El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guillermo Ruíz Hernández, anunció este viernes 15 de mayo que se descarta para ser candidato a la gubernatura en el 2021, y que continuará trabajando en el cargo que se le confirió hasta que finalicen los cinco años para los cuales fue designado.
“Sí, sí me descarto –de la gubernatura- yo estoy en este momento en mi trabajo, en una función que tiene que durar cinco años, entonces vamos a dedicarnos a esto”, indicó Ruiz Hernández, luego de reafirmar su compromiso de cuidar el patrimonio y seguridad de los bajacalifornianos. Destacó que no busca temas políticos, porque su actividad es tener la infraestructura que el estado necesita, así como la capacidad y recurso humano que hace falta, para dignificar lo que representa la Fiscalía.
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Lo anterior fue declarado después que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera su fallo declarando inconstitucional la Ley Bonilla, dejando el actual periodo de gobierno en dos años. Razón por la que Jaime Bonilla Valdez, actual gobernador de Baja California, invitó a los interesados en contender a que “levantaran la mano”.
Por otra parte, el Fiscal informó que el cateo realizado el 8 de mayo a la mansión del ex gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, se hizo porque están buscando archivos físicos y electrónicos, por lo que se aseguraron computadoras y documentación que se localizó en el sitio.
“Esos documentos ya están en manos de los peritos para que determinen que parte será integrada a la carpeta de investigación, el siguiente tema es que será citado al ex gobernador. Creo que el Fiscal Regional ya lo mandó citar, no ha comparecido, pero más adelante, la próxima semana, se dará un informe por parte del Fiscal Regional”, explicó Ruíz Hernández.
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Aclaró que la carpeta de investigación quedará detenida porque son necesarios unos informes que son parte de las instituciones financieras del país, pero dado que ni la Secretaría de Hacienda, ni la Secretaría de Función Nacional Bancaria están trabajando al cien por ciento por el tema de la pandemia, esperarán a tener dicha información pendiente, para verificar la información en cada una de las investigaciones que están haciendo en contra del ex gobernador panista.
Este operativo fue parte de la denuncia que existe contra el ex mandatario por el presunto desvío de mil 224 millones 562 mil 544 pesos en la contratación y pago de servicios a empresas en su mayoría aparentemente fantasmas, así como investigaciones que se le siguen a su esposa, Brenda Ruacho.
Una auditoría hecha por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de Baja California, reflejó que Oficialía Mayor no encontró el expediente de la contratación de servicios con las 91 empresas señaladas en la denuncia. Además, la Secretaría de Hacienda, no tiene evidencia de que en la administración de Kiko Vega se hayan recibido los servicios por los que se pagó.
89 de las 91 empresas señaladas en la denuncia, no fueron localizadas en el padrón de proveedores que administra Oficialía Mayor de Gobierno; mientras que, 60 de las empresas, la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, no encontró su registro en la Secretaría de Economía, por lo que se sospecha son inexistentes.
Además, hay 10 facturas expedidas a cinco proveedores por 28 millones 208 mil 800 pesos que aparecen como canceladas, y una factura por 250 mil pesos se presume falsa por no contar con varios elementos fiscales como son folio fiscal, sellos fiscales y código QR.
Asimismo, se informó que no se encontraron facturas de cinco proveedores a quienes se les pagó 4 millones de pesos; sumado a eso, se detectó que dichas empresas no cuentan con un RFC valido.
