A finales del mes de marzo, la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Baja California retiró el apoyo de seguridad que proporcionaba a los colectivos durante los operativos, por razón de la contingencia generada por el COVID-19. Desde entonces, los activistas han visto mermados los trabajos de investigación de la Fiscalía para encontrar a sus familiares no localizados.
Fernando Ortigoza Mugarte, presidente del Movimiento Estatal por los Desaparecidos en Baja California, reconoció que es vital no exponer a los familiares de personas no localizadas que se dedican a buscarlos por su cuenta en distintos puntos del estado, por lo que espera que sean las autoridades quienes continúen los trabajos de investigación.
“Ellos deben de seguir, el trabajo debe de seguir; a ellos les pagan los 365 días del año, pero nosotros estamos todo el año trabajando más. En las oficinas donde estaba Capea hay pura guardia; no tienen agentes, no tienen nada. No están haciendo investigaciones”, refirió Ortigoza Mugarte.
De las tres búsquedas programadas para el mes de marzo, una con la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), otra con la Fiscalía General de la República (FGR), y una más con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecida-, debido a la contingencia sanitaria solo hicieron esta última, a las afueras de Tecate, localizando seis cuerpos en descomposición y tres osamentas, informó.
Angélica Ramírez, de “una Nación Buscado T”, confirmó que detuvieron la seguridad que recibían al salir a hacer rastreos; también pararon las mesas de trabajo que venían haciendo con los fiscales de la FGE.
Con respecto a las oficinas de la Unidad de Investigaciones Especiales, antes conocido como Capea, señaló que redujeron los horarios de atención, lo cual ha dificultado a las víctimas tener más información sobre las investigaciones de búsqueda de sus familiares no localizados.
En este contexto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), exhortó a cada uno de los estados a no bajar la guardia y trabajar de “forma prioritaria” en el tema de búsqueda de personas desaparecidas, aun con la contingencia sanitaria por el COVID-19.
Con este exhorto, la CNDH propuso 16 tareas, que derivan en 31 acciones concretas para que cada estado fortalezca la cooperación de las instancias encargadas de la búsqueda de personas, dé atención a las víctimas, procure justicia y brinde seguridad pública.
