El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de Presidencia revocar “de forma inmediata” el “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, publicado el pasado 15 de mayo de 2020.
Ello, luego de afirmar que dicho documento emitido por la Secretaría de Energía viola “flagrantemente el marco constitucional y legal mexicano”, y constituye “un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones” en el país.
Esto causa graves consecuencias como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas y afectaciones para proyectos eléctricos de todas las tecnologías en al menos 18 estados del país, los cuales representan una inversión superior a los 30 millones de dólares, destacó en un comunicado este 17 de mayo.
Además, el CCE acusó que mediante el Acuerdo la Secretaría de Energía “usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia”.
“La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumento de expertos, autoridades, representantes diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional.
No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”, expuso.
En ese sentido, indicó, el sector privado -incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía- agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo del país”.
El viernes, 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual la dependencia a cargo de Rocío Nahle asumió el control del Sistema Eléctrico Nacional, frenando las inversiones privadas en el sector eléctrico ya que se suspenden las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes de energía generada por parques eólicos y fotovoltaicos.
El mismo día, la embajada de Canadá en México señaló en una misiva dirigida a Nahlé que el Acuerdo pone en riesgo la operación y continuidad de proyectos de energía eléctrica de empresas canadienses en el sector de energía renovable.
Mientras que la Unión Europea expuso que el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), emitido en días previos al Acuerdo de la Secretaría de Energía, pero en línea con este último, podría afectar la inversión privada y extranjera en el país.
“Lamentablemente ha habido un acontecimiento adicional en el sector que ha aumentado nuestras preocupaciones y que hace la necesidad de una reunión con representantes gubernamentales relevantes sea incluso más apremiante hoy que nunca”, indicó Jean Pierre Bou, encargado de Negocios de la Delegación de la UE.
Así ambas representaciones diplomáticas solicitaron una reunión para expresar “sus preocupaciones”.
Cabe señalar que el Cenace había suspendido las pruebas preoperativas de las centrales de energía eólica y solar, argumentando que éstas tienen intermitencias que afectan a la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, sin esclarecer el tiempo el que estarían suspendidas dichas pruebas.
