La titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública en Baja California (SHFP), Vicenta Espinoza Martínez, informó que la auditoria que realiza la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) va apenas al 60 por ciento, detectando un promedio de 400 empresas que adeudan cerca de mil 150 millones de pesos por el servicio de agua. Refirió que iniciarán acciones legales en contra de funcionarios y empresarios involucrados, pese a que liquiden su adeudo.
“Tenemos un tema muy importante, cinco años atrás no es lo que consumieron, hablamos de que algunos -empresarios- tienen 20 años robando: esa es la palabra, están robando, porque incluso muchos hicieron tomas clandestinas adicionales a las que se les entregaron. Entonces si hablamos de que tienen que pagar, nos vamos a regresar cinco años porque así lo marca el Código Fiscal; sin embargo, no podemos descartar que hubo un robo, así que se tiene que pagar, pero también se tiene que proceder legalmente”, resaltó Espinoza Martínez.
La auditoría que inició hace cinco meses, ha detectado alrededor de 400 empresas involucradas en adeudos en el servicio de agua y otras irregularidades, como la falta de pago en el derecho de conexión o aquellas que no cuentan con medidores o los tienen dañados, pero siguen recibiendo el servicio.
Destacó que estas irregularidades se dieron con apoyo de empleados de la Cespt, quienes permitieron que las empresas utilizaran el servicio de agua potable y drenaje sin los pagos correspondientes.
La titular de la SHFP, señaló que no solo es un contubernio por fraude, sino que hubo un robo de agua, por lo que se abrieron carpetas administrativas que darán vista al Ministerio Público; y de haber evidencia de delitos a seguir, levantará las denuncias en contra de ex funcionarios públicos de una o dos administraciones atrás, así como contra los empresarios beneficiados.
Al cuestionarle si los empresarios cercanos a Morena y que se incluyen en la lista de deudores, como es el caso de David Guakil, también estarán sujetos a acciones legales; indicó que se está pidiendo el pago con todos, sin hacer distinciones, y una vez que se liquiden, se analizará si hubo un delito para iniciar los procesos que correspondan.
La auditoría -que se hace en conjunto con la empresa Fisamex- podría finalizar en un mes y medio, en la que además de los adeudos han detectado denuncias en tomas comunales para beneficiar a comunidades nuevas, donde algunos “personajes” hacen tratos con empleados de CESPT para tener el control de la toma y hacer cobros que no llegan a la paraestatal.
