Contrario a cualquier discurso, la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda pretende “regalarle” la facultad del cobro de Impuesto Predial al Gobierno del Estado, a cambio de una comisión y algunos otros beneficios. De concretarse este convenio, el Ejecutivo estatal podría embargar bienes, por los cuales cobraría un porcentaje para cederlos al Municipio. En entrevista, el tesorero del Ayuntamiento, Víctor Amador Barragán, aseguró que solo se hará en las cuentas seleccionadas por el gobierno municipal y que con este convenio se podría acceder a participaciones federales. Sin embargo, los regidores Héctor Ibarra Calvo y Fernando Rosales, consideran que es un acto aberrante que cede parte del poder del cobro de Predial al Estado
Los gobiernos morenistas continúan aprovechando la pandemia. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Mexicali, dirigido por la presidenta municipal Marina del Pilar Ávila Olmeda, pretende mediante un convenio de colaboración a finalizar en diciembre de 2021, “cederle” facultades al Poder Ejecutivo en el manejo del cobro de Predial, el impuesto más importante de las arcas de todos los municipios del país.
El inesperado movimiento está avalado por el Poder Ejecutivo y desde la noche del miércoles 6 de mayo, por la mayoría morenista de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mexicali, a excepción de los regidores de oposición Héctor Ibarra Calvo, Diego Echeverría y Fernando Rosales, se perfila para ser aprobada en próximos días por el colegiado municipal.
El documento de 12 páginas y 23 apartados, que se trabaja desde hace más de dos semanas, pretende establecer un marco jurídico muy general, cuyo objetivo es que el Poder Ejecutivo ejerza “de manera coordinada con el municipio las funciones operativas de administración y recaudación de impuesto predial”.
Con este acuerdo, el Poder Ejecutivo se faculta para definir esquemas de cobro, vigilar que se cumplan con las obligaciones fiscales, realizar convenios con los morosos, notificar actos administrativos e incluso iniciar procedimientos de embargo, en caso de así considerarlo”.
La única restricción que establece el acuerdo está en su Artículo 3, asentando que las cuentas que cederá el Municipio al Estado, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Que estén firmes, esto es, cuando hayan transcurrido los términos legales para su impugnación, cuando exista desistimiento al medio de defensa que se trate, o cuando la resolución correspondiente ya no admita medio de defensa alguno.
- Cuando sean predios que el Ayuntamiento no haya iniciado el procedimiento administrativo de ejecución.
- Que no haya prescrito la acción de cobro por parte de la Auditoría Fiscal conforme a la normatividad aplicable.
Cuestionado sobre este apartado, el tesorero municipal aseguró que en este punto queda claro que quien proporcionará las cuentas a cobrar es el Municipio a su criterio. Sin embargo, el regidor Héctor Ibarra Calvo difiere totalmente, puesto que los lineamientos no son claros ni establece algún criterio discrecional, dejando abierta la posibilidad que el Ejecutivo estatal pueda aplicar el libre cobro de todos los inmuebles con estas características.
De hecho, en el Artículo 6, el convenio “obliga y compromete a entregar al Estado la relación de adeudos y predios que se ubican en la circunscripción de Mexicali”.
Para el regidor panista, esto es clave porque -contrario a lo que dice Víctor Amador- no da una discrecionalidad al Ayuntamiento, sino que le ofrece todos los adeudos sin distinción, salvo por los referidos en el Apartado 3.
A cambio de esto, el Poder Ejecutivo será acreedor a un 7% mensual de toda la recaudación que genere o cobros como tal, además del diferencial derivado de los recargos, multas, gastos de ejecución y comisiones bancarias obtenidas por el cobro del Impuesto Predial.
Marina del Pilar Ávila Olmeda
Además, cuando se realice una recuperación en especie -cuando el Estado concluya un procedimiento de embargo a través de un pago como tal-, el Ayuntamiento deberá recibirlo y pagarle un 7% del valor del inmueble recuperado.
Respecto a recargos, por establecer un ejemplo, en el caso de alguno que deba cinco años de Predial en el fraccionamiento Valle de Puebla, pagará alrededor de 11 mil pesos, de los cuales la penalidad por omisión de pago alcanza los 3 mil, es decir, casi una tercera parte del adeudo total. A esto deberá cargarse adicionalmente el 7% correspondiente.
Amador Barragán minimizó estas especificaciones, asegurando que el verdadero beneficio no es lo que logre recaudarse, sino que se podrán obtener algunos recursos extra del fondo de fomento municipal.
La justificación de este acuerdo -consta en el mismo documento- es que la Federación tiene una bolsa de 30% de excedentes para el fondo de aportaciones al fomento municipal, a la cual solo son acreedores los municipios que tienen un convenio con el Poder Ejecutivo de su respectivo Estado, el cual representaría, acorde con estimaciones del tesorero Víctor Daniel Amador Barragán, un aproximado a 5 millones de pesos más al mes, en caso de ser avalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Agregó que entidades federativas como Chihuahua, Campeche, Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México, entre otras, utilizan ese esquema. Sin embargo, Ibarra Calvo duda de tal posibilidad, ya que ese excedente es para municipios pobres con poca capacidad recaudatoria, debido a su falta de infraestructura.
En su Artículo 2A, la Ley de Coordinación Fiscal establece claramente que los excedentes del Fondo de Fomento Municipal serán entregados “siempre y cuando el gobierno de dicha entidad sea el responsable de la administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio”, lo cual se hace a través de un convenio de colaboración.
Según el regidor, si se transfiere solo un apoyo parcial o restringido, no se estaría cumpliendo con lo establecido en la Ley, por lo que podrían compartir facultades en el cobro de Predial y aun así no acceder al fondo federal.
A decir por Amador Barragán, no se ha definido qué predios serán facilitados al Estado para su cobro, puesto que están trabajando en un proceso de depuración, con el que pretenden definir los adeudos reales del gravamen, que rondarían entre 130 y 160 millones de pesos.
“NO TIENEN IDEA DE LO QUE ESTÁN APROBANDO”: ROSALES
El regidor Fernando Rosales fue más agresivo, pues a su juicio, no cuentan con estimaciones de cobro ni de beneficios de las aportaciones municipales que podrían obtener con el fondo, toda vez que les aseguraron, son fluctuantes.
Complementó que el excedente se da por los ingresos federales, y actualmente existe una reducción de los mismos sobre todo por el tema del petróleo, por lo que desconoce cómo pueden realizar un convenio de ese tipo sin tener certeza o aproximados de los beneficios.
De igual manera, el perredista criticó a sus compañeros de Cabildo que al parecer no estudian estas propuestas y prácticamente fungen como oficina de trámite, lo que resulta muy lamentable, sobre todo en temas que representan posibles afectaciones al erario municipal, el cual de por sí padece muchas carencias, pero también muchos compromisos financieros.
