A través de una carta recibida en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California en Mexicali el lunes 25 de mayo, Francisco Fiorentini, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), solicitó a FGE dos informes, uno de la investigación de “los moches” en el gobierno de Jaime Bonilla, y otro, de la indagación por corrupción, en contra de la administración del ex gobernador Francisco Vega. “La sociedad tiene derecho a saber” argumentó.
La primera denuncia e investigación por corrupción, en contra de funcionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez, terminó congelada por la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el proceso, sin llevar ante un juez, la fiscalía a cargo del licenciado Guillermo Ruiz, prácticamente exculpó a dos de los presuntos implicados, porque decidió “el no ejercicio de la acción penal contra de la ex secretaria del Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes, y el ex Oficial Mayor, Jesús Núñez Camacho-, argumentando que no eran funcionarios cuando presuntamente se involucraron en los actos que les fueron imputados
Aunque García y Núñez, formaban parte y despachaban en las oficinas del equipo de transición, y sus nombramientos ya habían sido anunciados, cuando se solicitaron alrededor de 28 millones de pesos a empresarios locales, con la promesa de recibir a cambio contratos con el gobierno del estado, cuando los de Morena tomaran posesión.
La fiscalía hizo el anuncio el 15 de abril del 2020 y la última semana de ese mismo mes le declaró a ZETA que la mencionada carpeta se había “archivado temporalmente” que se reactivará, pero “tengan paciencia y eso se va a resolver”.
Pero este lunes 25 de mayo, el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Francisco Fiorentini Cañedo, se presentó ante las instalaciones de la FGE, ubicadas en Río Nuevo de Mexicali, para solicitar una copia certificada del expediente que el Ministerio Público “armó” en contra de los acusados.
A través de una misiva, el también representante de la iniciativa privada, consideró que la sociedad tiene derecho a saber el alcance de la primera investigación de corrupción de este gobierno, independientemente de la decisión a la que llegó la FGE de no ejercer acción penal en contra de los implicados.
Recordó que tanto la prensa como el mismo SEA, tuvieron la capacidad de documentar una serie de irregularidades en el caso conocido como “los moches”, donde presuntamente se entregaron entre 24 y 28 millones de pesos, en favor de los dos funcionarios arriba mencionados, a cambio de contratos diversos para empresarios mexicalenses.
Agregó que es un tema polémico, pero es muy necesario aclararlo, y no ha habido una respuesta clara por parte de la autoridad investigadora.
Fiorentini Cañedo recordó que semanas atrás, el Comité Coordinador del SEA intentó enviar exhortos a la Fiscalía General y a la Función Pública, para exigir un informe sobre el tema de los “moches”, además de otro a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que apoyara en la investigación.
Sin embargo, explicó que basados en acuerdo entre cuatro síndicos municipales -salvo la de Ensenada, la secretaría de la Función Pública Vicenta Espinoza, otros funcionarios de gobierno, y tres consejeros, entre ellos Ricardo Zurita, se evitó que el SEA pudiera emitir el pronunciamiento.
Esto fue considerado para Fiorentini Cañedo como una intervención del Estado para proteger los intereses de sus funcionarios y ex funcionarios implicados.
El Presidente del SEA, también solicitó un informe sobre la investigación en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por el multimillonario daño patrimonial que se le imputa. Y es que -según Fiorentini-, quisieran tener conocimiento de cómo va la indagatoria, y que no pase lo mismo que con el expediente de los “moches”.
