baja California con la federal presidencial.
Fuera de esos dos temas, lo que Bonilla pide, le es concedido por el Poder Legislativo y los cinco ayuntamientos. ¿No quiere diputados de lista? Se eliminan los diputados de lista. ¿Quiere impuesto a la gasolina aunque este sea federal? Se aprueba el impuesto a la gasolina. ¿Quiere una Secretaría del Agua? Ahí está su Secretaría del Agua. ¿No le gusta el nombre de Secretaría de Planeación y Finanzas? Se cambia a Secretaría de Hacienda. ¿Tampoco le gusta el de la Función Pública? No es para menos, que se le ponga Secretaría de Honestidad. ¿Que no quiere abierta la Cervecería Insurgente? Entonces se cierra la productora artesanal. ¿Que alcaldes y diputados hagan campaña electoral para la reelección sin separarse del cargo? Hecho.
Gravámenes al hospedaje, cambios unilaterales en los parámetros para el cobro del agua, designación de notarías a compadres, amigos y políticos, la creación de “Bonillapromex” para entregar documentos a autos chocolate, son otros de los “logros” de los de Movimiento Regeneración Nacional en Baja California.
Ahora van por el Sistema Estatal Anticorrupción y por el Poder Judicial. Andan ansiosos por también controlar esas áreas. Llenar los comités y consejos de amigos y aliados a partir de designaciones. Desaparecer el Consejo de la Judicatura, para que sea el gobernador y no los consejeros, quienes designen a los magistrados, que se haga por la vía de la recomendación y no por exámenes y evaluaciones.
La ansiedad de los morenistas por controlar todos los poderes ahora que ya tienen el Legislativo y el Ejecutivo, alcanzará al Judicial, sobre el cual ya se preparan varias iniciativas para reformar a ese colegiado. Para mala fortuna del mundo judicial, el actual presidente, el licenciado Salvador Ortiz, no ha sabido defender bien la autonomía del Tribunal Superior de Justicia. Vaya, ni siquiera ha logrado que se le incremente el presupuesto para operar y no ha podido establecer una ordenada reapertura de los Juzgados tras su cierre el 20 de marzo.
Dividido además hacia el interior en el Tribunal Superior de Justicia de Baja California, pesan más las grillas grupales entre unos y otros que la unidad para defender al Poder Judicial de Morena.
Bueno, hasta el bonillista diputado Víctor Morán le quiere meter mano al Poder Judicial.
El 16 de junio envió una iniciativa para modificar el Artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece los requisitos para ser secretario general de Acuerdos, secretario de Estudio y Cuenta, y secretario auxiliar del Tribunal Superior de Justicia. Lo que quiere cambiar es la edad mínima para titular esas posiciones, que en la actualidad es de 30 años como mínimo, y aspiran a que sean 27 años, con el pretexto de que la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California ya se completa en ocho semestres y no en nueve, como sucedía antes. Eso le da al egresado el tiempo suficiente para adquirir la experiencia solicitada por el Tribunal Superior de Justicia a los 27 años.
Nada qué ver, dice, con que quiera promover a alguno de sus hijos, a los cuales Morán ha acomodado en los gobiernos municipales de Tijuana y en el estatal de Baja California, más por apellidos que por méritos.
En el escritorio de Amador Rodríguez Lozano, afirman, hay otras iniciativas para reformar el Poder Judicial de Baja California, pero dado lo cara que salió la frustrada “Ley Venganza”, que pretendía la reducción del próximo mandato, pues no solo “perdió” por lo menos momentáneamente a cuatro diputados de Morena que le votaron en contra, sino que tuvo que darle chamba a Luis Moreno, ex diputado “independiente” que presidía la Mesa Directiva cuando comenzó la discusión de la “Ley Venganza” y el subsecretario de Gobierno al finalizar la votación.
Eso aparte, claro, del desplome que tuvo el liderazgo político del ingeniero Bonilla, al no lograr su objetivo de reducir a tres años el periodo de quien le sucederá en el Gobierno del Estado de Baja California.
Ansiosos, pues, los de Movimiento Regeneración Nacional, porque “solo” son dos años de administración. Por ahora pretenden modificar las bases electivas del Poder Judicial para dejar magistrados designados y no evaluados en un concurso.
Este año corresponde la salida por retiro de tres magistrados: Víctor Vázquez, Marco Antonio Jiménez y María Esther Rentería. Los de Morena andan ansiosos por quedarse con esas posiciones.
