“Es un precedente que estamos sentando para evitar que cualquier autoridad municipal, estatal o federal cambie el sentido del voto recibido y se perpetúe en el cargo con maniobras legales”, advirtió en su posicionamiento la magistrada Yasmín Esquivel Mossa.
“El concepto de reelección va más allá de ser reelegido, incluye la ampliación de un mandato dictado por un ente distinto al voto del pueblo”, detalló por su parte el magistrado Luis María Aguilar.
Ambos respecto al proyecto de sentencia elaborado por el ministro José Fernando Franco González-Salas, en el que se declaró inconstitucional el Artículo 8 del Decreto 112, fechado el 19 de octubre de 2019, con el que los diputados locales ampliaron el periodo de mandato del gobernador electo en Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.
Acción con la que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) empañó una gubernatura legítimamente ganada a fuerza de votos. La iniciativa del partido fue empujada por algunos cabildos, dos magistrados electorales locales y un puñado de legisladores panistas a quienes se les despertó un inesperado y extraño interés porque el ingeniero Bonilla permaneciera cinco en lugar de dos años en la administración estatal, comprometiendo la democracia bajacaliforniana, a la cual le tomó ocho largos meses ser reivindicada.
En la sentencia, Franco González dictaminó que se violentaron los artículos 14, 16, 35, 38, 39, 40, 41 y 116, y con ello los principios constitucionales de no retroactividad, no reelección, el derecho a votar y ser votado, y la soberanía popular. Sus diez compañeros ministros los respaldaron con el voto unánime en la sesión celebrada el 11 de mayo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para anular la “Ley Bonilla”.
“… hay una salvaguarda constitucional que no pudieron ni podrán eludir, que no es sino la de la justicia constitucional en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tribunal constitucional de México”, exaltó el magistrado presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Quien en su turno al habla, también exhibió el fraude cometido contra la Constitución en sentido técnico: “Alterar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo una elección, como aquí ocurrió, constituye un verdadero fraude post-electoral, pues aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que estos debían tener conforme a las reglas del juego previamente acordadas, lo que vulnera el núcleo del acuerdo con el electorado que representan las elecciones y trastoca la esencia misma del proceso democrático como forma de limitación del poder.
“En Baja California se llevó a cabo toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular, usando la Constitución para violar la Constitución; usando las herramientas de la democracia para minar la democracia y violando de manera tajante el principio democrático. Se trata de un fraude a la Constitución, de un efecto corruptor de rango constitucional”.
Lo respaldó la magistrada Yasmín Esquivel Mossa: “Los legisladores locales aprobaron ampliar el mandato, por más del doble del tiempo que la ciudadanía voto, lo que resulta abiertamente un fraude a la Ley”.
Uno a uno, los planteamientos de los representantes del máximo tribunal fueron contundentes al calificar las acciones de los diputados de las XXII y XXIII legislaturas. Especialmente mereció atención la consulta popular con la que pretendieron avalar la permanencia del gobierno bonillista casi por aclamación. “Estas violaciones tan graves no se pueden convalidar con encuestas, ni apelando a la emergencia sanitaria por la cual atravesamos”, agregó Arturo Zaldívar.
“Cuando un Congreso legisla ignorando el sentido de la voluntad popular, cuando los representantes traicionan a sus representado, nos encontramos frente a un atentado contra la democracia y contra nuestra constitución”, puntualizó Norma Lucía Piña Hernández.
“La expresión directa de la voluntad, la forma de democracia directa por autonomía, no puede ser afectada por la vía de la democracia representativa”, les recordó el magistrado Javier Lainez Potisek.
De las malas intenciones habló la magistrada Margarita Ríos Farjat; “Al reconocer que durante la campaña electoral hicieron énfasis en la duración de cinco años, queda en evidencia la falta de compromiso con la Constitución de Baja California y la Constitución Federal, refleja que en todo momento se tuvo la intención de modificar ilegalmente el marco normativo vigente”.
“Aceptar que es posible modificar el mandato de los representantes populares, con posterioridad a su elección, bajo el argumento de que el funcionario electo no ha asumido el cargo implica permitir que se invalide la voluntad de los ciudadanos depositada en las urnas”, opinó por su parte el magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Con palabras distintas, al final los magistrados Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Gelacio Pérez Dayán, coincidieron con la argumentación de sus compañeros.
En dicha sentencia los magistrados se esforzaron en recordar dos principios: uno, en México la reelección de los titulares del Poder Ejecutivo sigue estando prohibida, no importa que la quieran disfrazar; y dos, el poder radica en el pueblo, no en sus representantes electos.
El mensaje no pudo ser más claro para el gobernador Jaime Bonilla Valdez, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y el fiscal Guillermo Hernández, que formaron parte de su equipo legal: en la SCJN ya saben de su falta de compromiso con la Constitución.
Ahora, para saber del compromiso del ingeniero Bonilla con sus electores, es cuestión de esperar, pera saber su cumple con los 18 meses restantes para los que fue electo. O si al no tener los cinco años deseados, decide irse antes y ponderar otros intereses.
Con el periodo real, de dos años, también será preponderante que la sociedad organizada sea especialmente vigilante y puntillosa en el tema de corrupción, para que los moches se investiguen y no se repitan. Porque la falta de trasparencia justificada en la sana distancia y la reorientación de recursos obligados por la enfermedad COVID-19, son un caldo de cultivo que se puedan generar negocios ilícitos, particularmente donde hay funcionarios que no respetan la Constitución.
