El ex candidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática, Jaime Martínez Veloz, manifestó a nombre de esa fuerza política que el gobierno de Baja California no tiene argumentos jurídicos para defender la reforma referente a la ampliación de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez de dos a cinco años.
Martínez Veloz cuestionó que el secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, haya dicho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a declarar inconstitucional la denominada “Ley Bonilla” en vista de que el mandatario estatal está posicionado como uno de los diez mejores gobernadores en el país y ha sabido enfrentar “con rectitud” la corrupción en BC, además de que no hay recursos para organizar comicios en 2021.
En un video difundido en redes sociales, Rodríguez Lozano expresó que se estaba haciendo “demasiado escándalo” ante la presunción de que el ministro José Fernando Franco González Salas determinó que debe declararse inconstitucional la reforma aprobado por el Congreso de Baja California, relativo a la ampliación del periodo gubernamental y sobre el cual pesan Acciones de Inconstitucionalidad interpuestas por PAN, MC, PRD y PRI.
El secretario de gobierno asumió que tan sólo se trataba de una propuesta de Franco González Salas para que el pleno de la Corte la discutiera.
A propósito esgrimió que no procedería que el pleno avalara el planteamiento del ministro toda vez que, según manifestó, no hay recursos para celebrar comicios en 2021 ante la situación de emergencia por la que atraviesa el país por la propagación del coronavirus COVID-19.
A propósito de esas afirmaciones, Martínez Veloz asentó que carecen de argumentación política y tan sólo resultan de carácter político.
Aprovechó para decir que el gobierno de Bonilla no ha sabido atender la crisis sanitaria, con un primer cálculo de 140 personas contagiadas, cuando al día de hoy se tiene registro de mil 862 casos contagio y 276 defunciones; detalle al que se suman las acusaciones a la federación, externadas por el gobernante por supuestas imprecisiones en la difusión de datos del padecimiento en BC, así como su opinión de que el virus no era tan peligroso, postura que supuestamente obedeció a la intención de reabrir 100 empresas que habían cerrado por la situación de emergencia.
Martínez Veloz además criticó a Bonilla por el carpetazo al expediente sobre colaboradores suyos señalados de recibir dinero de empresarios a cambio de contratos de proveeduría con el estado. “No llamaron a declarar a nadie, hay denuncias que involucran a funcionarios que ya se fueron y otros que siguen”, reclamó el perredista.
“Es un argumento que cae por su propio peso, que vengan a decirnos que están luchando contra la corrupción”, agregó.
En el audiovisual difundido el día de ayer, lunes 4 de mayo, Rodríguez Lozano también refirió que Bonilla destaca por las leyes que ha impulsado. Ante ello Martínez Veloz deploró que entre esas normas figure reformas para que el fiscal general no fuera elegido por la ciudadanía, para incrementar el impuesto sobre nómina, para reducir tiempos de campaña “en detrimento de los candidatos independientes (a quienes les quedará menor margen para buscar apoyos ciudadanos)”.
El ex contendiente al gobierno de Baja California, estimó que en caso de que la reforma al artículo octavo transitorio (encaminado a que el gobierno que entrara en 2019 fuera de 2 años) se mantenga firme ante los recursos que obran en su contra, se generará un costo político grave para el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
Si los nuevos integrantes de la Corte (elegidos a propuesta del primer mandatario) emiten un voto de rechazo a la tentativa de declarar inconstitucional la “Ley Bonilla”, “esto significaría una ruptura del pacto federal, significaría que el presidente asumiera un costo político que no tiene que asumir”.
Martínez Veloz se pronunció al respecto en una conferencia virtual que también tuvo como motivo el 31 aniversario del Partido de la Revolución Democrática y en la que también participó el dirigente estatal partidista, Abraham Correa Acevedo, así como el diputado local Gerardo López Montes, entre otros perredistas.
Los integrantes del partido amarillo, finalmente, expusieron que tienen confianza de que la Corte “va a tener una resolución responsable” y que la propuesta del ministro Franco González Salas “va a ser avalada por unanimidad”.