No bien había tomado posesión del cargo de subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario en el gobierno de Baja California, cuando Salvador Morales Riubí ya estaba haciendo cambios. Pero donde no ha dado en el clavo es en la penitenciaría de Tijuana. El jueves 30 de abril removió de la Dirección de dicha prisión al licenciado Víctor Zatarain Cedano, quien había colaborado con el gobernador Jaime Bonilla desde la campaña y a través de las Mesas de Seguridad. En su lugar ubicó a David Flores Valenzuela, incondicional de David Limón Grijalva en la administración de Francisco Vega de Lamadrid, en el que ambos se desempeñaron como subsecretarios del Sistema Estatal Penitenciario. Pero el martes 5 de mayo, Morales removió a Flores de la dirección del penal de Tijuana y colocó a Marco Antonio Carillo Maza, ex colaborador de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que encabezó Daniel de la Rosa Anaya y ex director de la Policía Municipal de Mexicali durante la administración de Francisco Pérez Tejada.
En menos de una semana, el ex delegado del IMSS lleva tres directores del penal de Tijuana, y la alerta de un motín ante los malos tratos que reciben los reos, los castigos (como rociar gas en los pasillos de celdas) y la indiferencia hacia familiares de los reos que por la contingencia sanitaria tienen dos meses sin ver a los suyos, uno de los focos de corrupción en el gobierno estatal radica precisamente en los penales. No solo entre reclusos empoderados y custodios, sino en la celebración de contratos para prestar servicios a la población carcelaria. Baste recordar que dos de los contratos que habían comprometido los funcionarios de Bonilla en el caso de los moches, estaban relacionados con las cárceles. Uno era para alimentar a los reos en todas las prisiones estatales, y el otro para proveer de productos domésticos las tienditas que se encuentran al interior de los penales en las que los encarcelados se abastecen. Respecto la preparación de alimentos, el propio gobernador se encargó de la selección de la compañía que “ganó” la licitación a sobre cerrado, donde por cierto, el punto más importante para el mandatario era disminuir el costo por platillo. Dicen que decidió hacerlo personalmente para evitar transas entre sus colaboradores, pero, o ya cambió de opinión, o le metieron un gol, porque la empresa que prestaba esos servicios y que fue retirada por múltiples sospechas de corrupción durante la administración de “Kiko” Vega, está de regreso y haciendo negocios con el gobierno de Bonilla.
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