De Trez en Trez
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Uno.- El acuerdo que se publicó apenas el lunes de esta semana en el Diario Oficial de la Federación, signado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que dispone de la Fuerza Armada permanente como complementarias de la Guardia Nacional y por el que les otorga facultades para realizar operativos, vigilar y detener a personas, aunque sea en “forma regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, confirma lo ya sabido: que las cosas en el combate a la delincuencia no van bien.
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Y esto puede deberse a la incapacidad de la actual administración para garantizar la seguridad de los gobernados, o a la falta de una estrategia bien definida y efectiva; tal vez se debe al gran poder que han exhibido los grupos delincuenciales y sus aliados, o a la ocupación por parte del narco de los espacios donde el Estado brilla por su ausencia. O peor, a una conjunción de todas las anteriores hipótesis y otras más.
En todo caso, el decreto que regresa (en realidad nunca se fueron) a la Fuerza Armada permanente a realizar labores de seguridad pública es un tácito reconocimiento de que el Estado no ha podido frenar a los pillos; antes, por el contrario, sus delictivas acciones van a la alza. Ni siquiera la pandemia de coronavirus puede opacar del todo a la información en torno a sus acciones ilegales. Los malos “se pasean como Delgadina: de la sala a la cocina”, a lo largo y ancho de sus territorios.
Es también una aceptación de que el “parto inducido” de la Guardia Nacional se realizó al “ahí se va” y por capricho presidencial; en el texto del acuerdo, se lee que esta actividad se realizará “…durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial…” y concluirá el 27 de marzo de 2024. ¿Así o más claro?
La Fuerza Armada permanente, esa que el candidato Andrés Manuel López Obrador prometió regresar a sus cuarteles. Estará de nuevo en las calles por un acuerdo del ahora Presidente; el mismo que dice una cosa y hace otra. Ya se va haciendo costumbre…
Doz.- Como si no hubiera cosas más importantes sobre las que legislar, los flamantes diputados locales de Baja California han aprobado el Dictamen 37, por el que regidores, presidentes municipales y diputados pueden participar en un proceso electoral para reelegirse -sin tener que dejar su cargo- y pedir licencia para llevar realizar 45 días de campaña.
Como quien dice, los diputados locales y los ahora funcionarios mencionados quieren “chiflar y comer pinole”.
¡Ah! Pero como Paquito, el de los versos de Salvador Díaz Mirón, prometen que no harán travesuras: no utilizar los recursos del presupuesto público; no utilizar durante la campaña ningún recurso material, personal, ni plataformas electrónicas de difusión; no utilizar los recursos de gestión social, de comisiones y estarán limitados a no asistir a eventos de entrega de obras. Si se encuentran en reelección, no podrán recibirán percepciones como dietas, sueldos o salarios.
De plano, la vergüenza parece ser algo que no conocen los legisladores locales. Apenas acabamos de librar una traicionera intentona de alargar el mandato del gobernador Jaime Bonilla, aprobada por la pasada legislatura local y ahora la actual aprueba el dictamen 37. Diría mi siempre sabia y nonagenaria abuela: “Quieren mamar y dar tope”. (sic)
…Y un cielo impasible despliega su curva.
Trez.- Seco, fulminante, efectivo y rotundo fue el golpe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asestó a las intenciones de Jaime Bonilla -y de sus lamebotas que lo apoyaron- para alargar su periodo de dos a cinco años.
Antes de la votación, que por unanimidad echó abajo la llamada “ley Bonilla”, se escuchó a los ministros de la SCJN expresar al respecto: “(…) Fraude a la Constitución, efecto corruptor, atropello al voto popular, una simulación para burlar la contienda electoral y avalar, de facto, una reelección; un artero retroceso democrático, atentado contra la democracia y la Constitución, abuso del poder jurídico”, entre otras.
Ahora, habrá elecciones en junio de 2021 y queda por ver los acomodos, la rebatinga y los efectos negativos que bien pueden causarle tremendo dolor de cabeza al partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador; también por observar el desempeño de funcionarios estatales, cuando saben que les queda poco tiempo y estamos atravesando por tiempos difíciles.
P.D.1.- ¿De verdad habrá regreso a clases el 1 de junio de 2020? A como se presenta la situación con la pandemia, ¿por qué no dar por concluido el actual ciclo escolar? La prioridad debe ser la protección de los alumnos y de los trabajadores de la educación. Aquí en BC, el SIGGA, que dirige el profesor y Licenciado Francisco Javier Gutiérrez Piceno, ya se apresta a tomar acciones al respecto.
P.D.2.- ¿Se ha percatado usted que en nuestro país tenemos autoridades sin autoridad? Analícelo y verá que es cierto.
Adendum.- My Friend! Nunca me había dado tanto gusto perder una apuesta. Deja que pase la escasez y cumplo.
Óscar Hernández Espinoza es egresado de la Facultad de Derecho por la UABC y es profesor de Cultura de la Legalidad y de Formación Cívica y Ética en Tijuana. Correo: profeohe@hotmail.com
