El 15 de octubre de 2019, dos semanas antes de tomar posesión, el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, acompañado de sus asesores jurídicos Amador Rodríguez Lozano y Guillermo Ruiz Hernández, ofreció una conferencia ante prensa nacional en un hotel de Paseo de la Reforma en Ciudad de México.
Ahí declaró que, aunque no estaba aferrado a ampliar su mandato de dos años, su plan de trabajo sí estaba pensado para 5 años porque había mucho que hacer por el Estado que los anteriores gobiernos panistas dejaron quebrado.
Seis meses después, el 11 de mayo de 2020, por unanimidad, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que Jaime Bonilla sería mandatario por dos años, deliberando que todas las maniobras realizadas después de iniciado el proceso electoral de 2019 para ampliar su mandato, fueron inconstitucionales.
En los recientes once días, el gobernador y su gabinete debieron dedicar parte de su tiempo a revisar el replanteamiento de las metas y tiempos de su Plan Estatal de Desarrollo (PEDBC) 2020-2024, que contiene “100 propuestas de gobierno para estar al 100”.
Además, debe reorganizar estos planes mientras cumple promesas que están generando reacciones encontradas, como la denuncia pública que hicieron el gobernador y la secretaria de la Función Pública por medio de un video emitido el 20 de mayo, en el que acusaron de corrupción a más de 400 empresas que presuntamente adeudan más de mil millones de pesos.
Los funcionarios hablaron de fraudes y robo de agua para responderle al cabildero de empresarios y ex funcionario kikista, José Aguirre Lomelí, quien en un texto publicado en San Diego Red y enviado a los medios de comunicación de Baja California, acusó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a Jaime Bonilla y a la empresa auditora Fisamex de extorsionar a grandes empresas radicadas en BC con cobros injustificados que van de 15 a s 60 millones de pesos, de los cuales la auditora recibirá el 20% sin hacer un trabajo puntilloso al medir los consumos.
Otra decisión polémica fue la creación de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, que centraliza decisiones, incrementa la burocracia e invade funciones federales de la Comisión Nacional del Agua, y deja en claro que no cumplirá con municipalizar el servicio de agua.
Creó también el Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California, iniciativa que no regulariza los autos chocolate, pero permitirá a su gobierno recaudar más de 400 millones de pesos.
En la víspera, el 4 de mayo Bonilla ofreció su sexto informe mensual y fue bastante optimista al asegurar: “Hemos cumplido 59 de los 100 compromisos; vamos a salir adelante”.
En ese reporte, el mandatario dedicó la mayor parte del tiempo a los esfuerzos hechos contra la pandemia que obviamente no están contemplados en el Plan de Desarrollo: resaltó el programa emergente alimentario y a la entrega de 2 millones de despensas, y cómo su gobierno ordenó el resguardo de 80 mil trabajadores la primera semana de abril. Lo que omitió fue que muchos de esos miles, fueron regresados a laborar la última semana de abril y la primera semana de mayo, por instrucciones del Gobierno de México y presiones del gobierno de Estados Unidos.
Respecto a los compromisos del PEDBC, enlistó la entrega de apoyos para vivienda a 350 familias de Lomas del Rubí, a 217 familias de la Colonia Sánchez Taboada en Tijuana y la colonia Morelos en Playas de Rosarito. También la inversión de más de 18 millones de pesos en la construcción de una red de agua potable en Colinas del Sol en Playas de Rosarito y la asignación de 53 millones de pesos para reparar tuberías en Valle de Mexicali y en San Felipe; la rehabilitación de los estadios “Ángel Camarena” y “Luis ‘Viejito’ García”; y la creación de la Academia INDE y Escuelas de Iniciación Deportiva para Baja California.
Ahora, en medio de la emergencia por la pandemia del virus SARS-CoV-2, en los días más críticos de la Fase 3 de Ascenso Rápido, Bonilla deberá analizar cuáles son las obras y proyectos palpables que podrá cumplir.
Situación difícil considerando que de la lista de 37 proyectos estratégicos incluidos en el PEDBC 2020-2024, solo nueve están contemplados para concluirse entre 2020 y 2022. Todavía peor: hay casos como el de tren interurbano y una planta desalinizadora en Playas de Rosarito que además de estar incluidas en el Plan Estatal, se encuentran en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI), y debido a la reorientación de recursos federales, su inicio fue pospuesto de 2020 para 2021, si bien va.
A favor del gobernador está que ya avanzaron con las propuestas relacionadas con la reestructuración del gobierno, como la creación de la Fiscalía General, la Guardia Estatal, la Comisión de Bienestar, el Instituto de Movilidad, etcétera. Y las ligadas a los programas asistenciales federales como las becas a jóvenes, adultos mayores y madres solteras.
Sin embargo, siguen pendientes la promesas de construir obras para aumentar la recolección en los mantos acuíferos y garantizar el agua para todos; invertir mil millones de dólares para cambiar el sistema de irrigación en el Valle de Mexicali; reactivar la pesca ribereña en San Felipe; dar atención estratégica al gran problema de adicciones, la diabetes, alta presión y obesidad. Lo mismo que Internet para Todos, el pleno acceso a la información, endurecer los castigos contra feminicidas y crear una ciudad de la tecnología, por mencionar algunas.
Con apenas 17 meses por delante, una crisis de salud y otra económica encima, el gobernador está obligado a optimizar los días y los pesos, forzado a resguardar ferozmente su promesa de honestidad, pero no solo acusando a sus predecesores o a los empresarios corruptos. Dado los moches, la corrupción evidenciada al inicio de su corta gestión y el pronto fin de la administración, Jaime Bonilla Valdez también debe ser buen juez y empezar por su casa, supervisar y combatir la voracidad de los desleales en su gobierno.
Dejarse de grillas, de futurismos y evitar las tentaciones del año electoral, porque simplemente no tiene tiempo. Cierto, los bajacalifornianos tienen claro que la fidelidad con sus cargos no es una característica del mandatario que inició su gestión como senador el 1 de septiembre de 2018 y cumplió solo tres meses, al pedir licencia el 6 de diciembre de ese año para desempeñarse como súper delegado de la Secretaría de Bienestar en Baja California. Posición que ostentó por cuatro meses, porque si bien su candidatura a gobernador se anunció el 1 de enero de 2019, la campaña arrancó el 31 de marzo. Luego, el 1 de noviembre rindió protesta como gobernador y ahora sale con que a lo mejor se va dentro de un año a la próxima campaña electoral de 2021.
Estar pensando y declarando que no sabe si va a terminar el período para el que fue electo, suena a berrinche. Justificar su salida para servir de apoyo a los candidatos, como si el hombre con más poder en el Estado fuera comparsa política, es un absurdo. Pero sobre todo es una deslealtad con esa mayoría que creyó en él y lo votó, creyendo que era la mejor opción para gobernar Baja California.
